Tras una presentación de concejales de ADN, el fiscal de Alta Gracia Alejandro Peralta Otonello decidió remitir el expediente que investiga la presunta contaminación de la planta de residuos peligrosos de Taym al fuero provincial Anticorrupción.
Los legisladores solicitaron investigar no sólo a la empresa concesionaria de la planta sino a funcionarios provinciales por los desbordes generados el martes 28 de marzo pasado. Hay que recordar que el fuero Anticorrupción de la Justicia provincial se ha caracterizado desde su creación en 2003 por no avanzar en ninguna causa contra integrantes del poder político.
En lo que logró hacer Peralta Otonello, las muestras obtenidas en los alrededores de la planta habían probado la contaminación. Faltaba determinar si la contaminación llegó o no al canal Los Molinos, que provee de agua al 30 por ciento de la ciudad de Córdoba.
Por su parte, el Presidente del Bloque ADN, Tomás Méndez, se expresó tras la decisión del Fiscal y manifestó: "Nos han informado desde la Justicia Federal que la denuncia que presentamos la van a remitir a la Justicia Provincial porque el cauce que estaba contaminando Taym es provincial. Lo que es un sin sentido porque la Ley Nacional garantiza el resguardo de los residuos peligrosos y, Taym maneja eso -residuos peligrosos- por lo que consideramos que la Justicia Federal debió investigar este caso; pero se lavaron las manos y lo derivaron a Alta Gracia y ahora la Fiscalía de Alta Gracia dice que no puede investigar a funcionarios provinciales y entonces nuestra denuncia termina en la Fiscalía Anticorrupción, que es como decir que va a terminar en la nada".
A lo que agregó: "Lo lamentable es que todo el relevamiento que realizamos en ese momento con profesionales de los equipos técnicos de ADN, sobre las aguas contaminadas de la Planta, y que presentamos ante la Justicia, va a quedar absolutamente en la nada". Finalmente, indicó que"está todo mal porque la Justicia resguarda al poder político y en este caso al poder empresarial".
El acontecimiento producido el pasado día 28 de marzo, en el predio que la Empresa TAYM de “Tratamiento y Disposición Final de Residuos Peligrosos” posee en la ruta 36 en cercanía a las localidades de Bouwer y Villa Parque Santa Ana, puso al descubierto, la gran incapacidad del Estado Provincial para ponderar de manera adecuada, técnica y administrativamente, las condiciones bajo las cuales autorizó el emplazamiento de la Planta, en un lugar, que conforme las características hidrológicas y geomorfológicas, jamás debió haber ocurrido.
Bastó simplemente con la caída de apenas unos 120mm de lluvia para dejar al desnudo no sólo impertinencia, sino además la inconveniencia y peligrosidad del Proyecto.
Cabe recordar, que el fenómeno meteorológico, para nada excepcional ni extremo para el lugar, produjo la rotura de un terraplén de la empresa ocasionando la salida de desechos lixiviados que drenaron a través de la masa de residuos allí dispuestos y almacenados, llegando hasta el canal a cielo abierto del Dique Los Molinos, ubicado a unos pocos metros del lugar donde se verifico este desastre ambiental sin precedentes.
En diálogo con La Nueva Mañana, el abogado ambientalista Darío Ávila señaló que "es evidente que en el caso de la Empresa Taym, la autoridad provincial (Agencia Córdoba Ambiente) o no ha requerido la presentación del correspondiente EsIA, cosa que descartamos, toda vez que tal exigencia resulta obligatoria por imperio legal, o bien, no ha realizado un estudio acabado, pormenorizado y crítico del mismo, analizando los eventuales riesgos ambientales y/o sanitarios a los que podía exponer a la comunidad, la instalación de una planta de estas características, en un sitio con un declive de mas de 100 metros, propenso a formar escorrentías de manera permanente y habitual, tal como quedó evidenciado en el hecho ocurrido el día 28 de marzo".
