Promueven la utilización de la Boleta Única Electrónica en Capital para 2019

Política 03/04/2018 Por
La Justicia Electoral y el oficialismo consideran introducir la tecnología para las elecciones generales del año que viene. Si no es la capital podrían ser las principales ciudades del interior.
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Oscar González, Presidente Provisorio de la Unicameral a cargo de la vicegobernación - Fotos: Diego Roscop

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Por: Gastón Gracia Daponte - [email protected]

TECNODEMOCRACIA A LA CORDOBESA

Será otro tema que generará controversias en las agitadas aguas del mar electoral en el que la República Argentina esta subsumida ante la decisión del gobierno nacional de adelantar las discusiones representativas. Pero se trata de un paso más que la provincia de Córdoba dará en esta materia avanzando en la intención de transparentar los comicios provinciales después de la denuncia de fraude electoral que realizó Luis Juez en 2007, sostenido en el desastroso y arcaico sistema de boletas con listas sábanas utilizadas en el cuarto oscuro en aquella elección general y que aún está vigente a nivel nacional.

Tanto la Justicia Electoral de Córdoba como Unión por Córdoba se encuentran analizando la posibilidad de la utilización de la tecnología para la Boleta Única de Sufragio (BUS) en la capital de la provincia, para extender la experiencia de las ciudades de Marcos Juárez y La Falda que la utilizan desde 2015 con resultados indiscutibles hasta el momento.

“¿En que punto estamos?, nosotros votamos la ley, felizmente existe la Justicia Electoral totalmente independiente del Poder Ejecutivo y es esta la que va a terminar de definir si se avanza y de qué manera con la implementación de este sistema que la ley autoriza. Hemos tenido algunas conversaciones en ese sentido con la Justicia Electoral y si bien no está definido, a mí me parece que lo más racional sería hacer una incorporación gradual del sistema en el resto de la provincia sumándole a las dos ciudades en la que ya se utilizó el sistema otras ciudades del interior o alguna ciudad grande como Córdoba Capital con exclusividad, pero esto aún no está definido es materia de conversaciones”, aseguró Oscar González, Presidente Provisorio de la Unicameral a cargo de la vicegobernación, en diálogo con La Nueva Mañana.

Además recordó que la aplicación de esta tecnología ha sido largamente discutida en la comisión para la Reforma Política durante todo el 2016, con la visita de los responsables de los gobiernos de Salta, la Ciudad de Buenos Aires y la República de Brasil donde se utiliza este sistema de votación.

“Esto ha sido largamente analizado, expertos de la Universidad Nacional, (la Universidad) Tecnológica, Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a la transparencia electoral. La idea es como digo, por lo menos de mi perspectiva, avanzar con este sistema posiblemente no en toda la provincia pero sumarle a las dos ciudades donde la experiencia fue impecable, sumarle otras ciudades para ir incorporándole a toda la provincia” dijo el legislador del oficialismo.

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La ley que se votó en Córdoba no supone voto electrónico, nosotros estamos planteando la Boleta Única Electrónica, una pantalla que reemplace al papel, en lugar de hacer una cruz con una birome digitalmente uno marca el candidato que quiere, esa pantalla tiene además una impresora, no tiene memoria, no tiene software, no hay elementos que se puedean hackear.

Para ello, no hace falta otra cosa más que la decisión política de aplicarla, porque a tales fines el Poder Legislativo sancionó el 22 de diciembre de 2016 la ley 10420 que introdujo en el Código Electoral de la provincia (Ley 9751) las Tecnologías Electrónicas de Votación en todas las etapas del proceso electoral bajo las garantías y principios reconocidos constitucional y legalmente.

El oficialismo mantuvo varias reuniones con la Justicia Electoral para avanzar en la aplicación de la Boleta Única de Sufragio Electrónica (BUSE) en la capital provincial o en las principales ciudades del interior como Villa María, San Francisco y Rio Cuarto. Lo claro es que la intención del gobierno es avanzar en su implementación.

“Es muy importante, planteado de ese modo, porque la ley que nosotros votamos en Córdoba no supone voto electrónico que es otra cosa, nosotros estamos planteando la Boleta Única Electrónica, una pantalla que reemplace al papel, en lugar de hacer una cruz con una birome digitalmente uno marca el candidato que quiere, esa pantalla tiene además una impresora, no tiene memoria, no tiene software, no tiene nada, no hay qué hackear. Cuando el ciudadano terminó de armar su voto en la pantalla oprime un botón y el voto que él armó se imprime en la boleta única. Cuando el ciudadano comprueba que realmente que lo que sale de la impresora es lo que quiere votar, va a la urna y vota con ese papel, con la boleta en papel”, indicó González.
El procedimiento es igual, el elector realiza sus elecciones entre todos los partidos políticos pudiendo votar el casillero de la lista completa u optar por la selección diferenciada entre varios de los candidatos a gobernador y vice de los de legisladores (por distrito único o por departamento) y de los postulantes al Tribunal de Cuentas de distintos partidos políticos y luego la pantalla táctil muestra el diseño de la Boleta Única con las preferencias elegidas por el votante y después la imprime con un código de barras. Esta boleta impresa en papel es la que se deposita en la urna y sobre la cual después se realiza el escrutinio definitivo.

