El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió a tres imputados en la causa que investiga a la agrupación Revolución Federal acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y dispuso que sean monitoreados con tobillera electrónica.

La prohibición de acercamiento recayó sobre Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra y se dispuso a raíz de un pedido de los abogados de la ex mandataria, querellante en la causa, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Los apoderados de la ex vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, reiteraron también un planteo para que se convoque a declaración indagatoria a la empresaria Rosana Caputo, por el posible financiamiento a Revolución Federal, según el texto al que tuvo acceso Télam.

A este último pedido, el juez respondió con un "téngase presente" a la espera de medidas de prueba aún en trámite, según la resolución.

En relación a los planteos por la seguridad de la expresidenta, el magistrado hizo lugar a lo reclamado en base "a los temores puestos de manifiesto".

Al respecto, prohibió a los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra el "acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner y sus familiares, ello bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación oportunamente otorgada", advirtió Martínez De Giorgi.

"A su vez, deberán rastrearse sus movimientos al único y exclusivo fin de verificar el adecuado cumplimiento de la orden dispuesta" y para ello se autorizó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia ( o el organismo encargado de ejecutar la medida, si correspondiera por razones ejecutivas o de jurisdicción) para la implementación del dispositivo de vigilancia electrónico a los Sres. Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra" con "carácter urgente".

La querella había reclamado la medida "para evitar quedar a merced de la suerte una vez más", en relación al atentado que sufrió la ex Vicepresidenta y para lo cual "es necesario restringir los movimientos de los violentos cuya consigna política es matar o exiliar al kirchnerismo y que, hoy, se pasean sin problemas por el Congreso".

De manera puntual, recordó que uno de los imputados, Leonardo Sosa, estuvo en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la "Ley Ómnibus".

Se ubicó "más precisamente, en el tercer piso del edificio de la cámara baja. Allí no sólo se encuentran los palcos que asoman a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; en el tercer piso también están los despachos de varios diputados, entre ellos el de Máximo Kirchner".

"Durante su presencia en la Cámara de Diputados, Sosa realizó posteos hostiles en la red social X: en uno de ellos, se observa una fotografía del diputado Máximo Kirchner", recordaron.

El magistrado resolvió así tras recibir el escrito firmado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, en el cual se sostuvo que todavía restan medidas de prueba antes de dar por agotada la investigación y enviarla a juicio oral.

En la causa están procesados sin prisión preventiva integrantes de esa agrupación por delitos como amenazas y coacción a distintas víctimas, entre ellas la ex vicepresidenta.

Los procesados son Morel, Sosa, Guerra y Sabrina Basile por delitos que habrían cometido entre mayo de 2022 y octubre de ese año.

Los letrados reclamaron que "se continúe con la investigación y, como próxima medida, se convoque a prestar declaración indagatoria a Rosana Caputo", según el texto al que tuvo acceso Télam.

Como medida posterior, también evaluaron que debería citarse en el mismo sentido a otros dos socios de la empresa desarrolladora inmobiliaria, Flavio y Jimena Caputo.

"Un primer paso, dilatado por meses, es convocar a Rosana Caputo y, luego, a Flavio y a Jimena Caputo, a prestar declaración indagatoria", insistieron al reiterar un planteo hecho el año pasado en relación a la primera, quien contrató a Morel para la provisión de muebles para un complejo de viviendas, Espacio Añelo.

"Los pagos de Caputo Hermanos coinciden con la existencia y las principales actividades de Revolución Federal, y cesan cuando esta agrupación dejó de actuar", remarcaron los abogados.

En la causa declararon testigos que "robustecieron todavía más la convicción de que Caputo Hermanos financió a Revolución Federal".

"Para empezar, ninguno de los empleados de la sociedad Caputo Hermanos mencionó a Rosana Caputo como miembro del equipo de trabajo, y, sin embargo, fue ella quien se contactó con Morel", analizaron.

Los pagos a Morel o a sus allegados "coinciden de modo prácticamente exacto con la existencia de Revolución Federal y cesan con su disolución, luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.", el 1 de septiembre de 2022.

Los abogados aludieron a informes incorporados a la causa que "mostraron la existencia de transferencias realizadas por los fideicomisos "Espacio Añelo" y "Santa Clara Del Sur" -ambos administrados por la sociedad Caputo Hermanos- a Jonathan Morel, Ailén Vallero y Evelyn Balboa", estos dos últimos allegados al primero.

Estas transferencias "tuvieron lugar, principalmente, entre enero y agosto de 2022, por aproximadamente 6.5 millones de pesos", concluyeron.

"Estamos lejos de llegar a un estado procesal en el que el MPF no tenga nada más que hacer. Por el contrario, el fiscal todavía tiene mucho trabajo por delante y solicitamos que lo lleve a cabo, agregaron en relación a un dictamen del fiscal del caso Gerardo Pollicita sobre el estado de la investigación.

Fuente: Télam