Con el acompañamiento de Cambiemos, UPC sancionó la ley de Concursos Públicos

Con los votos de Unión por Córdoba y de Cambiemos, la legislatura convirtió en ley el proyecto enviado por el gobernador Juan Schiaretti estableciendo la obligatoriedad del concurso público para el ingreso como agente del Estado en cualquiera de las áreas de la administración provincial,  en momentos de conflicto con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec)  y el gremio de Luz y Fuerza por la decisión del ejecutivo de rediscutir el Convenio Colectivo de Trabajo.

El miembro informante por el oficialismo, el legislador Marco Fariña aseguró que “revalorizará el rol del empleado público frente a la sociedad” y recordó que “ que este mecanismo ya existe en distintos estamentos del estado por eso “el proceso de concursos debe respetar la meritocracia” y destacó la inclusión de establecerlos como “abiertos” como sugerencia del interbloque Cambiemos.

Por su parte el legislador Eduardo Salas señaló que el proyecto era “ilegal” porque se inmiscuye en los Convenios Colectivos de Trabajo “nadie puede por ley cambiar ese convenio colectivo, porque se aplica un principio de imposición de una parte sobre la otra y un método de revisión de los convenios colectivos de trabajo por ley, nunca vi en esta legislatura hacer esto, es ilegal e inconstitucional”.

“Se trata de una impostura y una apretada, este proyecto debería llamarse ley EPEC o luz y fuerza”, agregó el presidente del bloque Frente de Izquierda y los trabajadores para argumentar el rechazo al proyecto del oficialismo. Además sus pares de bancada resaltaron el avance del gobierno sobre las condiciones laborales de los distintos gremios de Córdoba adelantando que lo mismo sucederá con el sindicato de la bancaria.

A su turno, Juan Pablo Quinteros del bloque del Frente Cívico destacó la inclusión de los concursos abiertos, además de públicos como señalaba el proyecto original, modificación que hizo que los aliancistas apoyaran en general el proyecto del gobernador, pero insistió con el proyecto que el interbloque de Cambiemos proponiendo un censo de empleados públicos provinciales y el congelamiento de la planta de agentes públicos provinciales.

Orlando Arduh, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) hizo uso de la palabra para adelantar el acompañamiento en general e insistir con el articulado del despacho en minoría que el interbloque presentó durante el tratamiento en comisiones de los proyectos que determinan la realización de los concursos públicos para el ingreso como agentes del estado.

El interbloque Cambiemos había puesto en consideración un despacho en minoría para regular los concursos públicos para el ingreso como agentes del gobierno en cualquiera de sus estamentos u organismos dependientes estipulando, a diferencia del proyecto enviado por el gobernador Juan Schiaretti, la suspensión del ingreso de personal a la administración pública, la realización de un “Censo de Empleados Públicos Provinciales” y concursos públicos y abiertos.

El parlamentario Franco Sailén, en representación del bloque kirchnerista aseguró que se trata de una ley anticonstitucional y advirtió de una avanzada del gobierno de Mauricio Macri y del gobernador Juan Schiaretti sobre los sindicatos por la revisión y modificación de los contratos colectivos de trabajo al expresar el rechazo de su bancada a la iniciativa del gobierno. En igual sentido, su compañera de bancada Carmen Nebreda señaló que "la provincia no puede modificar las condiciones de trabajo porque las provincias cedieron esa potestad a la nación, ni la dictadura militar pudo modificarlos"

En tanto, la legisladora Liliana Montero dijo "es una vergüenza que nos quieren hacer creer que después de dieciocho años ahora quieren que los ingresos se realicen por concursos, en realidad esta ley tiene dos destinatarios, no solo a los empleados de EPEC sino que es un tributo al presidente Mauricio Macri por los acuerdos que se han alcanzado"

Con la iniciativa de UPC que se sancionó, se modifican las condiciones de ingreso en toda la esfera estatal en general y en la EPEC en particular, donde actualmente se rige por una bolsa de trabajo desde donde con acuerdo del sindicato se realizan las designaciones a la empresa de energía, siendo este uno de los puntos que el gobierno quiere modificar dentro de la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo para reducir el gasto de la empresa estatal en 1.100 millones  de pesos.

