Para la Justicia, López está "prófugo" y De Sousa ya fue detenido

El ex dueño del Grupo Indalo (ahora Grupo Ceibo), Cristóbal López, y su socio, Fabián de Sousa, son investigados por la supuesta evasión de unos $ 8 mil millones por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio de combustibles.

A raíz de ello, el juez federal Julián Ercolini ordenó la detención de ambos. López aún no fue detenido, pero sí de Sousa. En tanto, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue procesado sin prisión preventiva.

Por su parte, Echegaray fue procesado como "autor" del hecho, en tanto que a los empresarios los consideró partícipes necesarios y les trabó un embargo a cada uno de ellos de más de 17 mil millones de pesos.

Desde hace meses pesaba sobre López y De Souza una inhibición general de bienes, confirmada por el juez. Ahora pesa la prisión preventiva, ya que los empresarios intentaron violar esas medidas cautelares con el movimiento de las empresas.

"A partir de estos parámetros cabe tener en cuenta que en estas actuaciones existe un serio peligro de obstrucción de la investigación, a través del comportamiento hostil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas", señaló el juez en su fallo.

El magistrado sostiene que los empresarios realizaron un engaño "sostenidamente" al Juzgado, a la Fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso.

"Ante la posible realización de actos fraudulentos deliberados orientados a la inducción a errores procesales para perjudicar a terceros; teniendo en cuenta también que los imputados, con la posible participación de otras personas, hubieran vendido como libres bienes cuya disposición habría sido inhibida por acto judicial", se adoptó la prisión preventiva explica el fallo.

Hace pocas semanas, la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa no es competencia de Ercolini, sino de la Justicia federal. El magistrado había considerado que debía intervenir el fuero en lo penal económico y, en función de ello, dictó los procesamientos por el delito de "administración fraudulenta" por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

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