Reclaman coordinación interprovincial en la lucha contra el narcotráfico

Política 03/04/2018 Por
La frontera entre Córdoba y Santa Fe es una zona caliente de tráfico. El juez Mario Garzón pide equipamiento y colaboración entre provincias y Nación para enfrentar a las bandas.
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Mario Garzón, Juez federal de San Francisco. - Gentileza: El Periódico de San Francisco

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Por: Miguel Ángel Perin - [email protected]

En recientes declaraciones en medios de comunicación porteños, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich sostuvo que “todos los días estamos logrando algunos números que son importantes”. Dentro de esos números se hallan los operativos de secuestro de enorme cantidad de droga que son exhibidos como logros de la gestión.

Sin embargo, desde la trinchera, desde el trabajo cotidiano de investigación, la percepción es otra. La carencia de elementos como scanners, perros adiestrados, vehículos y por sobre todas las cosas la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y los juzgados federales condiciona el éxito de la lucha ante el narcotráfico.
Precisamente, desde una zona muy complicada para esa tarea, surge la voz del juez federal de San Francisco, Mario Garzón, quien confiesa: “Estamos mal, y yo como juez federal desde hace siete años no dejo de tener cierta frustración por saber todo lo que se podría hacer y no se hace”.

“Estamos en una zona álgida, complicada, que se nos hace tremendamente dificultoso poner el tema del narcotráfico, del consumo de estupefacientes en niveles normales porque no es cuestión de erradicarlo. Erradicarlo suena a fantasía.”

Garzón entiende que la situación es preocupante y advierte: “Estamos en una zona álgida, complicada, en la que se nos hace tremendamente dificultoso poner el tema del narcotráfico, del consumo de estupefacientes, en niveles normales porque no es cuestión de erradicarlo. Erradicarlo suena a fantasía.”

En la ruta del narco

San Francisco, en el este de la provincia de Córdoba, se encuentra en un lugar de paso de la droga, especialmente marihuana, que viene de Paraguay. Los procedimientos realizados por Gendarmería Nacional han descubierto grandes cargamentos que tienen como destino las grandes ciudades de la provincia, la región de Cuyo y Chile.

La posición estratégica, en la confluencia de distintas vías de comunicación, hace que el este del departamento San Justo sea camino de paso para los estupefacientes que entran a Argentina por la frontera noreste del país.
En los dos últimos años se quemaron 800 kilos de marihuana, cocaína y precursores secuestrados por acciones dirigidas por el Juzgado Federal de San Francisco.

En los últimos meses se produjeron episodios a uno y otro lado de la línea interprovincial entre Córdoba y Santa Fe que tuvieron una magnitud inusual para la región. Balaceras en la noche, policías atacados por narcos, desbaratamiento de un red de comercialización de drogas con personal del Servicio Penitenciario involucrado son apenas cuentas en un rosario de situaciones que preocupan a los vecinos, porque la presencia de la droga también es un factor que potencia la concreción de otros delitos.

Región Centro del narcotráfico

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Mucho tiempo pasó desde la conformación de la Región Centro como herramienta de integración interprovincial. En el tema de la seguridad parece ser que, como en tantos otros, la velocidad para tomar resoluciones no acompaña las exigencias de la realidad que viven los habitantes de las provincias.

La disparidad que existe en el modo en que se encara la lucha contra el narcotráfico en dos provincias limítrofes como Córdoba y Santa Fe, hace que inevitablemente surja la inquietud respecto a cómo subsanarla y hacer más eficiente el combate frente a este tipo de delito.

“La provincia de Córdoba se adhiere a una ley y comienza a dedicarse al control del consumo y venta al menudeo y deja a la Justicia Federal el tema de la venta mayorista, almacenamiento y transporte. Santa Fe combate todos los eslabones del narcotráfico. Esa es una primera situación que viene a dificultar la debida coordinación entre los juzgados federales”, explicó el magistrado, acotando que: “Ellos se llenan con todo el chiquitaje, desde aquel que vende un porro, que es algo muy simple, hasta investigaciones más complejas”.

¿Carpeta cajoneada?

En el afán de superar las limitaciones existentes surgió la idea de presentar una propuesta a las autoridades para que desaparezca esa inexplicable falta de coordinación.

Mario Garzón recuerda: “eso motivó que dentro del juzgado hiciéramos un grupo de trabajo para ver qué aporte podíamos hacer sobre el tema. Con el cambo de gestión, yo viajé al Ministerio de Justicia de la Nación, planteándole al ministro Garavano el problema y a la vez sugiriéndole un proyecto de solución”.

