Vecinas y vecinos de barrio San Antonio presentaron un informe socioterritorial sobre la pérdida de calidad de vida en la zona y los daños a la salud debido a la fábrica de bioetanol.
Ed Impresa 07/04/2023
Miriam Campos
JUSTICIA AMBIENTAL
“Nosotros ya sabemos que el tema de defender el medioambiente es interpelar cuestiones económicas y eso en cierto modo tiene que ver con las empresas. En este caso, Porta sigue funcionando en nuestro barrio porque está afianzada al poder político”, dice a La Nueva Mañana Silvia Cruz, vecina de barrio San Antonio –donde funciona la empresa de bioetanol desde 1995-, y también integrante de la organización “Vecinxs Unidxs en Defensa del Ambiente Seguro” (Vudas), que lleva una década reclamando, en la calle y judicialmente, contra la contaminación y “el daño al cuerpo y a las mentes de las y los vecinos”. Situación que también afecta a los barrios aledaños como Inaudi, Inaudi anexo, Tejas II y Cañitas.
La unión de estos vecinos generó una organización comunitaria con espacios de encuentro que fueron y son claves para sostener el “proceso de lucha y resistencia” en el que están desde hace años reclamando por el derecho a la salud y a poder proyectarse donde vivieron toda la vida.
En ese marco, esta semana en el Museo de Antropología de la ciudad de Córdoba presentaron un libro que da cuenta del informe sobre el contexto socio territorial de los daños a la salud por la permanencia de la fábrica Porta Hermanos a pocos metros de donde habitan las y los vecinos. Además, presentaron el Comic “Un monstruo en mi barrio”, una producción gráfica que relata los 10 años de lucha por la justicia ambiental y las transformaciones en las vidas de las protagonistas en la resistencia frente a la fábrica. La actividad estuvo encabezada por las vecinas de Vudas y la asamblea “Fuera Porta”, junto a profesionales que participaron en la realización de ambas publicaciones.
“La fábrica altera los modos de vivir, las dinámicas de socialización y los sentidos sobre el ser y estar en el barrio. Esto dificulta las estrategias de reproducción de la vida y los vínculos comunitarios, mientras avanza la urbanización y la agroindustrialización”, dice el informe que consiste en un trabajo interdisiciplinario donde se analizaron los daños al “cuerpo territorio”, a fin de dar cuenta de ese proceso de contaminación y “desgarro comunitario” desde el comienzo de la producción del combustible en 2012, donde se empezó a impactar el bienestar de las familias.
En definitiva, lo que se plasmó en un libro es el resultado de “un esfuerzo colectivo e interdisciplinario para alzar la voz en contra de la injusticia ambiental a partir de recuperar el testimonio de las vecinas y comunidades afectadas”.
En el informe las integrantes de Vudas expresan que existe “una subordinación” de la vida a las posibilidades de la empresa de generar ganancias. “Nuestro barrio se ha convertido en una zona de sacrificio. Nos impusieron una empresa como Porta Hnos., dándole la habilitación de modo ilegal. Es un despropósito. Es someter a nuestros hijos a que se enfermen y mueran”, relataron.
Vudas nació buscando información de lo que pasaba en el barrio, a qué se debían esos olores, los malestares físicos que las y los vecinos comenzaban a manifestar. La organización pidió explicaciones en el municipio y la Provincia y fue de a poco armando la trama de una empresa que obvió el estudio de impacto ambiental, la correspondiente licencia y, en tanto, la protección de los vecinos.
Tras los estudios científicos que presentaron en la causa siguieron reclamando en el fuero federal y durante el 2022 le tocaron la puerta a la Corte Suprema para que agilice el fallo sobre el recurso extraordinario que presentaron. Unos 60 vecinos y vecinas viajaron hasta la Caba para contarle cara a cara al secretario de jueces, Néstor Cafferatta, de la Secretaría de Juicios Ambientales, la degradación a la que están expuestos.
“Siempre hemos ido paso por paso, siguiendo cada instancia, pero necesitamos que la Justicia sea más directa, que no tenga esta burocracia, que se dé cuenta de que cuando están en juego el ambiente, los cuerpos, la gente, la comunidad, tiene que ser más rápida”, contó a LNM previo a ese viaje, María Rosa Viñolo, una de las vecinas que vive a 50 metros de donde están los silos de producción de bioetanol de la fábrica.
Ese trayecto “paso a paso” que mencionó María Rosa fue trazado en el informe presentado esta semana. Allí, constan los primeros estudios realizados en 2013 por la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), que relevaron diversas afecciones a la salud de los habitantes contiguos como: cefaleas, irritación ocular y de la piel, gastritis, asma, entre otras. El porcentaje de personas que manifestaban estos síntomas era alto, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes relevados.
En 2014, la Justicia provincial realizó una pericia química ambiental que corroboró que los fermentadores de la planta liberan sustancias químicas (tolueno, xileno, formaldehído, hexano, ácido acético, etanol y otros) que podrían explicar los síntomas que se presentan. En el segundo estudio realizado en 2016, se observó una intensificación de los síntomas, así como la aparición de más casos de malformaciones, abortos espontáneos y cáncer. Además, dice el informe, se planteó el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple como otro indicador de la degradación ambiental en relación a las enfermedades presentes y su prevalencia.
En esa línea, durante 2019 y 2020 se realizaron estudios de “genotoxicidad”, también gestionados por las vecinas de manera particular. Allí se corroboró “la presencia de metabolitos tóxicos en los cuerpos de niñas y adultas habitantes de la zona, acompañados de valores altos de micronúcleos en las células de las mucosas”, los cuales denotan daño genotóxico en la población analizada.
“Todos estos datos confirman lo que Vudas afirma desde hace más de 10 años: Porta Hnos. contamina y enferma de manera sostenida y sin ningún tipo de seguimiento y control serio y sistemático por parte del Estado o la Justicia”, puntualiza el informe.
A todo este registro, se suma también el daño a la salud mental: “Planteamos el sufrimiento como consecuencia de las condiciones de desigualdad, producto de las políticas públicas y la irresponsabilidad ética-política implicada en las mismas”, dicen las y los vecinos y añaden: “Este sufrimiento no es sólo individual, sino también social, es decir, compartido, y también tiene relación con la percepción sobre el ambiente de las personas del barrio, caracterizándose como sufrimiento ambiental”.
“En muchas provincias como Córdoba cuyas políticas públicas tiene que ver con el extractivismo, un extractivismo voraz, que nos sacrifica a nosotras, a nuestras familias sin importar si con eso una empresa hace negocio, la alternativa es reclamar que se cumpla el acuerdo Escazú, que defiende nuestro derecho a proteger el medio ambiente. La defensa ambiental es de todes, el territorio nos pertenece, pero no solo como tierra capital, nos pertenece el lugar donde vivimos, donde soñamos y tenemos nuestros proyectos de vida”, retoma Silvia Cruz y añade: “Ese es un derecho humano a la existencia a convivir con la naturaleza. Está antes que el gobernador y sus políticas. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir luchando, unirnos con las y los vecinos, amigos, y hablar de estas cuestiones porque si hablamos, y planteamos que queremos otro mundo, el único camino que tenemos es la lucha”.
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