Las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos políticos deberán realizar el conteo de votos pasando un escáner en el Código de Barras impreso en la BUS, realizar el acta correspondiente y transmitir los resultados. La tecnología elegida para esto es similar a una impresora, no tiene memoria, con lo cual no lleva un registro de los sufragios emitidos, de ahí la necesidad de contar con un lector de código de barras durante el conteo de los votos.

“Igual que cuando una familia va a al supermercado, el empleado de la caja pasa por un lector cada cosa que lleva y le da en fracciones de segundos el monto total de la compra, en esto pasaría más o menos lo mismo. Al cerrarse la elección el presidente saca los votos en papel y pasa los votos por un lector e instantáneamente tiene en tiempo real la cantidad de votos que sacó cada candidato en distintas categorías electorales, esto para el escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo se hace siempre sobre el voto papel. La ventaja de esto es que en me nos de una hora uno puede tener el 80% de las mesas de la provincia escrutadas” explicó González.
El artículo 8º de la ley que introdujo la posibilidad de contar con tecnologías electrónicas de votación, les otorga la potestad a las fuerzas de seguridad para fiscalizar dentro de un radio de trescientos metros de los lugares de votación que no haya elementos electrónicos que puedan interceptar o alterar el software utilizado durante la elección.

Para darle fiabilidad al sistema la misma ley contempla la posibilidad de realizar un escrutinio manual sobre el cinco por ciento del total de las mesas que serán sorteadas por la Justicia Electoral y actuarán como mesas testigo acerca del funcionamiento del sistema electrónico. Si este conteo coincide con el electrónico la votación continuará normalmente, de lo contrario todas las mesas del distrito deberán contabilizarse de manera manual.

Financiamiento de las Campañas Electorales

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 La iniciativa del oficialismo estipula un aporte del Estado de entre noventa y cien millones de pesos, establecidos a partir de una suma equivalente al 3,5% del salario mínimo, vital y móvil multiplacada por cantidad de electores habilitados a votar.

En el marco de las reformas electorales que Unión por Córdoba viene impulsando hace años, el miércoles de la semana pasada presentó en la Unicameral el proyecto de financiamiento de las campañas electorales en los que fija las condiciones y los montos de aportes públicos y privados, las prohibiciones y las fuertes multas a quienes infrinjan las condiciones previstas en la futura ley que elimina los aportes anónimos.
Antes de presentar la iniciativa legislativa, Oscar González, Presidente Provisorio de la Unicameral a cargo de la vicegobernación junto a Carlos Gutiérrez, presidente de bloque de Unión por Córdoba, se reunieron en la ciudad de Buenos Aires con Adrián Pérez quien se desempeña como Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior.

En el encuentro abordaron la reforma política que está preparando el gobierno de Mauricio Macri con la intención de no avanzar en la provincia con una norma que se contraponga con una futura ley nacional en este sentido. Hubo acuerdo en los temas del financiamiento político y Pérez les confirmó a los parlamentarios cordobeses que se avanzará hacia el sistema de la Boleta Única de Sufragio Electrónica y en caso de no alcanzar los consensos suficientes se implementará la Boleta Única en papel.

“Nosotros hemos conversado con funcionarios del gobierno nacional. No hace mucho tiempo tuvimos una reunión con Adrián Pérez en el Ministerio del Interior que está a cargo de estos temas y por supuesto intercambiamos ideas y lo que estamos proponiendo va en orden con lo que el gobierno nacional quiere hacer. Nosotros estamos de alguna manera a la vanguardia en esta materia, tengo la impresión que en materia de financiamiento hay una coincidencia plena entre lo que propone la Nación y lo que proponemos nosotros y en materia de avanzar hacia sistemas electorales, la Nación decididamente quiere avanzar por lo menos hacia la Boleta Única de Papel si es que no se llega a la Boleta Única Electrónica” aseguró el legislador a cargo de la vicegobernación de Córdoba.

En materia de financiamiento de las campañas electorales, la iniciativa del oficialismo en Córdoba estipula un aporte del Estado que estará ubicado entre noventa y cien millones de pesos, establecidos a partir de una suma equivalente al 3,5 ‰ del salario mínimo, vital y móvil por elector habilitado a votar, destinado a financiar la publicidad electoral en los servicios de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades incluyendo en esta modificación a los medios gráficos que se encontraban excluidos de recibir propaganda política. Para estos fines el proyecto del oficialismo crea el Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales.

