El bloque ADN por la Capital y la oposición en Malvinas Argentinas se presentaron esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción. Lo acusan "por uso indebido de un celular del Estado. Qué dice el actual secretario de Gobierno municipal de Córdoba.
Política 10/04/2017
Gabriel Silva
Tras la polémica que se desató la semana pasada, cuando la oposición en la localidad de Malvinas Argentinas denunció que en el Tribunal de Cuentas habían reaccionado luego de unas abultadas facturas de telefonía celular. Y que correspondían, según señalaron, a una cuenta corporativa que incluía hasta el equipo del exintendente Daniel Arzani; hoy a las 8 se presentaron en la Fiscalía Anticorrupción los concejales de ADN por la Capital y la oposición de Malvinas Argentinas para realizar una denuncia penal por malversación de fondos públicos.
La acusación, además de Arzani, alcanza también a su sucesora, la actual jefa comunal de aquella localidad del Gran Córdoba, Silvina González, a quien Vanesa Sartori y Víctor Mazzalay, de la fuerza opositora Malvinas Despierta, tildan de “partícipe necesario en este presunto delito”.
La presentación en Tribunales I, según los denunciantes, se originó a partir de las sospechas acerca de que aquel municipio sigue pagando la cuenta del celular del actual Secretario de Gobierno en el Palacio 6 de Julio. “La denuncia penal involucra a uno de los funcionarios de primera línea de (Ramón) Mestre y de la intendenta de Malvinas Argentinas”, señalaron.
La respuesta de Arzani
En contacto con LA NUEVA MAÑANA, el propio Arzani adjudicó la situación a la posibilidad de que exista “un error administrativo en la facturación”. “De ser así, pediré la refacturación y afrontaré el gasto que corresponda”, señaló el actual funcionario mestrista.
Arzani además envió la factura de la empresa y sostiene que desde el 19 de septiembre de 2016 el pago del celular lo afronta él. Y sobre la presentación judicial que se realizará esta mañana, el exintendente de Malvinas Argentinas dijo: “lo desconozco, no estoy al tanto”.
Por último, afirmó que “si el celular ya está a mi nombre y estoy de vacaciones, tengo el derecho a usarlo desde el lugar donde esté. Decir que no aboné de mi bolsillo el servicio durante mi estadía en Brasil, en una comunidad como la de Malvinas Argentinas, no representa una grata situación”.
La factura presentada por el funcionario
Quién abonó durante los meses previos a septiembre de 2016
Desde el bloque ADN, Santiago Gómez señaló: “consideramos que Arzani estaría incurriendo en un delito ya que hace más de un año estaría usando un celular que se lo está pagando el municipio de Malvinas Argentinas”.
En tanto, y con respecto a la respuesta del actual funcionario del Palacio 6 de Julio a este medio, donde indicó que desde septiembre la línea es de su propiedad. “Ahora Arzani sale a decir que desde el 19 de septiembre esa línea está a su nombre, pero él asumió como funcionario de Mestre en diciembre de 2015. Entonces, deberá aclarar qué pasó con los meses anteriores”, agregó el edil quien deslizó que Arzani estaría así “admitiendo el delito”.
"Me eligieron por mayoría, estoy muy contento", dijo el cordobés y aseguró que de la crisis interna salen "fortalecidos". Además, negó que fuera una decisión del Ejecutivo: "Es una decisión que lo toma el bloque y por eso me siento halagado por mis colegas".
"Nos oponemos contundentemente", afirmó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien valoró como "sincera" la reunión que mantuvieron este viernes con funcionarios nacionales, aunque advirtió sobre el "sesgo autoritario" de la gestión de Javier Milei.
La acción judicial lleva la firma, entre otros, del diputado cordobés Rodrigo De Loredo. "Ante las irresponsables declaraciones (del Presidente), es imprescindible echar luz", manifestaron los legisladores tras interponer el pedido a la Justicia que los investigue.
"La Justicia nos dio la razón, no solo a nosotros sino también al federalismo como concepto", dijo el gobernador patagónico durante su discurso en la inauguración de las sesiones legislativas. Además, agregó: "Chubut se sabe defender y así lo hizo".
Tras la quita de subsidios al transporte en el interior del país, impulsada por el Gobierno nacional días después de la caída de la Ley Bases, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que "cualquier eventual incremento en las tarifas" no es responsabilidad de la Nación.
La medida se tomó a través del Decreto 285/2024, publicado este miércoles. El Presidente acusó al Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) de "beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones" y de impulsar tomas de tierras.
El jueves 26 de abril selló el acuerdo salarial con la Unión de Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS), mientras que el 27 lo hizo con la Unión Ferroviaria y este lunes 29, con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.
El entendimiento contempla incrementos salariales para el personal de hospitales provinciales de abril a junio. Los porcentajes acordados van en línea con los aumentos ya cerrados con el resto de las entidades gremiales del ámbito estatal.
Las subas, entre un 4% y 5%, están vigentes en todo el país desde las primeras horas de este 1° de Mayo. En Córdoba, el aumento se registró principalmente en las estaciones de servicio YPF, aunque con el correr de las horas, se esperaba que el resto de las petroleras actualicen sus precios.
Decenas de automóviles se movilizaron entre la rotonda del Dante y el Patio Olmos, respondiendo a una convocatoria unificada de la CGT Regional, la CGT Córdoba, las dos CTA y la UTEP. Repudiaron el ajuste del Gobierno y la reforma laboral.
