Caso Maldonado: “La denuncia del Estado por ir a la CIDH es inconstitucional”

Sociedad 26/06/2018 Por
El abogado peticionario ante la Comisión Interamericana de la medida cautelar en favor de la familia Maldonado, dialogó con La Nueva Mañana. Además, se refirió a la polémica por el Testigo E.
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1 / 2 - Carlos González Quintana, peticionario ante la Comisión Interamericana de la medida cautelar en favor de la familia Maldonado. - Foto: Consuelo Cabral

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“Las machis me dicen que me haga invisible. Que no hable. Que siga con mi trabajo en este mundo sin temerle a las fuerzas que me quieren neutralizar pero con menos exposición visual. Ellas son el canal de protección que me brindan los antiguos y esto me ayuda mucho. En julio voy a encontrarme de nuevo con ellas para que me sigan sanando y protegiendo”. Lo que podría ser un dato de color en el testimonio del abogado cordobés , Carlos “Chuzo” González Quintana no lo es. Por el contrario, de alguna manera refuerza y explica porqué fueron él y su colega Fernando Cabaleiro, quienes se pusieron al hombro las denuncias por las brutales represiones que el Estado nacional llevó contra las comunidades mapuches a comienzos de 2017, antes de la desaparición y el posterior hallazgo sin vida de Santiago Maldonado en el río Chubut. Y a pesar de la intentona de Clarín -a través de todos los medios del grupo y con el periodista Claudio Andrade como escriba oficial- de instalar que González Quintana aprovechó el caso Maldonado para ganar fama, quienes conocen a estos dos letrados saben que históricamente han participado de distintos frentes de lucha, que incluyen desde conflictos socioambientales hasta juicios de lesa humanidad, generando fallos históricos incluso en la CSJN como el precedente “kersich” que declara derecho humano el acceso al agua potable. 

Por estos días, junto a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, González Quintana  integra la mesa de diálogo frente al gobierno provincial, por el conflicto de tierras en barrio Parque Esperanza, donde sin orden judicial fueron desalojadas 134 familias, el pasado 1 de junio. Las topadoras demolieron sus casas, y hoy, como refugiados, muchos de ellos viven y duermen en la capilla del barrio. Pero volviendo al tema de las machis. González Quintana viaja a verlas porque comparte su sistema de creencias. Lo mismo ocurrió cuando a comienzos de 2017 fueron convocados con Cabaleiro por la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto. Los abogados no dudaron. Cada uno desde donde estaba viajó al sur. El “Chuzo” lo hizo junto su familia. Recorrieron los dos mil kilómetros que separan a Córdoba de Chubut, en el renault 19’ modelo 95, color blanco, gnc. Cuando llegaron se encontraron con escenas y relatos tan desgarradores para ellos como naturalizados por las comunidades que habían sido reprimidas. Las imágenes de niños y niñas detenidos, con precintos en sus manos, llorando, circularon por escasos medios.

Era pleno enero, pleno verano. Durante el día González Quintana se iba a visitar a las comunidades.  “Hubo veces que pasaba días sin comunicarme con mis hijos, pero ellos ya me conocen y saben que estaba adentro, trabajando, tomando testimonios de la gente, yendo a las distintas comisarías a intentar encontrar a los peñi y las lamien que habían detenido, o que directamente no estaban. Una mujer ingresó menstruando al calabozo, los policías advirtieron eso, uno le dijo ‘tomate tu propia sangre, india sucia’. Cuando esas mujeres mapuche, imputadas por delitos que jamás cometieron, declararon en la sala de audiencia y contaron las vejaciones, las humillaciones, los golpes, el maltrato y el racismo que sufrieron, un policía que custodiaba la seguridad de la sala (de origen mapuche) rompió en llanto y se tuvo que retirar. Cuando vi eso, sentí lo mismo que me tocó vivir en la megacausa de La Perla en Córdoba”.

Las represiones de los días 10 y 11 de enero de 2017 en la pu lof en Resistencia y en Vuelta del Río, departamento Cushamen, provincia de Chubut, fueron de algún modo la antesala de lo que vendría después, y que ya conocemos. La desaparición y aparición sin vida de Santiago tras un operativo de Gendarmería. El asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de Prefectura el 25 de noviembre mientras en 25 de Mayo velaban los restos de Santiago. Los medios comenzaron a publicar nombres que después de la represión del 31 de julio y el 1 de agosto, se volvieron cada vez más familiares. El juez federal Guido Otranto, la vocera mapuche Soraya Maicoño, Matías Santana, la estancia Leleque de la transnacional textil Benetton, Cushamen otra vez.

Desde ese entonces ya estaban en terreno González Quintana y Cabaleiro, observando lo que ocurría y denunciando, como puede hacerlo cualquier ciudadano de la Argentina, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la represión ordenada por el juez federal Otranto, y consentida por el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. El prólogo es extenso pero a la vez necesario para entender el ensañamiento de Otranto, Ávila y Bullrich con los abogados que -por azar o no- fueron los únicos testigos con conocimiento en tratados internacionales y leyes que, tras ver la represión, dieron cuenta ante la CIDH de lo que estaba ocurriendo en el sur de nuestro país. Esa presentación y la que hicieron luego, cuando Santiago desapareció el 1 de agosto, desembocaron en medidas cautelares del organismo internacional hacia el Estado argentino. Y si bien existen múltiples cautelares de la Comisión Interamericana al Gobierno de Mauricio, este “llamado de atención” no le salió gratis a los abogados. La ministra Bullrich, a través de su asesor letrado Fernando Soto, los acusó de cometer cinco delitos, entre ellos, “traición a la Patria”, una figura que data del año 51’ y que tras la inclusión de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, en la reforma constitucional de 1994, carece de validez.

En ese marco, González Quintana diálogo con La Nueva Mañana y explicó los pasos judiciales que seguirán con Cabaleiro para afrontar las acusaciones, además de adelantar que pedirán derecho a réplica en los medios donde se los “difamó”. También se refirió a la polémica desatada por el Testigo E -a quien él personalmente tomó declaración cuando desapareció Santiago- y ratificó su postura, similar a la de la familia del joven artesano, acerca de que “el cuerpo fue plantado” en el lugar donde apareció.

