Tras la histórica audiencia pública contra la Autovía de Montaña en Punilla que tuvo lugar el año pasado, y que se extendió durante ocho días, comenzó otro frente de lucha socioambiental, en este caso contra el loteo "El Montecito" en Unquillo.

Este martes, desde las 10 y durante el transcurso del día, expusieron 43 personas, de las cuales 42 se mostraron en contra del emprendimiento inmobiliario que según afirmaron atenta contra 70 hectáreas de monte nativo. Y en la vereda del frente, hubo un solo expositor que se mostró a favor. En tanto, este miércoles se llevará a cabo la segunda jornada.

Tras ser dado a conocer los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, luego fueron argumentando sus visiones distintos expositores. Entre quienes se mostraron en contra se destacó que el Fideicomiso “El Cigarral” que intenta obtener la Licencia Ambiental para su proyecto inmobiliario que implica el desmonte de 70 hectáreas, contiguas a los barrios de Unquillo y Mendiolaza más afectados por las inundaciones de 2015.

Según indicaron los vecinos pertenecientes a la Asamblea del Monte de Unquillo, el loteo es ilegal puesto que se emplaza, en su mayor parte, en bosque nativo con Categoría de Protección I, es decir, Zona Roja.

"En el expediente del loteo en la Secretaría de Ambiente de la Provincia, consta que 91,5 hectáreas de las 125 que comprende el predio, corresponden a Zona Roja de acuerdo al mapa de la Ley 9814, única ley vigente en este momento sobre bosques, según la cual en zona roja no se puede autorizar el cambio de uso de suelo, no está permitido construir ni desmontar", destacaron.

A la vez, explicaron que el Concejo Deliberante de Unquillo otorgó prefactibilidad al proyecto en base a otro mapa –que no está firmado, ni sellado, ni acompañado de informe alguno- que habría sido proporcionado por la misma Secretaría de Ambiente, según el cual solo 55 hectáreas corresponden a zona roja y las demás se clasifican como “sin cobertura de bosque”.

En base a este mapa, "la empresa propone un nuevo proyecto donde deja esas hectáreas de “reserva privada” –sin zona de amortiguación que la proteja- y concentra en las restantes casi 700 lotes, sin tener en cuenta las recurrentes crisis hídricas que afectan la región, ni la contaminación del agua y el aire, y el problema de las ya muy congestionadas vías de acceso", señalan desde la Asamblea.

"Cuando fueron las inundaciones 2015 de repente, se suspendieron los loteos hasta revisar y repensar, porque tomamos conciencia de que no nos tenía que volver a pasar una catástrofe así, con tantas familias afectadas, con vidas humanas que se perdieron, que no tienen precio ni recuperación posible, con personas que quedaron mal, que perdieron sus casas. Pero ahora, tres años y medio después, parece que los gobernantes se olvidaron de lo que nos pasó", agregaron los vecinos.

En tanto, el ingeniero Marcos Martínez, autor del Estudio de Impacto Ambiental se centró en explicar las mejoras de este proyecto en relación al anterior de la misma empresa. Martínez dijo que "gran parte del paisaje no se afectará la zona".