Córdoba garantizará el derecho a la búsqueda de identidad

Impulsan en la Legislatura la creación de un programa para quienes deseen reconstruir su historia, conocer a sus familias biológicas y sus orígenes. Las pruebas de ADN serán gratuitas.
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Ilustración: Daniel "Pito" Campos

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La búsqueda de la identidad en la República Argentina lleva marcada a fuego las huellas imborrables que le dejaron a miles de personas la aplicación de un plan sistemático de terrorismo de Estado aplicado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar, que en el albor de su desquicio ideó, como forma de terminar con un pensamiento, el secuestro de bebés nacidos en cautiverio y la apropiación de hijos.

Cuando se corrió el velo de la mentira, esos hijos emprendieron y otros aún intentan encontrar su identidad. Fue a través de la lucha inclaudicable de los organismos de Derechos Humanos y de las Abuelas de Plaza de Mayo que ese derecho fundamental adquirió visibilidad social y carácter constitucional. No tuvieron que librar una batalla de fuerzas. Uno de los principales obstáculos con los que se encontraron en la búsqueda del origen y la identidad real de una persona fue la negativa de hospitales públicos y clínicas privadas a facilitar los archivos en los que constan los datos natalicios, entre otras cuestiones.

Unas 3 millones de personas que desconocen su identidad en el país

Se estima que en la República Argentina existen más de tres millones de personas que no conocen sus raíces; crecieron con padres adoptivos y la mayoría de ellos aún no lo sabe. La trata y tráfico de personas ocupa el tercer lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas y el de armas, siendo uno de los principales causales de la pérdida de identidad.

En igual sentido, desde el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación señalaron que es cada vez es más creciente el número de personas en nuestro país que desconoce su identidad. No son hijos de desaparecidos durante la última dictadura ni pertenecen al grupo de los apropiados aun cuando, como ellos, tienen adulterado su origen. Carecen de una certeza fundamental: quiénes son sus padres, el lugar donde nacieron o el nombre que los identifica.

Son innumerables las razones y situaciones por las cuáles existen millones de personas con su identidad adulterada. En muchos casos se trata de personas que quieren saber quiénes son sus madres, a las que -sospechan- les robaron a sus bebés para ser vendidos. Otros, entregados por chicas en situaciones vulnerables a mujeres que no pueden tener hijos… Madres que narran con dolorosa precisión el nacimiento de un hijo al que horas después le anuncian muerto. Partidas de nacimiento cuyas fechas no coinciden, historias clínicas visiblemente adulteradas; mujeres ya adultas que escuchan a su madre confesar, décadas después, que el hijo o la hija al que creía muerto está con vida. Sin que conozcan ni su nuevo nombre ni paradero. Padres que buscan a sus hijos robados, hijos que preguntan por sus padres.

Un proyecto que une a oficialistas y opositores

Para garantizar el derecho a la identidad biológica o de origen facilitando la investigación y búsqueda de información a toda persona que presuma que ésta ha sido suprimida o alterada en el momento del nacimiento o posteriormente, los legisladores Daniel Passerini, de Unión por Córdoba (UPC), y Javier Bee Sellares, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentaron dos proyectos que serán compatibilizados para ser sancionados como ley para garantizar este derecho fundamental.

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Passerini: “Este proyecto de ley apunta a que toda persona que tenga la necesidad de conocer su identidad biológica acceda a su debido derecho para ello, ese es el espíritu de esta ley, que garantice el derecho a conocer la identidad biológica de las personas que dudan de ella”.

“Este proyecto de ley apunta a flexibilizar esas barreras y para que toda persona que tenga la necesidad de conocer su identidad biológica tenga debido derecho para ello, ese es el espíritu de esta ley, que garantice el derecho a conocer la identidad biológica de las personas que dudan de ella”, aseguró Passerini.

La iniciativa apunta a las personas que presumieran que su identidad ha sido suprimida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento, y las personas adoptadas, cualquiera sea la fecha en que ésta se hubiere producido.

“Cuando una persona se entera a determinada edad que obviamente la identidad que tiene no es la identidad biológica porque pertenece a una familia adoptiva, se encuentra con muchos interrogantes, y comienza un derrotero en registros civiles, hospitales, clínicas, etc. Generalmente la información con la que cuentan esas personas es muy precaria y a veces con la información más precisa, la barrera que tienen desde el punto de vista legal es la inaccesibilidad a los registros de información de historias clínicas, los libros de partos o los registros civiles donde muchas veces se necesita una orden judicial para poder acceder a la información”, explicó Passerini en diálogo con La Nueva Mañana.

El libre acceso a registros públicos y privados, un derecho que se hacía esperar

Una vez aprobada la norma, los ciudadanos que intentan conocer su identidad de origen tendrán derecho a acceder, en forma libre y gratuita, a toda documentación y registros de partos, de nacimientos, de neonatología, de defunciones, libros de entradas y salidas, e historias clínicas archivadas en cualquier efector de salud, tanto de gestión pública como privada, provinciales o municipales; a los registros y documentación del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y/o de cualquier otro organismo que pueda proporcionar información útil.

“Debemos, por tanto, dar respuesta, a la demanda de estos hombres y mujeres a los que se les sustrajo la identidad no por un Estado terrorista sino por un Estado omiso, desorganizado y mal integrado en una nación a la hora de garantizar la verdadera filiación de los recién nacidos”, aseguró el legislador Bee Sellares en diálogo con La Nueva Mañana.

Javier Bee Sellares
Bee Sellares: “Debemos dar respuesta a la demanda de estos hombres y mujeres a los que se les sustrajo la identidad, no por un Estado terrorista sino por un Estado omiso, desorganizado y mal integrado a la hora de garantizar la verdadera filiación de los recién nacidos”.

“Esta ley lo que promueve a lo ya existente es complementar justamente con los servicios con los que el Estado cuenta proveer todas las herramientas para que una persona que necesita la información para conocer su identidad pueda obtenerla sin tantas barreras”, explicó Passerini.

Iniciado el pedido, el Estado cordobés gestionará frente a organismos públicos nacionales, provinciales y municipales todos los trámites administrativos necesarios para procurar la información relacionada con la identidad biológica y de origen del interesado y brindará asistencia psicológica integral y gratuita a todas las víctimas de alteración o supresión de identidad y se les brindará patrocinio jurídico gratuito especializado.

La creación de una nueva base de datos

Para implementar el programa la ley estipula que los establecimientos de gestión pública o privada del sistema de salud de la Provincia deberán preservar los registros de entrada y salida; libros de partos, de nacimientos, de neonatología y de defunciones producidos en dichos establecimientos, poniéndolos siempre a disposición de este programa preservándolos (de acuerdo a las técnicas de conservación y seguridad vigentes) por un plazo mínimo de diez años en el establecimiento y luego deberán ser remitidos para su archivo definitivo en un área creada por el gobierno.

Para la implementación del programa propuesto por los legisladores se registrará en una base de datos única toda la información relacionada con las víctimas de una situación de alteración o supresión de identidad, con el objeto de organizar y entrecruzar la información con los registros existentes o que en lo sucesivo se creen a los mismos efectos a nivel municipal, provincial y nacional.

Todo funcionario que contravenga esta ley, omitiendo lo que ordena o impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos, será sancionado con multa conforme el Código de Convivencia, Ley 10.326, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y/o penal que les pudiera corresponder.

“El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental y consustancial a los atributos y a la dignidad humana y su privación coloca a las personas en situaciones que le dificultan o impiden el goce o el acceso a otros derechos. Es indiscutible que toda persona tiene derecho a tener una identidad desde su nacimiento. La identidad biológica y de origen constituye uno de los pilares del concepto de persona y por consiguiente no debería concebirse como un presupuesto concedido por el orden jurídico o la voluntad de una norma. Es un derecho humano universal, consagrado por la normativa internacional en la materia, por lo que debe ser garantizada en todo el territorio de la Nación y en condiciones de igualdad”, aseguró Bee Sellares.

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Ilustración: Daniel "Pito" Campos

El Ministerio de Justicia, autoridad de aplicación

La información o búsqueda deberá requerirse por los beneficiarios a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que será la autoridad de aplicación de la ley a través de la Secretaría de Derechos Humanos.

El Ministerio gestionará gratuitamente el acceso a los diversos registros detallados para la obtención de toda la información relacionada con la identidad biológica; el acceso a los medios y recursos necesarios para la realización del examen de compatibilidad de ADN (ácido desoxirribonucleico), en aquellos casos que sea necesario para la constatación de la identidad biológica y articulará con otras dependencias relacionadas directa o indirectamente con la finalidad de la presente ley.

Para la realización del análisis genético, la Provincia pondrá a disposición de los ciudadanos de manera gratuita el Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba (Ceprocor), una institución orientada a la prestación de servicios, la investigación y el desarrollo científico-tecnológico que cuenta con dos sedes ubicadas en la ciudad de Córdoba y en Santa María de Punilla, donde se realizan actividades vinculadas a tres grandes áreas de conocimiento: Alimentos, Salud y Medio Ambiente.

La futura reglamentación, a cargo del Poder Ejecutivo, establecerá el procedimiento administrativo para llevar a cabo los trámites de búsqueda, respetando los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, agilidad procesal y confidencialidad.

“El Estado es el responsable de garantizar la identificación de todas las personas al nacer y por lo tanto también le debería caber la responsabilidad por omisión frente a la alteración o supresión de esa identidad. Debe por lo tanto poner a disposición del ciudadano todos los mecanismos y las herramientas que faciliten la obtención de la verdad material, sin la cual no hay identidad plena posible”, manifestó Bee Sellares.

Una iniciativa que se debatirá tras el receso invernal

“La idea es compatibilizar los proyectos e invitar a varios legisladores de esta Legislatura que sabemos que trabajan y participan activamente en organismos de DDHH y que seguramente tienen mucho que aportar en esta idea, y seguramente después del receso de julio comenzar a trabajar ya, inclusive acudiendo al Ejecutivo para buscar más información”, detalló el legislador del oficialismo.

“Es indispensable que se establezcan políticas públicas que, en forma específica, constante y sistemática, garanticen el derecho a la identidad, y para ello se hace necesaria la creación de un órgano especializado responsable de asistir en la investigación y búsqueda de su identidad biológica a quienes presuman que ésta ha sido suprimida o alterada”, dijo Bee Sellares.

Para finalizar el legislador del oficialismo, autor de uno de los proyectos, dijo que “entendemos que es una iniciativa positiva que puede brindar una herramienta de solución para muchísimas personas que hoy persiguen todavía el interrogante de saber cuál es su identidad biológica y que reitero, muchos de ellos nos cuentan de estas barreras infranqueables para un ciudadano común y que muchas veces desisten de la búsqueda para no judicializar su historia”.

Santa Fe, pionera

La provincia de Santa Fe fue la primera del país en implementar el área de Derecho a la Identidad y Búsqueda de Origen, con el fin de brindar atención y asesoramiento a todas las personas que desean reconstruir su historia, conocer a su familia biológica y sus orígenes.

Este espacio, dependiente de la secretaría de Derechos Humanos, comenzó a funcionar en 2015, y hasta ahora incorporó a 200 personas a su base de datos confidencial, y posibilitó cinco encuentros.

Córdoba será el segundo Estado de Argentina en implementar como política la búsqueda de este derecho fundamental.

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