El viernes, 120 familias fueron expulsadas del predio que ocuparon por cuatro años en Estación Juárez Celman. La NUEVA MAÑANA recorrió el barrio dos días antes del paso de las topadoras.
Córdoba 04/06/2018
Consuelo Cabral
Todo desalojo es brutal. La Policía y la Guardia de Infantería avanzando contra familias que no tienen nada es una imagen tan demoledora como el paso de las topadoras o el fuego consumiendo las casas y llevándose el sueño de un pedazo de tierra donde vivir. Nadie niega la legalidad de una orden judicial, sin embargo lo que ocurrió el viernes 1 de junio en barrio Parque Esperanza, en la localidad cordobesa Estación Juárez Celman, fue distinto. El primer punto es que el operativo se montó en las sombras ya que ni las familias ni el abogado que las representa fueron notificados en tiempo y forma, como establece la ley.
Por el contrario, tras la postergada orden número 14 de desalojo, la 15, ó “14 bis” -como la bautizaron los vecinos- llegó sin aviso previo. Esto fue denunciado por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, por legisladores de distintos bloques políticos, por organizaciones sociales e incluso por una diputada nacional. También denunciaron la ausencia de la Senaf (Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia) en el lugar, mientras que desde el Gobierno de la Provincia se aseguró que estaba presente.
Otro punto distintivo de este desalojo, que generó una ola espontánea de solidaridad desde distintos sectores de la sociedad, es que la toma de Parque Esperanza podría ser definida como ‘una toma matriarcal’, ya que la mayoría de las personas que allí vivían eran mujeres, niños y niñas. La imagen de Vanesa Villegas con su hija en brazos, trepada al techo de una de las casas, recorrió todos los medios de Córdoba. Al mismo tiempo, la intendenta de Juárez Celman, Myriam Prunotto, aseguraba que del total de casas apenas unas tres estaban habitadas. “Los que conocen el movimiento, vecinos de la zona, confirman que esas familias que reclaman no viven en el predio”, dijo a radio Universidad a la vez que agregó: “Hay gente que tiene como oficio hacer ocupaciones” y “la mitad son originarios de países limítrofes”.
El viernes 1 de junio de 2018, tras una nueva orden del juez Guerrero Marín, 120 familias fueron expulsadas del predio que ocuparon durante cuatro años en Estación Juárez Celman. Policía e Infantería detuvieron a 13 personas. Organismos de DDHH, organizaciones sociales y partidos políticos, manifestaron su repudio.
Es cierto que del total de familias que comenzaron ocupando el predio, muchas aceptaron los 42 mil pesos que el Gobierno de Córdoba les ofreció, pero otras tantas permanecieron en el lugar, así como otras tantas más que llegaron, incluso, hace pocos meses. Como fue el caso de María, que sin poder pagar más un alquiler en barrio Zumarán, llegó con el sueño de abrir un kiosko y así lo hizo. O como Patricia, que vivía en Yofre Norte y que se mudó con su esposo y su hijo adolescente al predio de 11 hectáreas de la empresa Urbanor S.A. Otro rasgo que define a esta toma como “matriarcal” es que la forma de organización, a través de la Cooperativa 12 de Junio, establecía que ante cualquier episodio de violencia de género, quien tenía derecho a permanecer en la casa era la mujer.
Dos días antes de que fuera ejecutada la orden de desalojo, LA NUEVA MAÑANA recorrió el barrio. Ese día, el miércoles 29 de mayo, los vecinos se encontraban en estado de alerta a la vez que organizaban el festejo por los cuatro años del barrio, que se cumplirían este jueves 7 de junio y que iban a celebrar el sábado 9.
Tras el desalojo las familias y referentes sociales intentaron acampar en los alrededores. A pesar de que desde la Provincia aseguraron que en su totalidad habían sido reubicadas en casas de familiares, muchas mujeres, hombres y niños seguían en las inmediaciones a pesar del frío. Y si bien la Justicia y la Provincia consideraron que estas personas actuaron ilegalmente al ocupar una propiedad privada, no tuvieron en cuenta la ilegalidad de vulnerar derechos básicos, como el acceso a una vivienda digna, establecido en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O al menos, apelando al sentido común más básico, la necesidad de brindar amparo, abrigo y alimento a quienes, “ocupadores” o no, quedan de un segundo para el otro y en pleno invierno en la calle.
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