Bajo la lupa el esquema judicial de blindaje al Gobierno

Política 09/04/2018 Por
Legisladores opositores convocaron para el 9 de mayo a una sesión especial para derogar el Fuero Anticorrupción. El oficialismo dice que la oposición busca ventajas políticas.
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Carlos Gutiérrez, presidente de bloque de Unión por Córdoba.

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Por: Gastón Gracia Daponte - [email protected]

El arco opositor casi en su totalidad firmó un pedido para convocar una sesión especial en la Unicameral con el fin de derogar el Fuero Anticorrupción de Córdoba, que durante catorce años de existencia ha dado todas las garantías y actuaciones para demostrar desde su origen que el gobierno de la Provincia está blindado desde su creación, el 6 de agosto de 2003 bajo el mandato del exgobernador José Manuel de la Sota, con la sanción de la ley 9122.

Esta será la primera acción que la oposición dará para avanzar en la embestida contra la actuación de la Justicia respecto al poder político en la provincia de Córdoba. Al intento por derogar este fuero que debería perseguir los delitos económicos perpetrados desde el Estado provincial, le seguirá la revisión de las actuaciones de la Cámara de Acusación en sus resoluciones favorables al poder político en los casos de corrupción.

“Una cámara que nunca le dio sorpresas al poder político”

“El Fuero Anticorrupción es el primer paso, el segundo paso es la Cámara de Acusación que es otra de las herramientas que el gobierno de De la Sota siempre ha utilizado para tener protección, para que el gobierno no tuviera sorpresas; es una cámara que nunca le ha dado sorpresas al poder político de Córdoba, entonces si hay una cámara que no le ha dado sorpresas al poder político de Córdoba esa cámara no está funcionando bien”, aseguró el legislador Aurelio García Elorrio, presidente del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, autor de la iniciativa de resolución para convocar a la sesión especial en diálogo con La Nueva Mañana.

En este sentido el parlamentario sostuvo que esta situación “cae por su propio peso, cuando se empiecen a analizar las principales resoluciones que ha tomado la cámara en casos de corrupción que tenía el Fuero Anticorrupción, va a quedar claro qué es lo que estaba sucediendo ahí. Vamos a poner bajo la lupa el esquema judicial -que es una parte pequeña- que utilizó José Manuel de la Sota, que es el creador de todo este esquema para blindarse judicialmente. En principio es la Cámara de Acusación que bajo un gobierno de otro signo político fue la Cámara del Perdón, pero sigue cumpliendo la misma finalidad”.

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García Elorrio, presidente del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba.

Casi 20 años de gobierno, sin imputados de UPC

28 de 32 legisladores de la oposición firmaron el proyecto de resolución para convocar la sesión especial para el próximo 9 de mayo. De acuerdo al artículo 26 del reglamento interno del Poder Legislativo estipula que “son sesiones especiales las que se realizan fuera de los días de tablas o del lugar de asiento de la legislatura durante el período ordinario. Tendrán lugar a petición del Poder Ejecutivo, por resolución del plenario, o por pedido de una quinta parte de sus miembros (14 de un total de 70). La solicitud deberá ser dirigida al presidente, debiendo expresar el objeto de la convocatoria”.

“En 2018 se cumplirán catorce años de la creación del Fuero Penal en lo Económico y Anticorrupción impulsado por el entonces gobernador, el Dr. José Manuel de la Sota. Los resultados del trabajo del fuero especializado son elocuentes respecto al modo de funcionamiento del mismo. En el período mencionado fueron presentadas sesenta denuncias por diferentes actores políticos y ciudadanos. Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales y jueces son paupérrimos: siete condenas y un solo preso. De las siete condenas, apenas tres recayeron sobre políticos, ninguno de ellos perteneciente al espacio político del oficialismo. Más aún, en casi 20 años de gobierno de Unión por Córdoba, ninguno de sus funcionarios ha sido imputado”, indica el texto de los fundamentos de la convocatoria a la sesión especial.

Y agrega que “al percibir la ineficiencia e ineficacia del fuero y la oficina anticorrupción, representantes de distintos bloques legislativos de la provincia presentaron proyectos para intentar modificar o derogar la norma que prescribió su creación. En los últimos diez años se presentaron al menos siete proyectos similares con el objeto mencionado. Por la indiferencia o la negación explícita de los legisladores oficialistas, ninguno pudo ser tratado y debatido con la entidad que merece, y en consecuencia, ninguno fue aprobado”.

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José Manuel de la Sota

En este sentido los legisladores sostienen como pilar argumentativo para llevar adelante la sesión especial que “a pesar de la presentación de pruebas objetivas y en muchos casos irrefutables, la estructura del Poder Judicial en Córdoba parece incapaz e inepta para combatir la corrupción y aplicar correctamente las prescripciones del derecho penal vigente en nuestro país. La connivencia entre distintas esferas de poder puede significar una herida mortal para el sostenimiento de una república. En los últimos años hemos sido testigos del deterioro vertiginoso y permanente de la calidad de las instituciones de nuestra Córdoba”.
El proyecto de resolución pidiendo la sesión especial indica que será para darle tratamiento a cuatro proyectos de ley referidos a la derogación y/o modificación de artículos de la ley 8835 “Carta del Ciudadano”, particularmente el capítulo dos del título segundo donde trata la creación del fuero en lo penal económico y anticorrupción. La iniciativa deberá ser discutida en el recinto de sesiones donde el oficialismo tiene la potestad y los votos de rechazarlo o abocarse al tratamiento.

Gutiérrez acusa al radicalismo de querer dar “un golpe de efecto”

En este sentido el presidente de bloque de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez, manifestó que “nosotros somos serios, no tenemos reacciones como las que tiene ahora el radicalismo producto de la coyuntura que se está viviendo donde pretende dar un golpe de efecto cuando no tiene argumentos suficientes para hablar en serio de lo que se está discutiendo”.

Además manifestó que la voluntad del oficialismo es modificar este fuero pero en el marco de la discusión de la reforma judicial que impulsó el gobernador Juan Schiaretti, que está en tratamiento en las respectivas comisiones de la Unicameral responsabilizando a la oposición de intentar sacar ventajas electorales con un tema que ya está previsto abordar en el Poder Legislativo.

“Nosotros vamos a seguir respecto del Fuero Anticorrupción lo que hemos dicho, hemos mandado todo un conjunto de proyectos de ley tendientes a modificar el código en sus aspectos de mediación, en lo laboral y también en lo penal y cuando llegue el momento de discutir cómo hemos estado discutiendo la mediación y lleguemos al tema que corresponda, ahí, en ese marco, es que analizaremos la situación del Fuero Anticorrupción, pero en su momento, no como una estrella en el firmamento que lo que pretende es sacarle ventaja política; lo vamos a tratar en el marco que corresponde, de la seriedad que da tratar este tema en el marco de las modificaciones del Código Penal”, finalizó Gutiérrez.

De las Lecor a Odebrecht

Tras veinte años de ejercicio del poder, el peronismo ha sorteado innumerables denuncias por actos por posibles actos de corrupción que comenzaron con la emisión y compra irregular de bonos Lecor traídos desde Chile por Olga Riutort cuando estaba a cargo de la Secretaría de la Gobernación durante el primer mandato de De la Sota, hasta el caso de corrupción más grande de Latinoamérica denominado “Lava Jato”, en el que aparecen tres menciones de pago de coimas para obtener la obra de los gasoductos troncales en Córdoba por parte de la constructora brasileña Odebrecht, que ya ha sido condenada en todos los países del mundo en los que realizó obras obtenidas con prebendas.

Hidalgo recibió denuncias de todo tipo por su desempeño en su supuesta lucha contra la corrupción. El revés más fuerte lo sufrió semanas atrás al quedar a un paso de ser imputado, cuando la magistrada María Celeste Ferreyra emitió una resolución en la que consideró que Hidalgo no actuó de acuerdo a su función al no enviar el pedido de exhorto a la justicia brasileña para que el arrepentido de la causa explicara en detalle cómo se pagaron las coimas en la licitación de la mencionada obra pública citando una extensa jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, contradiciendo al Fiscal de Instrucción del Distrito 1 Turno 3 de la ciudad de Córdoba quien solicitó la desestimación y archivo de la denuncia que los tres legisladores cordobeses, que le habían realizado el 17 de abril del año pasado por “encubrimiento agravado” y “mal desempeño”.

“No se trató en el caso de simples omisiones aisladas o que constituyan meras negligencias producidas por la irreducible sobrecarga de trabajo de las oficinas del Poder Judicial. Tampoco se trató de un rechazo fundado en el principio de libertad probatoria consagrada en nuestro Código Procesal Penal, ya que dicha prueba (exhorto) no fueron suplidos por ninguna otra. Y el ex fiscal a cargo de la investigación, archivó la causa sin haber aclarado dichas circunstancias”, sostuvo Ferreyra en su resolución.

Una derogación que ya fue decidida por Schiaretti

Estos hechos de connotación pública son la razón por la cual el gobierno de Schiaretti ya dejó trascender que derogará la existencia de este fuero judicial al haber caído en el descreimiento casi total por parte de la sociedad cordobesa, anclado en sus sistemático accionar con la clara intención que la visibilidad de la complicidad judicial con la corrupción no se vuelva un tema de campaña, y por lo tanto un problema que el gobierno no pueda resolver para intentar retener el poder en Córdoba.

“Hay un consenso total para derogar este fuero, desde el oficialismo que ya manifestó su intención de hacerlo y desde todos los partidos de la oposición”, aseguró Elorrio. Semanas atrás el Poder Judicial se expresó en igual sentido asegurando que en el proceso de la creación del Fuero Anticorrupción, las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no fueron ni siquiera consultadas por las autoridades políticas ni legislativas.
“La presidenta del TSJ ha manifestado que éste es un problema que deben resolver los legisladores porque los funcionarios judiciales no tuvieron intervención en el proceso de creación, por eso es que el Poder Legislativo debe abocarse a resolver el problema de la complicidad de un sector de la justicia con la corrupción en el gobierno provincial”, sentenció el legislador por el vecinalismo.

A este proceso de revisión y críticas al funcionamiento de los fueros dedicados a investigar la corrupción del poder en la Provincia se suma el reiterado pedido de independencia económica que realizó el pasado viernes 16 de marzo, la presidenta del cuerpo colegiado Aida Tarditti durante la apertura del año judicial en Córdoba.
“No existe democracia si uno de los poderes del Estado no funciona, y como queremos una democracia en la que el poder judicial se le anime al político es que además de pedir la derogación del fuero anticorrupción, avanzaremos en el análisis del esquema que diseñó De la Sota”, explicó García Elorrio.

Corrupción y pobreza, la causa y el efecto

José Miguel Onaindia, abogado, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UBA, señaló que “los altos índices de indigencia y pobreza que afectan a nuestra sociedad tienen, en los actos de corrupción, una de sus causas principales, porque cuando los fondos cuyo destino es la mejora de la calidad de vida de la población sólo mejoran la fortuna de funcionarios y habitantes que realizan negocios con ellos, el malestar del habitante aumenta y se multiplica. Máxime cuando estos actos no son patológicos y aislados, sino que se repiten en la trama ordinaria y habitual de nuestra realidad. Así, la ratificación de los pactos de derechos humanos y su elevación a rango constitucional se tornan en meros actos declarativos que, en la realidad, sólo producen efectos limitados”.
Y concluyó que “la corrupción impide que muchos habitantes gocen de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad psicofísica, a la vivienda. La corrupción mata, sin orden de matar. Pero la sociedad debe ser consciente de que las cuentas bancarias, las casas fastuosas, los dólares que aparecen en bolsas o en valijas, se nutren de los cuerpos muertos que yacen bajo tanta tumba sin nombre”.

Como sociedad podemos ponerle fin al genocidio de la corrupción que deja como efectos colaterales una pobreza estructural que va en aumento, a tal punto, que estamos en las puertas de convertirnos en un país con ricos y pobres, y con escasa movilidad social ascendente. Hay mucho más bajo la lupa que la complicidad del poder judicial.  

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