Las protestas del agro instalaron el debate sobre la política impositiva
Impuesto a la renta inesperada: el proyecto que generó la reacción de parte de empresarios y políticos opositores y la discusión sobre la estructura tributaria.
Impuesto a la renta inesperada: el proyecto que generó la reacción de parte de empresarios y políticos opositores y la discusión sobre la estructura tributaria.
Sin la adhesión de la Mesa de Enlace nacional, entidades agropecuarias del interior arribaron a las 15 a la emblemática plaza, con sus tractores.
La incorporación más sobresaliente es la de Matías Lestani, proveniente de Cooperativas Rurales Argentinas (CRA), a quienes algunas entidades tildaron abiertamente de "traidor"
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, y ex presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, hablaron sobre el vínculo de los pequeños y medianos productores con el Gobierno.
El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno nacional espera poder avanzar en acuerdos con el sector,y destacó los contactos con el Consejo Agroindustrial Argentino.
Analizan medidas a seguir, a raíz de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno en torno a las exportaciones de carnes, lácteos y granos, con más requisitos y controles.
Desde el organismo denunciaron que "no se hizo ninguna auditoría" y que el Gobierno "mintió" sobre no despedir a trabajadores cuyas tareas son necesarias para garantizar el funcionamiento. Con estas medidas, que ahora afectan a la planta administrativa, "Conicet va camino al cierre", alertaron los trabajadores.
El abogado Gianfranco Davicini, que representa a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), precisó que las personas suspendidas percibirán un 75% de su salario y explicó que esta medida se enmarca en un plan de retiros y jubilaciones anticipadas.
El abogado Luis Alberto Díaz presentó ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023 para impedir su aplicación total o parcial.
Los denunciados "podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos".
Además le impusieron una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación especial de dos años y seis meses como así también una multa equivalente al 50% de la cantidad de dinero desviada.