Así lo decidió la fiscal Valeria Paula Rissi, quien ordenó la elevación de la causa que involucra a 15 hombres y mujeres. Los delitos que enfrentan son asociación ilícita y estafas reiteradas.
Córdoba 15/06/2017 Redacción La Nueva Mañana
La Fiscal Valeria Paula Rissi ordenó la elevación a juicio de la causa contra una banda que operaba una red de estafas bajo la forma de una financiera "trucha" desde la cárcel de Bouwer.
Fuentes judiciales informaron que los 15 detenidos, entre ellos hombres y mujeres, están imputados por los delitos de asociación ilícita y cinco hechos de estafa que cuentan con elementos probatorios.
"Realizaron numerosas estafas por medio de ofrecimientos de préstamos dinerarios falsos, con requisitos para captar personas que no podían acceder al sistema financiero regular, como por ejemplo figurar en los registros de deudores del Seven o Veraz", señalaron las fuentes a La Nueva Mañana.
La banda delictiva captaba a sus víctimas a través de avisos clasificados que, los integrantes que estaban en libertad, publicaban en diversas páginas web, en el diario La Voz del Interior y en diarios de Chubut, San Luis, Catamarca, entre otras provincias.
Cómo operaban
En los avisos, el teléfono que brindaban era el de una supuesta entidad financiera. Así fue como atrajeron engañosamente a personas con la necesidad de un crédito, quienes llamaron a los teléfonos allí publicados, que eran atendidos por los presuntos estafadores.
A través de diversas indicaciones y requerimientos, con el pretexto de verificar la aptitud crediticia del supuesto cliente, lograban que las víctimas les informaran diversos datos personales -como el nombre completo, DNI, lugar de trabajo y recibo de sueldo- hasta llegar a averiguar si tenían cuenta bancaria y en qué banco, requiriéndoles que se dirigieran a un cajero automático y desde allí se comunicaran por teléfono nuevamente al número de contacto publicado o a otro número.
Ello con la excusa de que estando en el cajero se les indicarían las operaciones a realizar para recibir el préstamo de dinero mediante la acreditación de transferencia electrónica del mismo en su cuenta bancaria.
Una vez que los damnificados estaban en el cajero automático, alguno de los otros detenidos, los guiaba para que las mismas víctimas engañadas hicieran una transferencia del monto disponible hacia la cuenta bancaria de titularidad de algún otro de los integrantes de esta organización o hacia cuentas de terceras personas inocentes que eran utilizadas por ello.
Para lograr que las víctimas transfirieran dinero de sus cuentas, les daban indicaciones mentirosas sin solución de continuidad, con la finalidad de que no pudieran comprender con claridad los alcances y efectos de las operaciones que ellos les hacían ejecutar, haciéndoles creer que en realidad la transferencia era en favor del interesado en el crédito, perjudicando así a los damnificados en el monto dinerario que les hacían transferir engañados desde sus cuentas bancarias.
En otras oportunidades, en que las personas interesadas en los préstamos no tenían saldo disponible en sus cuentas bancaria, los encartados les solicitaban que les brindaran los datos de sus tarjetas de crédito.
Asimismo, con la misma finalidad, utilizaron como teléfono de contacto los comenzados en “0800” (de donde eran redirigidas las llamadas a las líneas de celular usadas por los privados de la libertad, las n° 351-5197448 y n° 11-31096885) servicio que contrataron para dar así mayor imagen de veracidad a los anuncios que publicaban.
Los imputados
Por asociación ilícita y estafas reiteradas están acusados Horacio Oscar Di Leo, Alejandro Ever Agüero, Marcelo Daniel Bustamante, Marcos Eduardo Soto, Sandra Ramona López, Pamela Agüero Santibáñez, Marta Ofelia Recabarren, Natalia Romina Soto, Eduardo René Aguilar, Nadia Florencia Paredes, Fernanda Carolina Soto, Julio César Santillán, Jésica Romina Santucho, María Rosa Lescano, y Facundo Joel Roldán.
Di Leo era el jefe y organizador de la asociación, que además coordinaban Marcos Soto, Alejandro Agüero y Bustamante, todos en ese momento privados de su libertad en el Establecimiento Carcerlario Padre Luchesse de Bouwer.
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