Por Adrián Camerano - Especial para La Nueva Mañana
A Dique Chico le llegó el turno. Esta apacible comuna de menos de 500 habitantes, ubicada a 14 kilómetros de Alta Gracia y unos 40 de Córdoba Capital, discute prohibir las fumigaciones en la zona, tras años de aplicaciones a metros del casco urbano. Como ya ocurrió en la ciudad del Tajamar, el debate enfrenta dos posturas irreconciliables: la de los vecinos que defienden el derecho a la vida y la salud, y las de los productores –en su mayoría sojeros- que se escudan en el “derecho a trabajar”. La clara colisión de derechos configura una disputa política, que se da en las calles y las redes virtuales y promete seguir ir crescendo.
Por estos días los vecinos están a punto de lograr el cese de las fumigaciones en la zona. El jefe comunal Nilo Pérez (UPC) estudia el texto de una resolución comunal en ese sentido, con asesoramiento de organizaciones ambientalistas que ya han avanzado en normativas similares en otros puntos de la provincia. Pero mientras el jefe comunal afina la lapicera, los productores no se quedaron quietos, y este lunes 2 salieron a las calles del pueblo con camiones, tractores y camionetas todo terreno, exigiendo la continuidad de la utilización de agrotóxicos en las prácticas agrícolas.
Este lunes 2, los productores salieron a las calles del pueblo con camiones, tractores y camionetas todo terreno, exigiendo la continuidad de la utilización de agrotóxicos en las prácticas agrícolas.
La polémica por las aplicaciones en la zona tomó fuerza un año atrás, cuando los habitantes denunciaron fumigaciones en campos aledaños al acotado casco urbano. En aquel momento señalaron que las aplicaciones se realizaron “a metros de la escuela” de la zona, mostraron preocupación por la salud de la población y amenazaron con denuncias penales. Aquella vez Pérez navegó entre dos aguas, y el tema salió de agenda hasta estos días, cuando -a la vuelta del calendario de siembra- le llegaron al jefe comunal varias recetas de aplicaciones, listas para ser visadas. Cuando los vecinos se enteraron, reactivaron el reclamo y le exigieron a su representante que legisle sobre el tema. En eso están.
“Hemos decidido darle todo el apoyo al jefe comunal, para que tome la decisión que queremos todos los vecinos. Él tiene un rol fundamental”, señaló Esteban José, uno de los vecinos de la zona que se oponen a las aplicaciones y proponen la reconversión agroecológica de los campos cercanos. Los terrenos están ubicados en una “zona gris”, fuera del radio de acción comunal; pero como ya está solicitada la ampliación del ejido urbano, sería vinculante toda resolución que la comuna tomase sobre esos predios.
Desde 2004 rige en Córdoba la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9164, el eje normativo al que deben acogerse las zonas grises o todos aquellos pueblos y ciudades que no tengan ordenanzas propias. La ley restringe parcialmente las fumigaciones terrestres, estipulando que en los 500 metros vecinos a viviendas no pueden aplicarse algunos productos, aunque sí permite otros, considerados como de menor riesgo tóxico. De todas maneras, en esos casos exige que se cumplan varios requisitos (climáticos, técnicos y de aplicación mediante un profesional autorizado y con maquinarias habilitadas), más un control de la comuna o municipio.
Con el reinicio del calendario de siembra y ante la aparición de las nuevas recetas fitosanitarias, los vecinos juntaron firmas, hicieron asambleas y se reunieron con Pérez para que le dé un corte al tema. A su vez, los productores marcharon el lunes 2 exigiendo el visado de los pedidos y entregaron un petitorio a la comuna. Los recibió la tesorera, y hubo algunos cruces verbales con vecinos que impulsan la ordenanza; la polémica se traslada también a las redes sociales, en páginas de Facebook y los comentarios de cada artículo que realizan sobre el tema los medios de la región.
Tras la movilización, el jefe comunal salió a aclarar en un periódico zonal: “No estamos en contra del trabajo de la gente del campo”, pero bregó por avanzar con el principio precautorio, legislando para que “curemos en salud y evitemos posibles inconvenientes, antes que lamentar enfermedades después”.
En Dique Chico creen que Pérez firmará la resolución en las próximas horas, y así el pueblo se sumará a otras localidades cercanas que ya han legislado sobre las aplicaciones, como la cercana Anisacate, que las prohibió hace una década.
En 2012 la ciudad de Alta Gracia sancionó una ordenanza que prohibía las fumigaciones a menos de 1500 metros del casco urbano. Fue tras meses de reuniones en el Concejo Deliberante, donde expusieron sus posturas vecinos autoconvocados, centros vecinales y organizaciones como los Médicos de Pueblos Fumigados, por un lado; y el INTA, los productores y el colegio agrotécnico padre Domingo Viera, por el otro. Si bien los vecinos proponían una “Alta Gracia libre de fumigaciones”, el deliberativo local terminó aprobando la restricción parcial, que a la vuelta de los años planteó otros dilemas: el acotado poder de contralor de la Municipalidad y la continua ampliación del casco urbano, que va “corriendo” los 1500 metros hasta toparse con comunas linderas que sí aplican.
Por esos días se difundía un estudio sanitario realizado por la cátedra de Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas, según el cual el 51 por ciento de un grupo de vecinos relevados en barrio Parque San Juan poseía alguna afección que podría vincularse con la exposición a las fumigaciones en campos pegados a esa zona urbana.
Cinco años más tarde, la ordenanza sigue judicializada por los productores, que en muchos casos reconvirtieron sus campos en loteos a precio de mercado –cada vez más caros- y sin servicios básicos, montados sobre tierra fumigada.
 |
Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más,
en la edición impresa de La Nueva Mañana
[Desde junio en todos los kioscos de la capital de Córdoba]
