Candonga: vecinos serán querellantes en causa contra ex funcionarios

Vecinas de un bosque serrano de las Sierras Chicas podrán intervenir en el carácter de querellantes particulares en la causa en la que están imputados el exsecretario de Ambiente, Raúl Costa, y otros funcionarios de dicha área por la presunta comisión de abuso de autoridad durante el proceso de autorización de un proyecto de urbanización en Villa Candonga.

Así lo resolvió la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que concluyó que las vecinas podrían considerarse “afectadas” y legitimadas para intervenir en el marco de una causa en la que se encuentran en juego intereses de incidencia colectiva, protegidos por la Constitución nacional. 

El Alto Cuerpo hizo lugar al recurso de casación formulado por las vecinas contra la resolución de la Cámara de Acusación que, al rechazar un recurso de apelación planteado por las mujeres, había confirmado la decisión del Juzgado de Control en lo Penal Económico de excluirlas de la calidad de querellantes particulares. 

En la causa se investiga si los imputados aprobaron el aviso de proyecto y el estudio de impacto de ambiental presentado por la empresa TICUPIL SA, para la autorización del denominado “Emprendimiento inmobiliario turístico de Villa Candonga”, en contravención a lo previsto por las leyes de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (n.º 9814/2010) y de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (n.º 26331). Esto, en tanto el predio se encuentra ubicado en el Valle de Candonga, área comprendida en la denominada “zona roja”, en la que -según la normativa referida- el bosque nativo existente no debe ser transformado.

Asimismo, es motivo de investigación si, durante la tramitación administrativa, se dio cumplimiento a la participación ciudadana ordenada por la Ley de Presupuestos Mínimos para los proyectos de desmonte de bosques nativos, requisito que en cada jurisdicción debe garantizar la autoridad de aplicación antes de autorizar un determinado emprendimiento. 

El TSJ entendió que las vecinas, lejos de tener un interés simple en la causa penal, “tienen un interés concreto y diferenciado” reconocido por la propia ley. Por esa razón, luce “plenamente razonable, entonces, entender que ellas reúnen la condición de ‘afectadas’ y que resultan habilitadas para intervenir como querellantes particulares en este proceso penal que involucra, precisamente, una cuestión ambiental referida a un bosque nativo y a la vulneración de normativas y procedimientos a los que de modo claro e inequívoco alude la plataforma fáctica a la hora de describir el accionar delictivo que, prima facie, se endilga a los imputados”. 

Por su parte, la Asamblea de Vecinos del Chavascate, que integran vecinos de las localidades de Agua de Oro, Cerro Azul y El Manzano, recordaron que la lucha por evitar la concresión del emprendimiento inmobiliario lleva diez años, y que la causa se encuentra en etapa de Investigación Penal Preparatoria, a la espera de su elevación a juicio.

Debe destacarse también que los vecinos llevaron adelante tres acciones en torno a este anteproyecto: un amparo en contra de la Resolución 1200 que autoriza el emprendimiento, una denuncia contra el ex Secretario de Ambiente y dos de los integrantes de la Comisión Técnica Interdisciplinaria y un amparo ambiental contra Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep).