Alta Gracia: acusan al municipio por quitas millonarias a multinacional

Política 02/07/2018 Por
Más de $5 millones calcula la oposición que es la quita impositiva que la Municipalidad de Alta Gracia pretende aplicar sobre Telecom, que tiene instalada una gran estructura portante en la ciudad.
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Facundo Torres, Intendente de Alta Gracia; Concejal Roberto Brunengo (UCR).

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Por: Adrián Camerano - Especial para La Nueva Mañana

El tema es de larga data y cobró actualidad por estos días, con la audiencia pública que trató la modificación tarifaria para las estructuras portantes. Allá por 2004 la Municipalidad que encabezaba el radical Mario Bonfigli -condenado recientemente por exacciones ilegales- firmó un convenio por diez años, que establecía a Telecom un canon de apenas 40 mil pesos por todo el período, a razón de 333,33 pesos mensuales, y con renovación automática cumplido el plazo, para instalar una antena en un espacio público.

Lo irrisorio del asunto ya había sido advertido en 2011 por Pablo Catania, el director por los usuarios del Ersep, un ente creado para la gestión de los servicios públicos municipales que tuvo vida efímera. Para el entonces funcionario, el contrato por la instalación de la antena en un espacio público “atenta contra los intereses de los usuarios por otorgar a una empresa multinacional un alquiler de espacio público a precio presumiblemente vil y con concesiones de sub-alquiler y opción a compra cuestionables”, señaló en su momento en un informe oficial. Por aquella época la antena era también cuestionada por los vecinos de la zona, que la sindicaban como factor de riesgo sanitario por las radiaciones, y pedían su relocalización a un sector despoblado.

En 2012, el entonces intendente Walter Saieg impulsó por primera vez el cobro de tasas, y en 2014 Torres –entonces intendente interino, por el pase de Walter Saieg a Provincia- derogó el convenio, y sentó nuevas reglas de juego. El tema es que la multinacional se negó a pagar un canon más alto, y a lo largo de los años pasaron dos cosas: la estructura siguió funcionando normalmente y en su emplazamiento original, y la deuda se fue acumulando.

En el último tiempo, y a poco más de un año del vencimiento del nuevo convenio, las negociaciones entre las partes derivaron en un nuevo convenio por la deuda, que aún no se elevó al Concejo, y en un proyecto para bajar las tasas de ahora en más, que se trata por estos días en el Concejo Deliberante de Alta Gracia.

El radicalismo le apunta al intendente

Para el concejal radical Roberto Brunengo, “Torres firma un convenio donde según nuestros cálculos le va a condonar una deuda de poco más de 5 millones de pesos, el 60 por ciento del capital de una deuda generada entre el 2012 y el 2018 más lo que queda hasta diciembre de 2019, que es el plazo que abarca el convenio. Por supuesto, la presión fiscal hacia cualquier otro mortal es tremenda, porque te atrasás en 4 o 5 cuotas y te empiezan a llegar las citaciones prejudiciales y hasta las intimaciones a juicio”, completó.

Ahí está el quid del asunto: mientras los vecinos de Alta Gracia soportan cada año importantes subas en tasas e impuestos, a una multinacional que en su momento pagó poco o nada se le pretende condonar parte de una deuda millonaria, y sacarle presión impositiva a futuro, en pos de “inversiones para la mejora del servicio”.
Según Brunengo, en el convenio que firmó con Telecom, Torres “asume un compromiso que es legislativo, no de él, para modificar la ordenanza vigente que establece las tres tasas para estructuras portantes: de localización, de habilitación y de verificación anual”. Por “modificar” léase “reducir”, y ese fue el tema central de debate en la audiencia pública que se realizó el lunes 25, con una fuerte participación vecinal.

El oficialismo se defiende: “Es parte de una negociación para cobrar una deuda”

El oficialismo defendió las quitas argumentando que las tasas locales para las estructuras portantes son porcentualmente mucho más altas que en el resto de la provincia. “En la Tasa de Verificación estipulada para 2018 en Alta Gracia nosotros le cobramos a esta empresa 260 mil pesos, San Francisco cobra 198 mil pesos, Córdoba 125 mil pesos, Río Cuarto 117 mil pesos y Río Tercero 60 mil pesos”, afirmó Mauro Proto, director de Ingresos Públicos. Su colega Edgar Pérez, secretario de Infraestructura y posible candidato oficialista a viceintendente, señaló que “no es que un día el intendente se levantó y decidió bajarle los impuestos a una empresa, es parte de una negociación para cobrar una deuda”. El argumento es que la quita evita la judicialización de la deuda, importa el ingreso de fondos frescos a las flacas arcas locales, y garantizaría el pago regular por parte de las empresas.

Quejas del Centro de Comercio, Industria y Turismo

Pero otros sectores opusieron la fuerte presión fiscal que sufren los vecinos al trato diferenciado del que goza la multinacional. La alocución que más resonó en la sala fue la de Mariela Auer, presidenta del Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras, un ente que no se caracteriza precisamente por ser opositor a los gobiernos municipales de turno. Auer dijo que “las justificaciones no son suficientes” y cuestionó que Alta Gracia sea la localidad que cobra tasas más altas. “Hay varias otras que cobran mucho más que nosotros. Por ejemplo, y sin irnos muy lejos, Villa Carlos Paz o Villa General Belgrano”. Lapidaria, concluyó: “Hablan de que la Tarifaria aumentó más de un 900% en los últimos años para estas empresas. ¿Ustedes vieron cuánto aumentaron ellos las tarifas en ese mismo tiempo? Entre un 750 y 800%”.

El socialismo local, que por dos períodos contó con una banca en el Concejo y rompió así un bipartidismo histórico, también salió al cruce del convenio. “No es una buena señal que el intendente pretenda beneficiar a empresas que ganan millones de pesos sólo en nuestra ciudad. Es lógico que quien tiene mayores ingresos, pague mayores impuestos”, señaló el ex edil Rodrigo Martínez, de esa fuerza. “No entendemos por qué sólo se busca el beneficio de estas empresas multinacionales”, cerró.

El proyecto podría seguir avanzado en un deliberativo donde el PJ tiene mayoría, pero en tiempos preelectorales y con la ciudadanía muy sensible por el aumento de la carestía diaria, las quitas tributarias -impensables para cualquier vecino de la ciudad- pueden ser muy difíciles de explicar.  

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