En este sentido, el legislador Salas y la legisladora Laura Vilches realizaron una defensa del mecanismo de la bolsa de trabajo a través de la cual hoy ingresan a la EPEC con el argumento que los trabajadores son los que controlan los ingresos a la empresa y esto no quiere decir que no se haga por idoneidad.

Al cierre del debate, el presidente del bloque de Unión por Córdoba, Carlos Gutierrez señaló que la decisión del bloque de UPC nadie puede discutir porque se trata "de pasos graduales hacia adelante que se han dado en la materia, entrar por concursos, ahora resulta que cuando damos ese paso resulta que plantean si pero no o plantea ni, la verdad no creemos, porque hay que tener un mínimo de autoridad moral, porque le recuerdo (a Quinteros) que cuando su jefe político realizó los concursos en la municipalidad los hizo cerrados y no abiertos".

"Que es lo que está pasando porque a algunos legisladores le vamos a tener que dar una brújula, a lo mejor el otro legislador (por Adolfo Somoza, ex funcionario del gobierno de Ramón B. Mestre) que tuvo responsabilidades en el gobierno de Mestre podrían haber hecho el censo, porque es una decisión del ejecutivo, puede ser una idea, una propuesta pero la decisión si se hace un censo o no es del ejecutivo, cuando ustedes gobiernen lo pueden hacer" fustigó Gutierrez.

Para justificar el recorte en la empresa estatal de energía, voceros del Centro Cívico aseguraron que esta cifra alcanzaría para pagar un mes de la compra de energía a Cammesa mientras que desde la oposición denunciaron que el monto equivale a la cuota mensual que el gobierno de la provincia de Córdoba abona por la construcción de la Central de Pilar del Bicentenario realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Concretamente lo que el gobierno busca ajustar es el costo que le ocasionan a la provincia los cuatro puntos del convenio colectivo de trabajo, la electricidad gratuita para los empleados, las vacaciones extendidas, el pago durante más de un año de las enfermedades inculpables y los aportes al fondo compensador sindical que sumados requieren de un gasto de 660 millones de pesos. Los restantes 400 millones se ajustarían a través de la reducción de las horas extras, suplencias, viáticos y otros ítems.

El artículo uno de  la norma enviada por el gobernador  establece “que el ingreso de personal para la prestación de servicios en carácter permanente, sea en el Sector Público Provincial en los términos del artículo 5° de la Ley N° 9086, sea en el sector público financiero, como así también en todo organismo dependiente o controlado por el Estado provincial, bajo cualquier modalidad y cualquiera sea el régimen legal que regule la relación jurídica laboral con sus dependientes, se efectuará por concurso público abierto".

Con este principio el artículo segundo del proyecto de ley determina que "en aquellos organismos cuyas relaciones laborales se encuentren regidas por leyes, estatutos o convenciones colectivas de trabajo que prevean una modalidad distinta de la establecida en la presente ley, deberán adecuar y/o adaptar dicho régimen para hacer efectivo el ingreso por concurso público".  El gobernador Juan Schiaretti junto a parte de su gabinete firmó el lunes de la semana pasada el proyecto y lo giró a la Legislatura.

Tanto la iniciativa del gobernador como la del interbloque Cambiemos se enmarcan en el denominado Consenso Fiscal que el Schiaretti firmó junto a todos los gobernadores del país (a excepción de San Luis) en noviembre del año pasado por el cual se comprometieron entre otras cosas, en su primer punto, a adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno lo que sucedió en la sesión de la Unicameral de la semana pasada a través de la sanción de la ley 10.538.

Por esta legislación, la provincia se encuentra obligada a cumplir, entre otras cosas, a no incrementar la relación de cargos ocupados en el  sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el Indec para cada jurisdicción, situación que será evaluada por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Para poder incrementar la planta de personal, las jurisdicciones podrán incorporarlo cuando hayan alcanzado un resultado financiero (base devengado) superavitario o equilibrado, asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales, como educación, salud y seguridad.