La defensa de la campesina de 94 años apeló el fallo de la jueza Emma Mercado. La Cámara de Deán Funes debe resolver si hace lugar al derecho de posesión ancestral.
Ed Impresa 12/03/2021
Miriam Campos
Es lunes y mientras se siembra en el campo donde vive Ramona Orellano Bustamante se oye el motor de una avioneta que pasa por arriba de la casa, es una fumigadora que atraviesa el cielo trasladándose hacia los campos de soja. Victoria Gauna, abogada de Ramona e integrante del Movimiento campesino de Córdoba (MCC), relata la situación y dice: “Eso es la evidencia del modelo y la resistencia de otro modelo de producción que es agroecológico, con otra mirada de relación con el monte, porque en definitiva con el caso de Ramona, eso es lo que se discute. Lo que se ha construido en ese espacio, molesta, interpela y se prefiere borrar”.
Gauna habla sobre las 150 hectáreas en el paraje Las Maravillas, a 20 kilómetros de Sebastián Elcano, en el norte cordobés, que hace más de 30 años están en pugna. Por ser hija extramatrimonial, las medias hermanas de Ramona, tras la muerte de su padre, vendieron el campo donde no vivían, pero sí vivió toda su vida ahí, Ramona.
“La mami no entiende y tiene miedo de que vuelvan los Scaramuzza con la Policía. Ellos tienen mucha plata y pueden pagar un tractorista o lo que quieran para sacarnos”, dice a La Nueva Mañana, Orlando Bustamante, hijo de Ramona. Es el día que se cumple el plazo estipulado por la jueza para que dejen el campo y desde que se despertó, Orlando estuvo preocupado y con dolor de cabeza: “De ahora en adelante pueden venir, puede ser mañana, pasado, y nosotros tenemos miedo porque ya nos pasó con el primer y segundo desalojo, fue una cosa desastrosa, inhumana”.
“La jueza de Deán Funes dijo que como mi mamá tiene hijos, ahora ellos se tienen que hacer cargo y el campo es para los Scaramuzza. Me pregunto si cuando la señora Emma Mercado sea viejita ¿sus hijos se ocuparán de ella?. Nosotros a mi mami, la cuidamos porque amamos a nuestros viejitos pero eso no tiene nada que ver con tener que dejar su casa”, interpela el hijo de Ramona. Y para la abogada, el argumento en el fallo es un reflejo de la "justicia patriarcal", en la que se basó la jueza.
Sobre la trama de esta historia judicial contra Ramona, la letrada cuenta que la venta de las tierras que habita la campesina “se hizo de modo irregular” porque fue bajo presión, sin el consentimiento de Ramona y “en connivencia” con los productores agropecuarios Edgardo Héctor y Juan Carlos Scaramuzza.
“Una de las medias hermanas era empleada de los Scaramuzza en Oncativo. Allí, hacen una venta simulada hacia un tal Piatti, y luego hacia los Scaramuzza”. Lo que relata Gauna comenzó en 1984, cuando la campesina quedó fuera de los trámites sucesorios y con reclamos judiciales de por medio, lograron que Ramona firmara un convenio de desocupación.
“Van con los abogados, juzgados de Paz y con mucha presión hacia una persona que apenas sabía leer y escribir sin comprender lo que firmaba. Terminan presionando y firmando ese convenio de desocupación con lo cual, Ramona queda sentenciada a lo que vino después. Tras la homologación de ese convenio, ocurrió el primer desalojo un par de años después, en 2003”, dice Gauna. En ese momento, Ramona y su hijo Orlando vivieron seis meses a la vera del camino hasta que tomaron la decisión de volver a su casa.
En 2004 sufrieron un segundo desalojo, violento, destructivo. “Voltearon todo, envenenaron los pozos, fue muy triste”, relata la abogada y agrega: “Luego de eso comenzaron las denuncias penales, por parte de Ramona a los Scaramuzza por estafa” pero ambos fueron rápidamente sobreseídos por la Justicia. Poco después, los productores agropecuarios iniciaron nuevamente una demanda de desalojo en el fuero civil. Esa sentencia, con la firma de la jueza de Primera Instancia Civil y Comercial, Emma del Valle Mercado, es la que se conoció la semana pasada y ordena otro desalojo.
“Se resolvió haciendo oídos sordos a las cientos de pruebas a favor de su posesión ancestral y profundizando con esto, un modelo de producción agropecuaria sin familias y sin diversidad en el campo”, repudió el MCC a través de un comunicado.
Orlando cuenta que en abril Ramona cumplirá 95 años y que él ya tiene 65. “Soy el hijo más chico”, dice y explica que toda la vida vivieron ahí, pero hoy la ley no los ampara “porque ni la Justicia ni el Gobierno protegen a los campesinos”. A pocos metros de la casa de Ramona, ahora hay una carpa para la gente que los acompaña, donde se quedan los que pasan a darles apoyo y los ayudan a resistir estos días.
Eso le da fuerzas a Orlando, se siente contenido y charla con todos los que pasan por el campo a saludarlos, habla sobre la idea de celebrar los 95 años de Ramona, “guitarreando” como le dijo Raly Barrionuevo esta semana y se entusiasma pero cuando piensa en el desalojo, algo triste y medido, confiesa: “No he pensado en salir, me matarán acá. No quiero, no voy a salir de mi tierra”.
“Lo cierto es que judicialmente se va a seguir luchando. En el campo, Ramona va a estar hasta el último momento de su vida y Orlado que está ahí va a seguir peleando”, dice Gauna y cuenta que ya se realizó la apelación, se espera su admisibilidad y luego, la Cámara de Deán Funes, tiene que resolver.
“Eso implica empezar a discutir la sentencia de desalojo y cada uno de los argumentos que nosotros entendemos son totalmente debatibles en esa sentencia”, dice la abogada y amplía: “En relación más concreta al desalojo, nosotros entendemos y esperamos que se suspenda con esta medida”.
“Tenemos hecha una vida aquí y aquí nos quedamos porque adónde vamos a ir. Vivimos de los animales, vendiendo huevos de gallinas, criamos pollos, vacas, cabras, ovejas, no tenemos otra forma de vida. Que alguien venga y escuche”, dice Orlando y agrega: “Yo peleo por estas 150 hectáreas. La mami ya no puede caminar, está muy viejita. Y ahora con esto, es tanta la preocupación pero acá nos quedamos, desde acá resistimos”.
Para la letrada, la jueza al sentenciar el desalojo, tuvo en cuenta “solo y exclusivamente” la sentencia penal anterior donde dice que Ramona Bustamante, no fue estafada y firmó un convenio de desalojo. “Convenio donde Ramona jamás comprendió lo que estaba firmando y donde está más que probado dentro del juicio de que es poseedora ancestral. Queda a las claras en esta causa, el modus operandi de determinados productores en la época de los 90”, ilustra Gauna y agrega: “Y no es solo eso, sino lo que ha venido pasando sistemáticamente en ese campo, el modo en que los desalojaron en 2003. Cómo operaron con la estafa y después con el hostigamiento absoluto de todos estos años. Y en el fondo es defender lo que decía Ramona ayer: ‘vivir en paz’’’.
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