Río Cuarto: rechazan amparo de comerciantes contra la regularización de pirotecnia

Córdoba 07/12/2017 Por
El pedido fue presentado por ocho comerciantes de fuegos artificiales, tras la sanción de la ordenanza que regula la comercialización, almacenamiento y utilización de pirotecnia.
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Los comerciantes decidieron dar un paso al costado y no continuar con la vía judicial dejando que la normativa se aplique este fin de año.

La justicia rechazó el pedido de amparo presentado por un grupo de ocho comerciantes de pirotecnia de Río Cuarto, tras haber sancionado la ordenanza que regula la comercialización, almacenamiento y utilización de la pirotecnia. 

Con respecto a lo sucedido, el fiscal municipal Julián Oberti explicó que “el amparo fue rechazado y declarado como inadmisible, al entenderse que no existió cercenamiento de ningún derecho constitucional”.

El fiscal aclaró que en la resolución judicial se reconoce que “la ordenanza no es arbitraria, ni fue sancionada de manera ilegal, sino que por el contrario se ha dictado en el ámbito del poder de policía que tiene la municipalidad para proteger los intereses y el bien común de los vecinos de la ciudad”.

Los comerciantes por su parte decidieron dar un paso al costado y no continuar con la vía judicial dejando que la normativa se aplique este fin de año. El abogado defensor de los vendedores, Miguel Martínez, indicó que sus clientes están atemorizados por posibles represalias de la Municipalidad del lugar y que, es por esto que tomaron la decisión de abandonar la vía judicial.

“Tienen temor y no van a hacer ningún recurso. Van a dejar que esto corra y verán qué hacen el año que viene”, expuso Martínez.

Con todo, en Río Cuarto esta prohibido el uso de pirotecnia en espacios públicos, su venta, mayorista y minorista. Sólo se permitirán, con autorización especial y controles,  los fuegos artificiales en eventos.

Desde el Municipio, plantearon que los magistrados entendieron que la ordenanza no vulnera ningún derecho constitucional y que el Estado local tiene la facultad de ejercer el poder de policía y establecer cambios en las regulaciones.

El letrado Miguel Martínez, criticó la sentencia de la Justicia riocuartense y dijo que “el fallo es la muestra más acabada de que la amenaza que hizo no ya el secretario de Gobierno, Mauricio Dova, sino el gobierno municipal surtió efecto. En otros momentos, una declaración de Rosa Sabena criticando el accionar del fiscal Walter Guzmán generó el repudio de todos los organismos de magistrados y abogados. Ahora Dova amenazó a la máxima autoridad judicial de Río Cuarto y eso no merece ningún cuestionamiento ni declaración de repudio. Esa es una pauta que tengo para darme cuenta de que la amenaza efectivamente surtió efecto”.

“Esta sentencia es antijurídica, anticonstitucional y es el resultado de la presión del poder político sobre el poder judicial. Se sabe que gobierna la ciudad el mismo signo que gobierna la provincia. Y la incidencia del poder político en el judicial es muy grave. Si los jueces responden a esa amenaza con complacencia, qué nos queda a los ciudadanos comunes. Sobre esa base, mis representados tienen mucho miedo a la persecución. Ellos tienen polirrubros y temen que la Municipalidad pueda tomar represalias también en sus otras actividades. Lo grave es que el más alto tribunal dictó una resolución inconstitucional, que amenazaron a los jueces y que nadie dice nada”, planteó Martínez.

Además, Martínez cuestionó la fundamentación del rechazo al amparo. “La Cámara dice que la Municipalidad tiene la facultad de regular el comercio  y que la prohibición es una forma de regulación. Tienen dos diccionarios de la Real Academia porque claramente prohibir y regular son cuestiones muy distintas. Además, los camaristas dicen que no se vislumbra la ordenanza como manifiestamente arbitraria; es como si dijeran que es un poco inconstitucional. Una barbaridad: es inconstitucional o no lo es”, planteó Martínez.

Y agregó: “Lo tercero y más grave que dice la Cámara es que la Municipalidad tiene el poder de policía para limitar la acción o el ejercicio de los derechos individuales. Esta facultad de cercenar derechos individuales es muy grave. Es una sentencia antijurídica, anticonstitucional y es el resultado de la presión del poder político en el poder judicial”.


Además manifestó que la ordenanza que prohíbe la pirotecnia es una actitud demagógica del poder político. “Es demagógica con la sociedad protectora de animales y con el socialismo, un aliado del Pro, que se dedica a proteger a los animales, que está muy bien, pero en su defensa de los animales se olvidó de defender a los seres humanos”.

 

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