-¿Cuáles son los delitos por los cuáles fueron denunciados por la ministra Patricia Bullrich ante el juez federal Guido Otranto?
-La ministra de Seguridad nos acusa de asociación ilícita y falsedad ideológica estafa procesal.  Todos son delitos que tienen que ver con organizarse para delinquir e introducir elementos falsos a un proceso judicial. Nosotros nunca introdujimos nada falso en la causa, porque nuestra actividad siempre fue ante un organismo que tiene sede en Washington y que no es judicial.  En mi caso, hay otro delito más que tiene que ver con la usurpación de títulos y honores, ya que se me atribuye haber invocado a la APDH (Asamblea Permanente de Derechos Humanos) sin tener representación. Este punto ya fue aclarado a través de un comunicado por la misma APDH Córdoba, que explicó que al momento de hacer la presentación yo sí formaba parte, que  fui miembro fundador del organismo, y que la sede Córdoba es autónoma e independiente de la APDH nacional, ya que tiene personería jurídica propia. En el caso del delito de traición a la patria hay dos puntos importantes. Uno, que el Estado argentino se sometió después de la reforma constitucional de 1994 a la órbita internacional de los Derechos Humanos. No solamente a la ONU, sino también a la OEA. Y la CIDH es un observatorio de Derechos Humanos, que depende de la OEA. Su tarea es fiscalizar y controlar a los estados americanos que han suscrito estos tratados internacionales. Entonces, esta ley del año 1951 que castiga a quienes denuncian a un Estado por haber violado Derechos Humanos, no tiene validez.  En realidad, y lo más importante, es que las medidas cautelares -como por ejemplo la que se sacó a favor de la familia Maldonado- no son sanciones para el Estado sino que son medidas que protegen a las víctimas justamente de las violaciones cometidas por los Estado. A nosotros nos acusan de haber instado ante organismos internacionales sanciones hacia nuestro propio país, Argentina. Y las cautelares son medidas protectoras de las víctimas, no son sanciones para un Estado, mucho menos para un gobierno. Esto significa engañar a la gente y politizar un asunto de manera falaz y tendenciosa. En el caso Maldonado, la cautelar ordenó al Estado buscar y hallar con vida a Santiago. La medida salió el 23 agosto. Además, ordenó abrir una investigación interna para determinar la responsabilidad de Gendarmería en el hecho denunciado.  El estado incumplió con ambas exhortaciones. Nunca buscó a Santiago y desde el primer día encubrieron a los responsables de este crimen atroz. Nuestro trabajo consistió no en pedir sanciones contra el Estado, sino en solicitar protección para las víctimas y los testigos del hecho. Otra cosa que es importante destacar, es que no hay una sola condena por traición a la patria en la historia judicial de la Argentina. Nunca se aplicó esa ley. Nos la quieren aplicar a nosotros. En los años 70 a los abogados que presentaban hábeas corpus en favor de los presos políticos, los desaparecían. En la actualidad nos criminalizan, nos exponen en los medios, nos difaman, nos disciplinan. Nos quieren desactivar por nuestro perfil profesional claramente en contra de este modelo opresor. Además, Otranto nos impuso una sanción económica de 25 mil pesos por agraviar su “investidura de juez”. Eso fue cuando nos presentamos en el juzgado de Comodoro Rivadavia, para ponernos a disposición tras enterarnos de las denuncias de Bullrich contra nosotros. Todos los juzgados federales del país funcionan de 7:30 a 13.30 por disposición de la CSJN, excepto los tres de Chubut. No lo sabíamos, llegamos a las 13.18. No querían recibirnos el escrito. Finalmente nos lo recibe un secretario. Lo firma y le pone el sello sobre el capó de un auto, afuera. Y dos días después nos sanciona Otranto.

-¿Qué fin considerás que persigue el Estado con estas denuncias hacia ustedes?
-Intenta instalar la hipótesis de una conspiración contra el Gobierno nacional, simulando que nosotros quisimos desestabilizarlo políticamente para incidir en las elecciones de octubre pasado. Eso dijo el abogado de Patricia Bullrich, Fernando Soto en todos los medios en donde se lo entrevistó. Un verdadero disparate. Incluso, Soto nos acusó de formar parte de una organización integrada por facciones del kirchnerismo y organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, quienes conspiraron y vulneraron derechos básicos como el derecho a la intimidad fueron justamente el juez Guido Otranto y la fiscal Ávila, quienes autorizaron escuchas ilegales interviniendo los teléfonos de los testigos y las víctimas del caso. Fue así que se “pincharon”  las líneas no solamente de Sergio Maldonado sino también las de Claudina Pillquiman -mamá del Testigo E-; el de una joven que trabajaba en una biblioteca anarquista donde dormía Santiago; y el de Ariel Garzi, amigo personal de Maldonado. Esto fue previo al 19 de septiembre que es cuando nosotros presentamos finalmente nuestra exposición ante la CIDH. Es a raíz de esas escuchas ilegales que los periodistas Claudio Andrade, de Clarín y Loreley Graffoglio de Nación, publican la parte que le conviene al Gobierno de la conversación de mi colega Fernando Cabaleiro con Ariel, donde mencionan al Testigo E y dicen que ‘habría reconocido que mintió en su primer testimonio’ cuando todavía no había declarado judicialmente. Antes de subir el testimonio, Otranto ya lo conocía. Esto es tremendo, escalofriante.

