El Gobierno de Córdoba adhirió a la propuesta del Ejecutivo nacional para la creación del Consejo Federal para la prevención y abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. 

Mediante la publicación del Decreto Nacional 123/2021 se oficializó la creación de este organismo que busca posibilitar el trabajo articulado entre las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para un abordaje integral de los femicidios, travesticidios y transfemicidios y de otras violencias extremas por razones de género.

El Consejo tiene entre sus funciones “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada”, así como “estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”, según publica el decreto.

El Consejo tendrá una Coordinación Ejecutiva a cargo de las titulares de los ministerios nacionales de: Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Géneros y Diversidad quienes serán las responsables del funcionamiento.

En el ámbito de los Poderes Ejecutivos, el Consejo recomienda “promover el fortalecimiento de las áreas de género municipales responsables de la asistencia y protección integral a las personas en situación de violencia por motivos de género" y "generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias administrativas ante casos de violencias por motivos de género que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad”. En el área de salud, la resolución propone “garantizar que en los establecimientos de salud se cuente con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos.”

Según informaron desde la Provincia, se trabajará en la optimización de la gestión de este tipo de casos para lo que se invita al Poder Judicial a sumarse a esta iniciativa, estableciendo “mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género”.

A su vez, “invita a promover la creación de sistemas de alerta y procedimientos de comunicación ágiles en los casos de incumplimiento de estas medidas y de otros mecanismos de prevención que puedan articularse con las fuerzas de seguridad y los dispositivos de asistencia dependientes de los poderes ejecutivos provinciales en los casos de alto riesgo”.

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