El país económico se define después de las elecciones del próximo 22

País 02/10/2017 Por
Con el escenario político que se abre luego de octubre, cuáles serán los cambios que marcarán el rumbo de la segunda parte del mandato del presidente Macri.
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Nicolás Dujovne; Guillermo Dietrich; Juan José Aranguren

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Por Daniel Salazar - Especial La Nueva Mañana - Redacción Buenos Aires

Fue el propio Gobierno el que generó las expectativas sobre el paquete de leyes económicas y de los aumentos de las tarifas públicas que guiará la segunda parte del mandato del presidente Mauricio Macri. Fue una maniobra oficial para ir preparando el terreno para discutirlas después de octubre especulando con un resultado electoral favorable que cambie el Congreso y que le permita negociar los cambios con mayor relación de fuerza.
El Presupuesto 2018, el proyecto sobre la reforma tributaria, de responsabilidad fiscal, la prórroga del impuesto al cheque y el conflicto entre las provincias y Buenos Aires por el fondo del Conurbano y la armonización de las Cajas de Jubilaciones de las provincias que faltan, entre ellas Córdoba, con la Nación, tienen como denominador común que afectan los ingresos de la provincias. Por ese motivo, el Gobierno apuesta a tratarlos en un mismo paquete con los gobernadores después de las elecciones legislativas de octubre.
Del mismo modo, fueron postergados los anuncios del aumento de las tarifas de los servicios públicos de gas, luz, del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires, del incremento de las naftas y de las reformas laboral y previsional que afectará de manera más directa a los asalariados y jubilados.

En esta semana comienza la discusión Nación-Provincias sobre la armonización de las cajas previsionales.

La decisión de avanzar ya fue tomada en una reunión conjunta en la Casa Rosada que compartieron un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo encabezado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con legisladores oficialistas, y solo falta que se conozcan los “contenidos” guardados bajo siete llaves de los proyectos que se enviarán al Congreso como parte de la agenda parlamentaria que se tratará en el escaso tiempo que queda del periodo ordinario después de las elecciones, que luego se ampliará con la convocatoria a sesiones extraordinarias y en el caso de los incrementos de los servicios públicos, los anuncios que en esa época también harán los ministros del Ejecutivo.
El objetivo del Gobierno es reducir el enorme déficit fiscal que él mismo agravó después de la descomunal transferencia de recursos del sector público al privado al inicio de la gestión, eliminando las retenciones al complejo agroexportador, a las mineras y de gravámenes a otras áreas que desfinanció los ingresos del Estado y que está cubriendo con un peligroso endeudamiento externo que actualmente alcanza el 60 por ciento de todo lo que produce la Argentina en un año o Producto Bruto Interno (PBI) y que ya están generando pagos de intereses de 12 mil millones de dólares anuales.

Además de la deuda cuasifiscal por un billón de pesos por la especulación financiera que ha generado el Estado a través de pagarés que son las Lebacs para frenar la inflación y por las que paga una tasa del 27 por ciento anual, equivalente a 15 mil millones de dólares, aseguró a
La Nueva Mañana el vicejefe del bloque FPV- PJ, José Mayans.
Sin embargo, fuentes parlamentarias ligadas Gobierno señalaron que el propósito es, además de reducir el déficit de las cuentas del Estado nacional, bajar el costo empresarial para incentivar la producción fundamentalmente a través de la reforma laboral y tributaria, para que “el Estado no sea una carga y para que el sector privado pueda exportar, competir y generar empleo”.

Los cambios

Para conseguir ambos objetivos el Gobierno apuntará a los sectores asalariados, a los jubilados, a los cuentapropistas y a los pequeños empresarios.
Para continuar achicando la brecha de lo que el Estado gasta por encima de sus ingresos prepara un nuevo tarifazo con el fin de recortar los subsidios que el Estado les da a las empresas proveedoras eléctricas. Camino a lo que será la anunciada segunda parte del ajuste el Gobierno nacional tiene listos los papeles que detallan un nuevo aumento de las tarifas eléctricas. Será del 50 por ciento y se verá reflejado en las boletas que llegarán en febrero en plena temporada de uso de los aires acondicionados.
Las subas irán de la mano con el también anunciado recorte de subsidios que en el 2018, según el plan del Ministerio de Energía de la Nación, disminuirá al 37 por ciento del costo de la energía.
El aumento del gas que debía producirse desde el 1 de octubre también fue postergado para después de las elecciones. El Enargas pidió a las distribuidoras que las facturan que se emitían desde el 25 de agosto hasta el 31 de octubre los usuarios puedan pagarla hasta en cuatro cuotas para evitar el impacto en plenas elecciones.
De todas maneras, los usuarios deberán afrontar un fuerte incremento en las tarifas de gas hacia fin de año producto de la nueva revisión tarifaria, que dependerá fundamentalmente del valor del tipo de cambio para medir su magnitud, pero que podría rondar en un 40 por ciento.