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-¿En qué momento le toman testimonio al Testigo E y qué les dice en esa primera declaración, previo a que apareciera el cuerpo de Santiago?
-Lucas Pillquiman es el nombre del Testigo E. La letra E se la pusimos porque su testimonio es “esencial” en la causa. Es un pibe de 20 años, al que se le tomó declaración en Cushamen, territorio mapuche, cuando ya no dejaban entrar a nadie. Él se acercó de forma voluntaria, estaba encapuchado, y pidió hablar pero de forma anónima, reservando su identidad y pidiendo protección y garantías, cosa que solicitamos a la CIDH en el informe final. Fue impresionante. “Yo estuve ese día. Yo estuve en la represión. Soy uno de los siete que fue reprimido por la policía”, nos dijo. Nosotros conocíamos a los que habían estado esa mañana del 1 de agosto en pu lof pero éste era un testimonio fuerte, clave en la causa. “Y vos quién sos”, le dije. Y ahí me contó que fue la última persona que tuvo contacto físico con Santiago.  Yo había ido a receptar el testimonio de Matías Santana, pero Matías ese día no estaba, entonces nos quedamos tomando unos mates en el puesto de guardia, hacía un frío bárbaro. Todavía estaban nevados los cerros. Ahí es que Lucas me cuenta que estaban cruzando el río Chubut con Santiago, en un lugar donde había unos pozones, y que él lo intenta ayudar, hasta que Santiago sólo desiste y le dice que siga, que el se va a volver a la costa. Lucas llega a la otra orilla y desde ahí, que no son más de 15 metros, escucha un disparo de escopeta y el grito de ‘acá tenemos a uno’, a la vez que ve a tres policías o gendarmes que lo suben a la loma y lo cargan en el unimog. Ese dato es clave. Entre ese primer testimonio y la declaración en el expediente de la causa, pasaron más de tres meses. En el medio, apareció el cuerpo sin vida de Santiago, el 17 de octubre, dos días antes de las elecciones legislativas, y con toda la operación mediática montada para tomar su declaración y cambiarla. Lucas mantuvo su versión pero hasta la parte donde ve a los tres efectivos. Seguir sosteniendo lo dicho era inmolarse. Es decir, sacó la parte donde lo cargan porque se asustó, porque el estado y el gobierno lo expusieron gravemente. También porque la justicia nada hizo para preservar su integridad psicofísica. Había aparecido el cuerpo, la autopsia arrojaba como causal de muerte ‘asfixia por inmersión’, y la operación de Clarín, a través de Andrade era feroz y despiadada. Incluso antes de que apareciera el cadáver de Santiago, lanzaron una versión mentirosa diciendo que Lucas le había pedido al juez Lleral una recompensa para decir dónde estaba el cuerpo, cosa que fue desmentida de forma total por Lleral. Es decir, el Estado y Clarín, operaron juntos. Y en el medio un chico con un temor tremendo, pero no por la represión o incluso por la muerte de Santiago, porque para los mapuches estas represiones son cotidianas y lamentablemente están naturalizadas. Lucas se asusta por la exposición mediática y porque a Matías Santana, que vio lo mismo, ya lo habían denunciado por falso testimonio. Cuando Lucas nos contó lo que vio, hablaba tranquilo, como si fuera un hecho más, no fueron más de 15 minutos, habló con frialdad.

-¿Es por este hecho que el Estado los acusa entonces de armar el testimonio del Testigo E?
-Claro. El Estado se agarra de la escucha telefónica que le hacen a Ariel Garzi, amigo de Santiago, cuando habla con mi colega, Cabaleiro, un día antes que nosotros presentemos el informe final ante la CIDH. Esta conversación, que debe haber sido el 18 de septiembre, tenía como objetivo chequear lo relatado por el Testigo E. Si bien me había contado a mí lo que había visto, necesitábamos alguien más, de su círculo de confianza, que nos dijera si conocía o no esto mismo que Lucas nos contaba. Por eso  es que Cabaleiro habla con Garzi y le dice: “Che, Ariel, tenemos esta información. Vos nos la podés confirmar? Y Ariel le dice ‘sí, sí, sí”. Y de eso se agarra el Estado para hablar de “construcción de un testimonio falso”. De igual modo, repito, nosotros nos manejamos fuera de lo judicial, actuamos como ciudadanos ante un organismo internacional, sin embargo nos acusan como si ese testimonio hubiera formado parte de la causa, cosa que ocurrió tres meses después que nosotros hablamos con el Testigo E, cuando en el mes de diciembre el juez Lleral le recepta testimonio bajo juramento.

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