“Queremos justicia”, dicen los padres del joven que terminó con daño cerebral gravísimo tras ser alojado en el Centro Psico Asistencial de Córdoba y luego, derivado al Misericordia.
Córdoba 12/11/2023
Miriam Campos
Andrea y Marcelo Mariño durante este año se la pasaron haciendo rifas. “La gente ya no compra tanto porque todo se puso difícil”, dicen desde el living de su casa en Villa Revol, un barrio de trazado irregular, con pasajes angostos, algunos de tierra, ubicado al sudoeste de Córdoba capital. No tienen obra social y las rifas, son la ayuda para afrontar los nuevos gastos que tienen desde que la vida les dio un vuelco.
A dos metros de ellos, en una habitación sin puertas, está su hijo Matías recostado en la cama. No habla, no camina, no come por sus propios medios. Matías tiene 28 años, estaba sano, pero en octubre de 2022, mientras estaba alojado en el Centro Psico Asistencial (CPA), el reporte dice que “se ahogó con pan”, tuvo dos paro cardiorrespiratorios, fue derivado al Hospital Misericordia, y desde entonces depende de los cuidados de su familia y una sonda en su panza para vivir.
“Mi hijo estaba bien y me lo entregaron así. Se ahogó con pan en el CPA, pero terminó en estado vegetativo”, indica la mamá de Matías y agrega: “Después que pasó todo esto, hice una denuncia contra esa institución, porque yo quiero saber qué es lo que realmente le pasó a mi hijo”.
El abogado, Mauricio Tuninetti, que asiste en la querella a la familia y también participa en la causa por Ezequiel Castro, -el joven de 21 años que murió en el Misericordia tras permanecer en el CPA en junio de 2022-, indicó a La Nueva Mañana que la denuncia por Matías Mariño, es por lesiones gravísimas, “pero esto puede ir mutando según avance la causa”.
“El joven quedó en estado parapléjico tras el daño cerebral, en un contexto de clara violencia institucional”, explica el letrado y añade: “Él estaba en una entidad pública como es el Centro Psico Asistencial, estaba bien, estaba entero, pero de pronto, dicen que se atraganta con pan y pasa lo que pasó. Claramente hay algo al medio que ocurrió por acción u omisión de los profesionales intervinientes o de la fuerza de seguridad, o ambos, y es lo que queremos que se investigue. Lo cierto es que Matías termina con estos graves daños a nivel neurológicos que le producen esta situación prácticamente irreversible”.
En septiembre de 2022 Matías fue detenido de modo arbitrario a pocas cuadras de su casa en Villa Revol. Por la ropa, lo confundieron con otra persona que buscaban. El joven se resistió y corrió hasta la casa de su hermana. La familia cuenta que la Policía entró rompiendo la puerta, sin una orden y sin identificarse. A Matías lo sacaron a las rastras y lo subieron a un patrullero. “Él estaba muy alterado por esta situación tan violenta”, cuenta su mamá, quien tras la detención logró saber que lo habían llevado hasta la Comisaría 4ª.
“A mi hijo lo golpearon ahí, luego alguien firmó, no sabemos quién, para que lo trasladaran al CPA. Allí, cuando pude verlo estaba golpeado, en la espalda y en un ojo. La siguiente vez que pude visitarlo, tenía el otro ojo moretoneado y más golpes. Matías fue sujetado a una cama, medicado, maltratado, sus muñecas estaban en carne viva”, relata Andrea que solo pudo ver a su hijo dos veces antes que le avisaran -luego de llamar insistentemente-, que lo habían trasladado al Hospital Misericordia tras ahogarse comiendo pan. Allí, los médicos lo atendieron, pero la familia sostiene que nunca actuaron con claridad sobre lo que le pasaba al joven y por qué su salud se deterioró de ese modo.
Matías trabajaba como jardinero, era hincha de Instituto, le gustaba estar con su hijo Jonás que ahora tiene 8 años, tomar mates en las tardes con su papá, era muy familiero y tenía muchos planes con Fernanda- su pareja-, quien no puede creer toda esta pesadilla.
Matías después de lo que pasó, nunca más volvió a ser el mismo.
