Creció exponencialmente el decomiso de soja y maíz no declarados durante el primer trimestre de este año, alterando la generación y liquidación de divisas.
Ed Impresa 14/05/2021 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
La defensa de la Nación no solo se ejerce cantando el himno y agitando la bandera nacional en actos autoconvocados con ese pretexto, sino más bien con el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas que conllevan al bienestar general.
El alarmante incremento de los decomisos de granos y cereales no declarados durante el primer trimestre de este año va en sentido contrario de ese presunto interés patriótico que proclaman desde algunos sectores agropecuarios.
En este sentido, la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó que durante el periodo enero-marzo de 2021, en diversos operativos de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal se secuestraron 2.529 toneladas de cereales, sobre todo soja y maíz, transportados de manera ilegal, ya sea por carecer de la declaración jurada que da cuenta de la operación de producción y comercialización exigida, ya sea por no contar con la documentación que impone el código aduanero argentino o directamente por hallarlas escondidas en las orillas de ríos fronterizos, presumiblemente dispuestas para ser exportadas de manera clandestina vía Paraguay, como denunció el director del Banco Nación, Claudio Lozano, en el caso Vicentin; o vía Brasil, por el lado de El Soberbio o por vías terrestres.
El informe da cuenta de un aumento vertiginoso respecto de las 277 toneladas secuestradas durante el mismo periodo de 2020, y más impactante resulta si se lo compara con los 85.6 toneladas secuestradas en 2019 y los 733 kilogramos de granos decomisados en 2018, una diferencia que deja en evidencia la transformación de los controles del Estado ante delitos federales; y además una elocuente falta de interés del gobierno anterior en la persecución de un delito que afecta la recaudación del erario público, que altera la generación y liquidación de divisas y que impactan sobre la estructura financiera argentina y sus recursos.
La otra forma de contrabando incluiría a los puertos privados argentinos, por donde los granos se exportan con la sola declaración jurada presentada por las propias empresas exportadoras de cereales, dueñas de esos mismos puertos.
“La plata para tranquilizar la economía que tiene (el ministro de Economía) Martín Guzmán hay que ir a buscarla ahí. Las cifras de evasión, de subfacturación y contrabando son voluminosas”, destacó Peretti.
Los mismo acontece con la exportación de carne a partir de que se descubrieron empresas truchas que tenían asiento en Montevideo y que subfacturaban la carne argentina vía la capital uruguaya, teniendo como destino final a China. La triangulación fue descubierta por las instituciones del estado argentino que implementaron resoluciones que requieren información para hacer cumplir las reglamentaciones sanitarias y comerciales de exportación, pero que son resistidas por la mesa de enlace agropecuaria.
Para el ex director titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) y miembro fundador del Movimiento Agrario, Pedro Peretti, consultado por La Nueva Mañana sobre este tema dijo que “lo primero que hay que determinar es que estos no son hechos policiales. Nadie se va con un camioncito de cereal desde la pampa húmeda hasta Formosa, Misiones o hasta Salta y se para en la frontera para ver si consigue compradores; lo que hay es una organización perfectamente definida que actúa en todo el territorio nacional, especialmente en la pampa húmeda que es la que organiza toda la logística para que haya contrabando. Este no es un problema de las fuerzas federales que están trabajando para combatir el contrabando, no se puede resolver mientras la Aduana y la AFIP no se ocupen de lo que les corresponde”.
Además, Peretti afirmó que la cantidad de soja que se va del país clandestinamente es mucha más de la que se estima y habría que poner balanzas antes de cada puerto para controlar lo que se exporta: “Poner una balanza a 50 metros antes de cada puerto y operada por el Estado, no adentro del puerto. Y todo camioncito que entra se pesa, y ahí nos vamos a llevar una sorpresa increíble. Hoy ese control lo hacen las mismas empresas, se autocontrolan presentando sólo declaraciones juradas; por eso es que el problema central del estado argentino es la falta de controles y la falta de regulaciones del comercio exterior de granos”.
“Lo tercero es el desmanejo que tiene la navegación en el río Paraná. Es fundamental que el Estado tome el control de esa vía navegable, que empecemos a cobrar peaje de acuerdo al valor de la carga, empecemos a contabilizar los barcos, empecemos a que nos dejen de currar. Solamente cuando utilizan el drave service más el lastre que traen los barcos, de los 3.000 barcos que entraron en Rosario calculan que el 8% no es que no pagan impuestos, se esfuma, 240 barcos graneleros de entre 40 y 60 mil toneladas de soja; ¿a usted le parece que eso puede ser posible?” reclamó el dirigente rural.
Por último, Peretti consideró que “en lugar de que el Gobierno se pelee con los productores por 3 o 5 puntos más de retenciones debido a los derechos de exportación, es más conveniente controlar la evasión. La plata para tranquilizar la economía que tiene (el ministro de Economía) Martín Guzmán hay que ir a buscarla ahí. Las cifras de evasión, de subfacturación y contrabando son voluminosas, y un Estado como el argentino, con el 42% de su población por debajo de la línea de pobreza, no puede darse ese lujo”.
“Lo que tenemos que hacer ahora es habilitar el Canal Magdalena, para unificar el Paraná con el Atlántico y conectar los puertos de la costa argentina sin pasar más por el puerto de Montevideo”, asegura Tettamanti.
Para el ingeniero naval y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández, Horacio Tettamanti, entrevistado por este medio, el problema es más complejo.
La pérdida de soberanía en la Vía Troncal de Navegación Río Paraná - Río de la Plata, mal llamada hidrovía, desde la década del 90, es muchísimo más grave que la falta de controles en los puertos argentinos. “Las consecuencias sobre la economía nacional son muchísimos más graves por la pérdida de la soberanía de navegación que las deficiencias de controles en los puertos argentinos”, sentenció Tettamanti.
Además, aclaró que la falta de controles en los puertos sobre el río Paraná no es consecuencia de que el Estado se retiró del control de esa vía navegable, sino del régimen portuario que es otro capítulo distinto. “Si queremos modificar las anomalías que hay, que son muchas, en los puertos argentinos hay que modificar la ley de puertos, que también es un alumbramiento de la década del 90”.
Asimismo, consideró que ahora que se está venciendo la concesión del uso de la Vía Río Paraná –Río de la Plata (conocida como hidrovía) es importante que el Estado recupere la soberanía de la navegación, ya que esa vía fue entregada para que sea dragada y sea navegada de acuerdo a los intereses de las empresas cerealeras, con lo cual perdió todo tipo de decisiones estratégicas.
Concretamente, Tettamanti indicó que “lo que tenemos que hacer ahora es habilitar el Canal Magdalena, para unificar el Paraná con el Atlántico y conectar los puertos de la costa argentina sin tener que pasar más por el puerto de Montevideo. La segunda medida inmediata es renunciar al tratado Hidrovía Paraná – Paraguay, para recuperar la soberanía plena del río Paraná y recuperar la facultad de decir por dónde y cómo se navega. El próximo paso es modificar la ley de puertos para que el Estado vuelva a recuperar los puertos públicos en apoyo al desarrollo productivo nacional, hoy ausente porque los puertos son unidades de negocios privados.
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