La pandemia afectó a más de 300.000 empleos en todo el país
Entre el 15 de marzo y el 15 de abril, los despidos, las suspensiones y las bajas salariales perjudicaron a 309.672 trabajadores, según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El relevamiento indicó que se produjeron 5.386 cesantías, 7.223 suspensiones, 3.070 atrasos de pago de salarios, 54.030 reducciones de haberes, 8.480 suspensiones y 231.483 convenios obrero-patronales de baja de ingresos, y puntualizó que "no obstante la crítica realidad nacional no se percibió en ese período una cantidad numerosa de casos de despidos".
El Gobierno nacional había decretado la imposibilidad de producir cesantías y suspensiones por razones de "fuerza mayor" para aplacar los efectos de la irrupción del coronavirus en el mundo del trabajo y no perjudicar a los sectores más vulnerables, no obstante lo cual los despidos superaron los 5 mil.
"En el sector privado, la amplia mayoría de los despidos y suspensiones (58 por ciento) se produjo en el área de servicios, seguido por la construcción (19 por ciento), industria (14 por ciento), comercio (5) y el sector primario (4 por ciento). No se observó en el período analizado en el comercio un sensible aumento de cesantías, prevaleciendo las reducciones salariales, en especial en locales de expendio de comidas, y suspensiones con bajas de haberes en venta de electrodomésticos y casas de venta de productos deportivos”, afirmó el CEPA.
En ese contexto, también se lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por 10.000 pesos para personal informal y monotributista de las categorías A y B -las más bajas- a través del organismo de la seguridad social (Anses), y el pago de un bono de 5.000 pesos entre abril y julio próximos para los empleados de la salud de todo el país, un servicio considerado "esencial".
El Ejecutivo determinó la suspensión de los desalojos, el congelamiento tarifario y la refinanciación de los pagos de las tarjetas de crédito, y lanzó una línea de créditos para empresas con tasa preferencial al 24 por ciento, postergó el pago de contribuciones patronales y asistió a las firmas de hasta 100 trabajadores con dos salarios mínimos (poco más de 3.000 pesos) para contribuir al pago de haberes.
Todas esas medidas oficiales, según el Ministerio de Trabajo, se adoptaron en el contexto de la prioridad absoluta otorgada a las personas y al cuidado de su salud para contener las consecuencias del brote y expansión del coronavirus.