La causa sobre el caso de Mariño, es investigada por el fiscal de Instrucción, Raúl Garzón, y se encuentra bajo secreto de sumario, -una disposición de la fiscalía para no perjudicar la investigación- porque todavía nadie fue sindicado como imputado. Es decir que hasta el momento, en la investigación no se estableció ningún responsable posible. “Como querellantes aún no pudimos acceder a la causa completa. Lo máximo que pudimos hacer fue insistir con ciertas medidas procesales mínimas como pedir que se perite la historia clínica de Matías, que se busquen las causales por las que él terminó con el daño cerebral, que se trate de tomar declaración a todos los profesionales que estaban en el CPA en ese momento y demás”, dice Tuninetti.
“El foco se pone sobre quien tenga responsabilidad, en este momento no tenemos certeza por lo del secreto de sumario, aunque todo apunta al CPA”, explica el abogado y añade: “Falta claridad de ese lugar, si bien depende de la Secretaría de Salud de la Provincia, es de muy difícil acceso respecto a información clara, precisa, de cómo se trabaja ahí, si hay miembros de las fuerzas de Seguridad o no, de cómo están los chicos adentro, de cuánto tiempo están, de un montón de situaciones”.
Los filtros que Matías necesita para la traquea tienen un uso máximo de 24 horas y cuestan alrededor de $2.300 cada uno, el tema es que si se llenan de reflujo o moco, hay que cambiarlos inmediatamente para evitar infecciones. Ante esa situación, deberían contar con unos siete u ocho por jornada. “Un día no teníamos ni para un filtro, eso es una desesperación, una angustia. Tocamos todas las puertas, en el Misericordia para la rehabilitación y uno de los turnos fue para diciembre, o también en el Pizzurno, pero nos dijeron que no había nada”, dice Andrea sobre la diaria de sobrellevar la situación.
la familia no tienen las herramientas para el tratamiento que Matías necesita: neurólogo, clínico, fonoaudiólogo. La fisioterapia la pagan de su bolsillo con lo que juntan y se les hace difícil: “Con tan poco no va a salir nunca”, añade Marcelo.
“A Matías nos lo entregaron con 33 kilos, todo escalado. Era hueso y carne molida en la espalda. Esto no se lo deseo a nadie. Son muchos maltratos de distintos lados y a veces, me dan ganas de bajar los brazos -confiesa el papá del joven- así, yo nunca más voy a poder escucharle la voz, ahora solo le escucho el suspiro”.
“Desde el año pasado se tomó conocimiento del caso Ezequiel Castro, ahí empezamos a conocer otras historias similares en el CPA y esto llevó a que como colectivo demandemos el cierre de este centro, pero no es solo eso, porque lo pueden llevar a otro lado, como inició esto, y hacerlo aún peor”, dice Martín Passini desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba y añade: “En todo caso, el problema de fondo es cómo se implementan las políticas con personas que tienen padecimientos mentales, qué políticas tiene el Estado para con ellos, declarados inimputables por el sistema punitivo, son pacientes del sistema de salud que están en ese limbo”.
El CPA fue inaugurado en 2008 a raíz de las múltiples denuncias que tenían los hospitales monovalentes sobre las condiciones de vida, incluso muertes de pacientes por dichas condiciones de internación. El nuevo centro, se estableció como el cruce entre el sistema sanitario, porque responde a la Secretaría de Salud Mental de la Provincia, pero a la vez, está organizado por el el sistema punitivo del Estado provincial.
“Desde el Observatorio tenemos claro que lo más urgente, es la creación local del Órgano de Revisión, independiente del poder político, que a nivel nacional ya funciona y no depende del Ejecutivo”, dice Passini y explica que se trata de un órgano de control de las políticas de implementación de salud mental, particularmente de las condiciones en que se generan las internaciones, el funcionamiento de estas instituciones, las condiciones de habitabilidad, entre otros puntos.
“El órgano puede entrar a los lugares, puede investigar, hacer entrevistas, moverse en los espacios públicos y demandar de modo contundente con el cumplimiento de lo que dice la ley”, completa.
Sobre esto, el abogado de la familia de Matías Mariño agrega que aunque se reclame el cierre del CPA, sí debería haber un centro de contención para las personas que estén en este tipo de situaciones: “El problema es hacerlo trabajar bien porque termina no cumpliendo su función”. Hay personas que están en medio, entre un delito penal y tener un problema determinado de índole psicológico psiquiátrico, y “no debe ser tratadas igual al resto” sino tener un lugar donde se las pueda contener.“El punto es que esté trabajado por personas que estén capacitadas para eso y que no ejerzan tipos de violencia institucional”.
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