Como los jueces federales pueden intervenir en todo el país más allá de su jurisdicción territorial y en maniobras delictivas como las del narcotráfico se pone en evidencia que se dan sucesivas acciones en distintos lugares pero siempre se trata del mismo delito, a ese punto se refirió la inquietud elevada al Ministerio de Justicia.

“La propuesta era que, en las ciudades que son limítrofes y que están en puntos complicados de tráfico, flexibilizar las jurisdicciones, evitando que se pudiera plantear la nulidad de los procedimientos”, precisó el juez sanfrancisqueño.

Pasó el tiempo y todavía no hay respuesta oficial sobre esta alternativa esbozada desde, ni más ni menos, el ámbito en que se plantea la defensa cotidiana ante esta forma de delito que degrada al extremo a la sociedad. Ello es así porque el narcotráfico no solo socava las instituciones sino que también encuentra en personas en condición de marginalidad el elemento necesario para tejer sus redes de comercialización.

Policía demorada

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Mario Garzón lamenta que su juzgado carezca de una herramienta básica: una fuerza operativa que le permita investigar y controlar la actividad de los narcos de la región.

Con la creación del Juzgado Federal de San Francisco en 2004 se prometió la instalación de una Delegación de la Policía Federal. Desde entonces hubo innumerables reuniones entre autoridades de la ciudad, sus instituciones y la conducción de la fuerza de seguridad. Fue así que en este tiempo se seleccionaron edificios pero nunca se concretó la creación de esa dependencia.

“El Juzgado Federal de San Francisco no tiene delegación de Policía Federal. Se han hecho trámites, expedientes, la Municipalidad cedió terrenos. Con la Policía de Córdoba tampoco podemos contar porque la antigua División de Drogas Peligrosas, a partir del ‘narcoescándalo’ se disolvió y se hizo la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que se mueve de manera autónoma, con un fiscal, un fuero específico para combatir los eslabones más bajos”, explicó, agregando que: “Para poder operar con el personal de la Policía Federal, desde el Juzgado de San Francisco se pide la asistencia de la Delegación Bell Ville, ubicada a casi 200 km. Por el solo hecho de llamarlos por alguna cuestión tienen dificultades para darles el combustible para los vehículos. Imaginemos cuando hay que encargar una pesquisa, un trabajo de campo”.

“Las responsabilidades en el tema del narcotráfico son de todos. Y el gobierno nacional está en deuda aún con un sistema de radarización, no hay scanners”.

“No tenemos Policía de la Provincia, no tenemos Policía Federal. Gendarmería llega luego de tantas idas y venidas pero arriba con un escuadrón que tiene dos grupos: la Unidad de Control Vial y la Unidad de Ayuda a Procedimientos Judiciales. Son 40 hombres, entre 15 y 20 dedicados a investigaciones nuestras”, detalló Garzón.

En agosto del 2016 se firmó el convenio marco para la realización de la futura sede del Juzgado Federal de San Francisco, en un terreno donado por el municipio que está ubicado en el barrio La Florida, a poca distancia del edificio de los Tribunales provinciales. Según el anuncio del intendente sanfrancisqueño Ignacio García Aresca, en ese lugar además del Juzgado Federal, también funcionarían la Fiscalía Federal y la Policía Federal. En la ocasión, el secretario de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura, Alexis Tinnirello manifestó que el proyecto demandaría una inversión de 35 millones de pesos y que estaba incluido en el plan de obras presupuestado para 2017 y 2018. Sin embargo, nada pasó y el predio sigue siendo un baldío.

Responsabilidad de todos

“Las responsabilidades en el tema del narcotráfico son de todos. Y el gobierno nacional está en deuda aún con un sistema de radarización, no hay scanners. Por ahí Gendarmería detiene a una camioneta en una localidad como Laspiur y ese vehículo ya había pasado dos o tres controles de la fuerza en provincias vecinas que no han tenido el olfato o los elementos para descubrirlo. Son cosas que duelen porque uno las ve”, afirmó Garzón.
En referencia a la alta exposición mediática cuando se concretan secuestros de grandes volúmenes de drogas, el juez Garzón fue cauto: “Como se publicita es cuestión que tiene que ver con la política. Obviamente, no escapa al más elemental sentido común que un procedimiento de magnitud es bueno mostrarlo y tiene su arista positiva porque algo al menos se hace. Sobre las especulaciones políticas no me corresponde avanzar pero es tanta la droga que no me sorprende que haya operaciones de gran volumen”.

El responsable del Juzgado Federal de San Francisco trató de enfocar el problema del tráfico de estupefacientes en el punto vital para comenzar a limitarlo. “Si no atacamos al mayorista va a ser muy difícil que tengamos éxitos importantes”, reflexionó.  

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