El treinta por ciento (entre $25 y $30 millones) de estos fondos se distribuirá de manera igualitaria para todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen, mientras que el restante setenta por ciento (entre $70 y $75 millones) restante se repartirá en forma directamente proporcional a la cantidad de votos que el partido, alianza o confederación política obtuvo en las últimas elecciones provinciales. El único requisito para ingresar al reparto de estos fondos es haber alcanzado el uno por ciento del total de los votos válidamente emitidos tomando como base la categoría de candidatura en la que haya obtenido la mayor cantidad de votos.
En el caso de los aportes privados el proyecto establece que se podrán hacer a través de donaciones o aportes de dineros por parte de afiliados (si estuviese previsto en las cartas orgánicas partidarias); de otras personas humanas no afiliadas; personas jurídicas o por el rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades determinando topes en cada uno de los casos, eliminando la figura de aportes anónimos y estableciendo prohibiciones de quienes no pueden ser aportantes en las campañas electorales.

“No existen los aportes anónimos, lo prohíbe taxativamente la ley, no hay ninguna posibilidad de aportes anónimos en ningún caso, estará absolutamente transparentado el financiamiento privado. Nos parece que lo más lógico y lo más transparente es fijar un tope para los aportes de los empresarios para que no haya grupos de empresarios que se conviertan en dueños de una campaña. Ninguna empresa puede aportar más del dos por ciento”, aclaró González.

Los aportes individuales no podrán superar la suma equivalente a cinco veces el salario mínimo, vital y móvil (unos cincuenta mil pesos). Este límite se duplicará para los aportantes partidarios que estén previstos en las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos electivos o presenten servicios con cargos jerárquicos en la Administración Pública Provincial, Municipal o Comunal. Si el aportante reviste estos cargos pero no está afiliado a ningún partido se lo considerará como tal con solo manifestarlo.

“Las fuerzas políticas pueden contratar más publicidad que la que se contrata a través de los fondos puestos por el Estado, se pone un tope de cinco veces la publicidad que se contrata a través de la Justicia Electoral con los fondos públicos como máximo”, aseguró González.

También los candidatos podrán realizar aportes de su propio patrimonio para sus propias campañas electorales con un tope del 0,5% del total permitido para la campaña. A los fines de fijar este límite el proyecto determina que se sumarán a los aportes del candidato los de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado en el caso de parentesco por naturaleza, técnicas de reproducción humana y adopción y segundo en caso de afinidad. Las personas jurídicas tendrán un tope que no supere el 2% de los gastos permitidos en la campaña.

En cuanto a los aportes en efectivo, no podrán realizarse por un monto que supere el importe de dos unidades de salario mínimo, vital y móvil (alrededor de $20 mil) que deberán ser depositados por el responsable de la campaña electoral en la Cuenta Única bancaria creada para este fin.

Los controles de los gastos de campaña de los partidos políticos se profundizarán a través de distintos mecanismos para garantizar la transparencia. La ley anterior en esta materia indicaba que el Tribunal Electoral “podía” auditar los gastos de campaña, con esta nueva modificación ahora será una obligación.
“Fijamos como obligatorio auditar las cuentas de los partidos políticos destinadas al financiamiento de los partidos políticos, auditar todos los gastos, estableciendo que el monto fijado por el Estado más el monto obtenido por la recaudación privada cubran realmente los gastos, para que no exista la posibilidad de que alguien gasta doscientos millones y después no puede acreditar de dónde sacó cien” aseguró González.

Prohibiciones

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“No existen los aportes anónimos, lo prohíbe taxativamente la ley. Nos parece que lo más lógico y transparente fijar un tope para los aportes de los empresarios, para que no se conviertan en dueños de una campaña.

Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de personas anónimas; entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales municipales; empresas contratistas de servicios u obras públicas de cualquiera de los estamentos estatales; personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar; extranjeros sin residencia o domicilio en el país; personas obligadas a realizar contribuciones por sus superiores jerárquicos o empleadores; personas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra la administración pública, trata de personas y narcotráfico.
Las campañas políticas en los medios de comunicación comenzarán treinta días inmediatos anteriores a la fecha prevista para la elección que será anunciada por el gobernador Juan Schiaretti como máximo el 1 de marzo del año que viene.

Además quedará prohibida a realización de actos inaugurales de obras públicas y el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, durante los quince días anteriores a la fecha de los comicios

Sanciones al clientelismo político

La iniciativa que comenzará a debatirse en las comisiones de la Unicameral establece un Régimen de Infracciones que incluye por primera vez al clientelismo político, prohibiendo la distribución gratuita de bienes o servicios provistos por el Estado nacional o provincial con el objeto de promocionar a un partido o a los candidatos. De igual manera se prohíbe la solicitud y el ofrecimiento de votos a cambio de una contraprestación de dinero, dádiva o regalo, acción sancionable con penas que van de dos a veinte salarios mínimo vital y móvil hasta la inhabilitación del candidato para ejercer cargos públicos por un mínimo de seis meses y un máximo de diez años.

“Si no existen mecanismos de control, si no hay un régimen de infracciones y de sanciones, o las infracciones y las sanciones son teóricas, la verdad que esto carecería de sentido”, finalizó el presidente provisorio de la Unicameral.  

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