Consuelo Cabral
Hace poco más de un mes, el jefe comunal de Dique Chico, Nilo Pérez, firmó la prohibición de aplicar agrotóxicos a menos de 1.000 metros del casco urbano de la localidad cordobesa. La resolución comunal 242/17 creó en la localidad ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba “una zona de resguardo ambiental”, en la que está prohibido fumigar.
La zona de resguardo abarca un mil metros a partir del límite de la población urbana y de cualquier casa habitada de la localidad, además de la Escuela Bernardo de Monteagudo, de Bajo Chico y el Jardín de Infantes Mariano Moreno Anexo Bajo Chico.
Sin embargo la lucha de los vecinos de Dique Chico contra las fumigaciones llevadas a cabo por cinco productores de dicha comuna, sufrió este miércoles un duro revés de la Justicia de Córdoba.
Los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, integrada por Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz de Gallardo, hizo lugar a la medida cautelar pedida por los sojeros y la justicia suspendió por 30 días la Resolución de la Comuna, permitiendo las fumigaciones durante ese plazo, y a partir del 2 de enero de 2018.
El recurso de amparo fue interpuesto por los productores Fischer y Dalmasso, entre otros, el pasado 15 de diciembre y busca que se declare nula la disposición de la comuna. Los trabajadores agropecuarios sostienen que la norma crea dos zonas más que se encuentran bajo jurisdicción provincial, y en parte, de la Municipalidad de Anisacate. Es por eso que afirman que la medida es arbitraria e ilegal.
En su escrito, la Justicia ordenó a los productores a presentar en un plazo de 20 días hábiles judiciales, un informe "acerca de la metodología, procedimientos y maquinarias utilizados en el tratamiento, la aplicación y la disposición final de envases, restos o desechos de los productos químicos y biológicos de uso agropecuario y fitosanitarios, acompañando en su caso la documentación acreditante de ello, que aún no hubiese sido agregada al proceso".
Además, los jueces pidieron otro informe en el mismo plazo al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre "cada uno de los procedimientos de inspección y fiscalización realizados en el marco de la Ley 9164 en la Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) creada por la Resolución N° 242/2017 de la Comuna de Dique Chico, que aún no se hubieren adjuntado al Expediente", y le ordenó intensificar las acciones de inspección y fiscalización en la zona de referencia. En el informe el Ministerio deberá se explicar si la prohibición firmada por Nilo Pérez es más restrictiva que la establecida en la Ley N° 9164.
Finalmente, también ordenó al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al Ministerio de Salud dar cuenta de los informes llevados a cabo en la Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) sobre daño ambiental y la salud de la población, "incluyendo los estudios epidemiológicos que pudieren haberse realizado o que pudieren realizarse".
Cabe destacar, que meses previos a la salida de la resolución, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados denunció que los productores, con presencia de funcionarios del ministerio de Agricultura, fumigaron en el campo de ingreso al pueblo, sin el aviso previo de 48 horas que había sido establecido en la mesa de diálogo, para que puedan alejarse de la zona. "No nos avisaron, por eso que estén los funcionarios del ministerio es una burla", señalaron en aquella oportunidad.
Apelación de los vecinos
En diálogo con LA NUEVA MAÑANA, el abogado Darío Ávila, que representa a los vecinos de Dique Chico, dijo que "ésta es una suspensión excepcional que se supone debe ser por única vez".
Ávila agregó que "la aceptación de la cautelar implica un adelanto de opinión de la Justicia, lo que ya sienta un criterio en el caso, ya que los jueces priorizaron el negocio de los sojeros por sobre el derecho a la salud de los vecinos".
En ese sentido, el abogado especialista en conflictos socio ambientales, indicó que apelarán la decisión de la Justicia en las próximas horas.
Asimismo, los vecinos denunciaron este jueves a través de un comunicado que el ex jefe comunal Abel Cistaro presentó una carta documento a la comuna para que dé marcha atrás con la resolución, "yendo en contra de toda la comunidad que apoyó y pidió por esta resolución".
A la vez señalaron que la decisión de los jueces no tuvo en cuenta a ningún vecino, si no sólo los intereses de los productores. "Hoy deberemos nuevamente cerrar nuestras ventanas y puertas o irnos de nuestras casas, o también oler en el aire el veneno que entra a nuestros cuerpos. Nuevamente nos opondremos, en las calles, en los campos, en las redes sociales, en la plaza, cómo hemos hecho hasta ahora. Pedimos a todas las organizaciones, medios y vecinos acompañen este reclamo", señalaron.
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