El prejuicio se impuso ante la necesidad de salvar la vida de la niña y hoy lloramos una situación que pudo terminar de una manera muy distinta.
Córdoba 22/01/2018
Ignacio Martín
Mayra Sidra era una joven que tenía apenas 14 años cuando conoció a Cristian Sosa de 21, en la casa de una amiga en común. Un par de llamadas y visitas de cortesía bastaron para unirlos hasta el día de hoy, a pesar de los vaivenes económicos que los llevaron, en un momento, a vender droga. A esa incertidumbre se sumó la falta de contención y marginación social que motivó a que también la consumieran. Como si hubieran sido arrastrados por una ola que termina ahogando a todos en el mismo mar, para luego intentar “rescatarse” solo motivados por la mirada sincera de un hijo.
Cristian trabajaba en un lavadero de autos cuando su novia le comentó la noticia. “Estoy embarazada”, dijo Mayra hace 17 años cuando se enteró que Luna, la mayor de seis hermanos (Elías, Valentina, Nadia, Cristian y Abril) estaba en camino. A partir de ese instante, la nueva familia se trasladó a la sencilla casa de calle República, ubicada casi en la esquina con Tissera, que habitaron los abuelos y los padres de Mayra. La misma donde Abril jugaba en esa fatídica noche del sábado 13 de enero, al lado del enorme y brotado paraíso, sobre las baldosas rotas por el tiempo, entre un televisor estropeado y una humilde gruta custodiada por la Virgen de Lourdes. Frente a las improvisadas telas y plásticos que hacen las veces de ventanas, “la casa de los narcos”, como irónicamente la autodenominan ellos, sirve de refugio ahora a 10 personas y cada tanto, como pasa en casi todos los barrios periféricos de Córdoba, acoge también a los muchos vecinos que se acercan día a día entre el correteo de los más chicos.
Uno de esos vecinos era Daniel Ludueña, un sujeto de 35 años que vivía en una pensión a la vuelta de esa casa con baldosas rotas, en barrio General Bustos, donde “todos se conocen con todos” y “el que dice tener el culo limpio miente”. Esa noche de llovizna y calor, cerca de las 23, el principal acusado habría atacado a Abril luego de acompañarla al kiosco a comprar caramelos. “Mi hija no se habría ido nunca con un desconocido. Es lo primero que le dijimos a la fiscal: la persona que se llevó a Abril era alguien que vivía cerca. Desde el primer día señalamos al culpable”, asegura Mayra con la voz cansada por el trajín de la peor semana de su vida. A partir de ese momento, la fiscal Claudia Palacios y la Policía de Córdoba se centraron en dos hipótesis: “ajuste de cuentas narco” y “desatención por parte de los padres”.
Aquí es donde la trama se complica, si es que se puede complicar aún más. Mientras Abril seguía desaparecida, la fiscal reforzaba la idea de que un pasado ligado al narcomenudeo era la principal causal. A eso se sumó la crítica sobre la necesidad de “cuidar mejor a nuestros hijos”, como lo afirmó frente a todos los micrófonos presentes el lunes posterior a la desaparición de la niña. Al difundirse la búsqueda por los medios y las redes sociales los allanamientos comenzaron en toda la cuadra mientras Mayra - embarazada de dos meses - y Cristian eran encerrados y golpeados - según denunciaron - para que admitan su total responsabilidad en el hecho. “Me pegaron con la mano, donde ellos saben que no quedan marcas”, contaba el padre de Abril mientras se le fruncía el entrecejo y su mujer transformaba su cara de cansancio en cara de desprecio: “Acá vino la Policía a correr a los chicos con el patrullero porque jugaban a la pelota".
"¿Qué prefieren? ¿Que estén jugando a la pelota en la calle o que estén robando?”, afirma Mayra. “Mirá, hay un rati al lado de tu auto. Guarda que si te descuidás, ellos te chorean”, ironiza también Marcos, un vecino que señala a uno de los niños del lugar herido por un balazo de goma. Durante una de las protestas, en Yadarola y Juan B. Justo, personal policial intentó quitar de la calle algunas de las gomas incendiadas. Los vecinos reaccionaron a piedrazos. “No te olvidés de decir que a mi hija no la encontró la cana, la encontraron los perros”, enfatiza la madre de Abril.
La bronca de la pareja está dirigida hacia la fiscal del Distrito 3, Turno 4, por sus declaraciones a la prensa del pasado lunes: “Los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos y no dejarlos en la calle hasta las 12 de la noche, sea una nena, sea un nene (…) manejamos como hipótesis un ajuste de cuentas por parte de vecinos ligados al narcotráfico”, aseveró la mujer ante las cámaras, mientras una custodia policial frente a la pensión del ahora principal sospechoso enervaba a todo el barrio. “Acá la prioridad era Abril (…) hicieron allanamientos buscando drogas, buscando cualquier cosa menos a mi hija. Él (lo dice por Daniel Ludueña) les hizo comer el sapo de que teníamos la culpa por vender drogas. Salieron a buscar a los narcos. ¡Mirá la casa de los narcos! ¡Mirá cómo viven todos los narcos! Me hubiera gustado tanto velar a mi hija a cajón abierto…”, manifiesta la madre de Abril. “Te aseguro que si esto hubiera pasado en un barrio de clase alta, me habría podido despedir de mi hija. Mi familia no habría sido tan maltratada. Mis hijos no se drogan. Esa mujer discriminó al barrio entero. Mi hija no murió por mi culpa”, asevera Mayra.
Como si no fuera poco el dolor de no encontrar a Abril, Cristian comenta con rabia que Ludueña fue uno de los primeros en acercarse a la familia. Les brindó su apoyo, antes de que la División Canes encontrara el rastro de la menor en su pensión y él mismo “se quebrara”, admitiendo la culpabilidad en los hechos. “El tipo era conocido, lo veíamos siempre y hasta trabajé con él. Siempre que le sobraba un vuelto le regalaba caramelos a los chicos”, sostiene el padre de Abril. Ludueña fue señalado casi a primera hora por la familia, incluso antes de que, horas más tarde, conocieran su prontuario. La niña fue encontrada envuelta en mantas y dentro de un bolso en un baldío de calle Anacreonte, cerca del Hospital Infantil de Alta Córdoba. Al cierre de esta edición, el avanzado estado de descomposición del cuerpo de la pequeña no permite determinar fehacientemente el principal causal de su muerte y si sufrió de abuso.
Cae el sol bajo la sombra del paraíso, cuando llegan vecinos alertados por la primera marcha con velas pidiendo por justicia. “Si fuéramos tan malos padres, no nos habría acompañado todo el barrio”, afirma Cristian al ver los carteles blancos y rosas de papel afiche que se agolpan frente a las cámaras de televisión, mientras una a una se encienden las velas rogando para que algo así nunca vuelva a pasar. “Todo el barrio” asistió al velorio a cajón cerrado de esa nena de cuatro años que jugaba entre baldosas rotas, al lado del paraíso brotado y frente a las ventanas improvisadas. “Todo el barrio” marchó el viernes anhelando que algún día sea también el Estado el que acompañe. Exigiendo que “toda la sociedad” entienda algún día el dolor de una familia diezmada.
Por: Lic. Liliana Montero-Legisladora Provincial
Todos los organismos internacionales refieren que las niñas sufren más violencia sexual que los niños, mientras que los niños están más expuestos a sufrir violencia que involucra el uso de distintas armas. La vulnerabilidad está profundamente enlazada a las relaciones de poder, que en el caso de las niñas se agrava por su condición de género.
Las estadísticas dicen claramente que en el caso del abuso sexual, el abusador era conocido de la niña, es decir que es parte de su familia, de los vínculos de amistad de ésta o pertenece a la comunidad en donde crece, vive y se desarrolla.
Es en este contexto que el impacto de un hecho de abuso sexual seguido del asesinato que tiene como víctima a una niña y como victimario a un vecino, va a generar sin lugar a dudas, consecuencias sociales, de salud y de comportamiento que se manifestarán tanto individual como colectivamente. Desde lo individual podrán aparecer estrés postraumático, conductas antisociales, depresiones, conductas adictivas, baja en los rendimientos académicos, entre las principales. Desde el punto de vista social lo que se instala es un manto de desconfianza generalizado, el desconocimiento del otro como parte de la comunidad a la cual se pertenece y en la cual se sostiene cada uno. Se produce un quiebre importante en el tejido social. La desconstrucción de los vínculos interpersonales y el aniquilamiento de la idea de semejante traen consecuencias catastróficas en la cabeza de todos los miembros de la comunidad, pero especialmente en la de los niños, niñas y adolescentes.
Desde el Estado lo que se debe hacer, lejos de culpabilizar a la familia o a la comunidad por su desarrollo socioeconómico, es dotarla de equipos técnicos capacitados para que rápidamente intervengan a fin de acompañar y ayudarla ante una pérdida que se presenta como de imposible elaboración afectiva. Por otro lado, es imprescindible reconstruir el tejido social dañado, detectar las consecuencias individuales y sociales para mitigar el acto devastador del abuso y el asesinato de Abril. Ese es el desafío que complementará la acción de Justicia.
Se puede llamar al 0800 888 9898, línea gratuita y anónima para denunciar posibles casos de abuso y violencia infantil. Además, existe la Línea 102 de ayuda a niños, niñas y adolescentes.
También se puede acudir a la Unidad Judicial especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en el Polo de la Mujer, en calle Entre Ríos al 680.
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En formato de clown, tres encantadores payasos cuentan y juegan cantando esta maravillosa historia de la literatura infantil. Una obra para chicos y grandes llena de fantasía que aborda valores fundamentales como la amistad, el coraje y el amor por la familia.
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Como cada año, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano celebra un torneo de ajedrez en memoria de Claudio Román Forastelli, que tenía 16 años cuando fue secuestrado y asesinado por la dictadura cívico-militar. La Nueva Mañana conversó con la directora del establecimiento educativo, Andrea Marinelli, con la directora del torneo, Liliana Burijovich, y con el presidente del Centro de Estudiantes, Fermín Carbonell Daín. La competencia se realiza hoy sábado 27 de abril en las instalaciones del colegio,
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El presidente del TSJ, Luis Eugenio Angulo, y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer el acceso a la Justicia de niños, niñas y adolescentes, que están alojados en el centro socioeducativo Complejo Esperanza.
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Este jueves la Confederación convocó formalmente a la movilización el miércoles próximo por el Día del Trabajador y la Trabajadora. La marcha será en la previa del segundo Paro General previsto para el 9 de mayo en rechazo a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional.
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