Cambiemos propone congelamiento, censo y concursos abiertos

Representantes de la UCR, el FC y el PRO aseguraron este martes que llevarán su propio proyecto para regular el ingreso de los empleados estatales por Concursos Públicos.  
Interbloque Cambiemos
Interbloque Cambiemos - Foto: La Nueva Mañana

El interbloque Cambiemos presentará su propio proyecto de ley para regular los concursos públicos para el ingreso como agente del gobierno de la provincia de Córdoba en cualquiera de sus estamentos u organismos dependientes estipulando, a diferencia del proyecto enviado por el gobernador Juan Schiaretti, la suspensión del ingreso de personal a la administración pública, la realización de un “Censo de Empleados Públicos Provinciales” y concursos públicos y abiertos.

El censo propuesto es para determinar todos los agentes que presten servicios bajo toda modalidad de relación contractual y en todas las áreas de gobierno, tanto centralizadas como en las Agencias del Estado, Entes Autárquicos, Sociedades  del Estado, o cualquier otro organismo dependiente del Estado Provincial.

La iniciativa  establece además que una vez  realizado el relevamiento se efectuará el ingreso del personal a través de concursos públicos y abiertos garantizando la igualdad de oportunidades para la prestación de servicios  de carácter permanente en el sector público provincial, sea en el sector público financiero, como así también en todo organismo dependiente o controlado por el Estado Provincial, bajo cualquier modalidad y cualquiera sea el régimen legal que regule la relación jurídica con sus dependientes.

El texto propuesto será tratado mañana en una reunión conjunta de las comisiones de “Legislación General” y “Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social donde el interbloque pedirá que se unifiquen ambas iniciativas para poder acompañar el texto enviado desde el gobierno provincial.

Tanto el proyecto del gobernador como la del interbloque Cambiemos se enmarcan en el denominado Consenso Fiscal que el Schiaretti firmó junto a todos los gobernadores del país (a excepción de San Luis) en noviembre del año pasado por el cual se comprometieron entre otras cosas, en su primer punto, a adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno refrendada por la provincia en la sesión de la Unicameral de la semana pasada a través de la sanción de la ley 10.538.

Por esta legislación, la provincia se encuentra obligada, entre otras cosas, a no incrementar la relación de cargos ocupados en el  sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el Indec para cada jurisdicción, situación que será evaluada por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Para poder incrementar la planta de personal, las jurisdicciones deberán alcanzar un resultado financiero (base devengado) superavitario o equilibrado, asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales, como educación, salud y seguridad.

Los fundamentos que los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Cívico (FC) y la Propuesta Republicana (PRO) señalan en base a un informe Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes), -dirigido por el economista Alfredo Schclarek Curutchet- que “en lo que va del siglo, la cantidad de empleados públicos de la provincia de córdoba creció en total un 77,3 por ciento, en sólo dos años hubo una leve baja y, desde 2006, los salarios estatales que deben pagar los contribuyentes se duplicó en términos reales” siendo necesario para su erogación en el mencionado año el 5,7 por ciento del producto bruto geográfico (PGB), es decir, todo lo que los cordobeses producen en un año, mientras que en 2016 fue necesario destinar el 11,5 por ciento del PGB.

Asimismo indicaron que el gobierno defiende la suba del plantel más allá de la relación entre cantidad de empleados y oferta de servicios, y advierten basados en el informe del Cippes que, “si se estiman las jubilaciones anticipadas de De la Sota en 20.000, entonces la cantidad de empleados designados en 17 años de gobierno de Unión por Córdoba superan los 76.000.

Que más dice el informe del Cippes acerca del empleo público

En 1987, en el segundo gobierno de Eduardo Angeloz, la provincia tenía 72.722 empleados, para 1998, superaban los 87 mil y oscilaron desde entonces en esa cifra que disminuyó con la crisis fiscal de 1995 durante el gobierno de Ramón B. Mestre, siendo el único gobernador de Córdoba que entregó la provincia con menos empleados que los que recibió en todo el período democrático. En 1995, había 83.288 empleados; y en 1999, cuando dejó el gobierno había 72.528, la misma cantidad que en 1987.

Luego comenzó la serie ininterrumpida de gobiernos de Unión por Córdoba donde durante diecisiete años la planta nunca dejó de crecer, excepto en 2002 y 2006, con leves bajas llegando a septiembre de 2016 –último dato en la serie del Cippes–, a 128.575 agentes .

Son 56.047 empleados más que en 1999, se trata de un incremento de la planta de personal de la provincia del 77,3 por ciento en los últimos 17 años, que equivale a un crecimiento promedio del 3,4 por ciento anual”, señalaron desde el Cippes. En el mismo período, la población provincial creció alrededor del 19 por ciento, muy por debajo del 77,3 por ciento de los estatales y sugiere que si sigue a este ritmo, que en algunas décadas todos los cordobeses serán indefectiblemente empleados públicos.

Según estos datos, sin contar el efecto de las jubilaciones anticipadas, la primera gestión de Juan Schiaretti fue la que tomó la mayor cantidad de nuevos empleados: en promedio, 4.309 empleados por año seguido por José Manuel De la Sota, con 4.097 empleados incorporados anualmente en su primer mandato y en tercer lugar se encuentra el segundo mandato de Angeloz, donde ingresaron a la administración pública 1.981 empleados por año.

En 2006 el impacto en el gasto público fue el equivalente a $26.336 millones mientras que en 2016 la provincia erogó 41.181 millones. Se trata de un incremento del 83 por ciento en términos de pesos, por encima de la inflación. y equivale a una suba promedio anual real de 6,2 por ciento.

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