Asimismo, el Gobierno dejó para más adelante el aumento del transporte en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) con fuerte incidencia para los bolsillos de la gran cantidad de millones de usuarios que normalmente utilizan más de un medio de transporte público de pasajeros.
A estos aumentos hay que sumarle un nuevo ajuste de las naftas como consecuencia de la liberación de los precios, que sería del orden de entre el 7 y el 10 por ciento, después de octubre.
También apelará a los mismos sectores sociales para bajar los costos de las empresas vía flexibilización laboral, aunque no de manera integral a la brasileña para no generar rechazos en el Congreso, pero afectará a los trabajadores en lo que concierne a las modificaciones de los convenios colectivos por sector. Además, el Gobierno promueve un rebaja en las cargas patronales y de los aportes sindicales que tendrán incidencia directamente los sistemas previsional y de la salud de los trabajadores activos y de los jubilados y pensionados.
Aunque esta reforma al trabajo comenzará con un plan de blanqueo laboral que prevé eximir por ley del pago de multas al empresario que regularice la situación de los trabajadores

Adicionalmente, en materia previsional el Gobierno impulsa cambios en la fórmula para determinar el cálculo semestral del aumento de las jubilaciones y pensiones y de los beneficios sociales, además de promover optativamente la extensión de los años de servicios a los 65 años para las mujeres y a los 70 para los hombres.

En otro orden, el Gobierno también tiene en la mira la relación fiscal con las provincias para reducir el enorme desequilibrio de las finanzas públicas y que el Estado no sea una carga para que el sector privado promueva las inversiones. Pare ello tienen previsto enviar al Congreso proyectos de reformas que afectarán los recursos fiscales de las provincias y por ende de las prestaciones del Estado que son traslativos a la calidad de vida de los ciudadanos en su conjunto.
En ese sentido, el Gobierno enviará el Congreso el proyecto Responsabilidad Fiscal que obligará a todos los estados federales a mantener constantes los gastos corrientes y en el caso de las jurisdicciones deficitarias o con servicios de deuda no superiores al 15% de sus ingresos. Además, no aumentar los cargos públicos y la presión impositiva legal.

El impuesto al cheque que vence a fin de año y que el Ejecutivo quiere prorrogar, es otro tema de controversia con las provincias. Forma parte de la masa coparticipable y las distintas jurisdicciones verán disminuidos sus ingresos por esta vía si el Gobierno permite, como planea, que las empresas puedan deducirlo del Impuesto a las Ganancias, otro rubro que se reparten entre Nación y Provincia.

Armonización de las cajas previsionales

No menos problemática será la discusión que comenzará esta semana con los gobernadores sobre la armonización de las cajas previsionales de los 13 distritos que faltan, entre ellos el de Córdoba. El presidente Mauricio Macri está dispuesto a dar un ultimátum a los mandatarios provinciales para que transfieran a la Nación las cajas de jubilaciones bajo la puntual amenaza de cortar el financiamiento de los rojos financieros.

Para armonizar el sistema provincial al nacional el Gobierno exige un reacomodamiento de la edad jubilatoria, el porcentaje de aportes y contribuciones, los años de servicios necesarios para jubilarse, el cálculo de determinación del haber inicial y la fórmula de actualización de los haberes, como ya lo hizo el resto del país.

El fondo del Conurbano, otra pelea con las provincias

Pero hay otra negociación mayúscula que los gobernadores defenderán a capa y espada. El conflicto entre las provincias y Buenos Aires por el fondo del Conurbano. El reclamo que la gobernadora bonaerense elevó a la Corte Suprema es para eliminar el tope de 650 millones de pesos por ese concepto que se creó para equilibrar lo que recibía en coparticipación la Provincia, que se estableció en 1996 y nunca se actualizó. El problema es que el fondo se financia con el 10 por ciento del Impuesto a las Ganancias que la Nación coparticipa con todas las provincias. El apoyo explícito de parte del Presidente a este reclamo exacerbó la discusión y los mandatarios que prometieron dar pelea presionaran al Gobierno para que, si se concede el pedido de María Eugenia Vidal, la Nación absorba el impacto y no las provincias que verían limados aun más sus ingresos por coparticipación federal.

Finalmente, Macri enviará al Palacio legislativo nacional el proyecto de reforma tributaria que contendrá, según confiaron a La Nueva Mañana fuentes legislativas, una serie de modificaciones para disminuir los costos empresariales y así incentivar el aumento de la inversión productiva.
Los ejes más relevantes de la reforma, que se debatirá también después de las elecciones, lo constituye una rebaja en los aportes patronales, la deducción de los créditos y débitos bancarios del Impuesto a las Ganancias que ya se abordó más arriba, otra reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas que no distribuyan dividendos, todos acompañados por una reducción de los ingresos brutos, la principal fuente de ingresos provinciales.
La suerte de los cambios que propondrá el Gobierno dependerá del escenario político que surja después de las elecciones legislativas del 22 de octubre y luego, del apoyo que consiga de las fuerzas opositoras en ambas cámaras del Congreso Nacional.

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