Derechos ciudadanos y estrategias electorales teñidas de big data

Política / Economía 02/08/2019 Por
La normativa que protege los datos personales ante el avance de las estrategias de marketing político basadas en Big Data. ¿Pueden esos datos desequilibrar la cancha electoral?
Busaniche
Si una base de datos se utiliza para un fin distinto para el cual ese dato fue obtenido se vulnera el derecho de “finalidad de los datos”, - explica Beatriz Busaniche. (Foto: Gentileza)

chapa_ed_impresa_01


Especial para La Nueva Mañana

La reciente decisión de la Justicia Electoral de dar de baja el sitio de Hacemos por Córdoba “Quiero mi boleta” reabrió el debate acerca del uso de datos personales en campañas electorales. El 25 de julio el juez federal con competencia electoral, Ricardo Bustos Fierro dispuso la baja del sitio elaborado por la firma Smart Consumer S.A. por considerar que éste incurría en una exhibición pública de datos personales. El sitio permitía solicitar el envío de una boleta a domicilio ingresando el DNI y proveyendo una serie de datos de validación.

La plataforma de votos on demand del partido que además optó por plantear la “boleta corta” como estrategia electoral, generó controversias en relación a varias cuestiones: la recopilación de datos de los cordobeses, el uso de esos datos sin la debida autorización y la incursión en una práctica de supuesto “voto cantado”.

El modo en el que se obtienen los datos personales en campañas electorales es clave para reconocer si existe o no una vulneración a los derechos de los ciudadanos. “Los datos personales son un derecho fundamental que está a disposición del titular de los datos, cualquier uso de ellos tiene que haber conformado una base de datos”, explica Beatriz Busaniche de Fundación Vía Libre en diálogo con La Nueva Mañana.

En Argentina el uso de datos personales se encuentra regulado por la Constitución y por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. La ley establece que para poder utilizar datos que hacen a la vida privada de las personas, debe existir un “consentimiento libre, expreso e informado”.

Por otro lado, Busaniche explica que si una base de datos se utiliza para un fin distinto para el cual ese dato fue obtenido se vulnera el derecho de “finalidad de los datos”. “Los derechos consagrados en las leyes de protección de datos personales se vulneran en función de cómo hayan sido obtenidos”, afirma la especialista.  También es cierto que los partidos políticos están habilitados a contar con los datos de sus afiliados, aunque técnicamente deberían ser declarados ante la Dirección Nacional de protección de datos personales.

Big data al poder

Big data es el nombre que se le ha dado al abordaje que consiste en procesar y explotar masivamente grandes cantidades de datos para obtener información estratégica. Esta perspectiva ha sido progresivamente incorporada a las estrategias de marketing político y más específicamente a las campañas electorales.

Lejos de demonizarla, Busaniche aclara que “la Big Data se puede utilizar para mejorar políticas públicas”, a partir de la planificación que habilita una información de calidad sobre la población. “Es una herramienta poderosa de conocimiento”, agrega.

La especialista en derechos digitales analiza que “mal usada (la big data) puede generar un desequilibrio en la cancha electoral”. Señala que también se generaría una práctica poco ética “cuando los partidos que están en el Gobierno y que tienen acceso privilegiado a bases de datos, utilicen esos datos con fines electorales sin la debida autorización de uso”.

Lo cierto es que los políticos todavía subestiman el uso de datos. En Argentina, el acceso a este tipo de estrategias que implican trabajar con datos múltiples, se concentra en Buenos Aires, donde operan las grandes compañías tecnológicas y de marketing que proveen estos servicios.

De la mano de Durán Barba, Cambiemos (Juntos por el Cambio) ha recurrido a un esquema de recolección de datos que incluye desde analistas que chequean lo que sucede en Facebook, Twitter e Instagram, hasta voluntarios que estudian al votante ‘in situ’, en su casa, en su barrio. Del cruce de estos datos surge un perfil complejo que es posible sensibilizar y, por supuesto, manipular.

En la actualidad, “todos los partidos (grandes y chicos) están en condiciones de utilizar big data, no hay una limitación de ninguna naturaleza”, explicó José Norte Sosa, quien dirige la consultora Reputación Digital.

Consultado por este medio sobre la posibilidad de que los partidos mayoritarios puedan contar con ciertas ventajas en el uso de big data, Norte Sosa explicó que esto “depende más del uso de tecnología, de la inteligencia y de la estrategia que le quieran poner quienes están haciendo comunicación, que de la administración de esos datos”.

Los datos se pueden utilizar para elaborar perfiles, identificar tendencias y direccionar distintos tipos de mensajes a distintos públicos, o electores en este caso. Es por esto que tienen un valor económico en sí mismo. “El valor de una empresa depende de la disponibilidad de esos datos”, apuntó el directivo de Reputación Digital.

José Norte Sosa
“Todos los partidos (grandes y chicos) están en condiciones de utilizar big data”, comenta el consultor José Norte Sosa. (Foto: Gentileza)

No es la técnica, es la política

Los ciudadanos proveen permanentemente miles de datos a las páginas de redes sociales y a los sitios que visitan y es muy difícil evitar su extracción y uso por parte de empresas o de actores políticos. Sus comportamientos en estos espacios de interacción pueden revelar información relativa a sus consumos, y por supuesto, sobre sus identificaciones políticas.

“El problema de la custodia de los datos personales no es individual, sino colectivo. No se trata de un problema técnico, sino político”, apuntó Beatriz Busaniche.

“La primera herramienta que necesitamos usar es demandar a las empresas y sector público para que transparenten de qué modo recolectan la información, para qué la quieren y para qué la usan cuando deja de tener sentido la recolección”, recomendó Busaniche. Desde esta perspectiva, los datos deberían eliminarse una vez que el motivo por el fue recolectado ya se resolvió o caducó.

La especialista en derechos digitales apuntó que en la actualidad “es indispensable exigir al Estado que diseñe una autoridad de protección de datos autónoma” para limitar el accionar público y privado en relación a los datos personales. Busaniche también plantea que es necesario mejorar y actualizar la Ley actual de protección de datos personales que fue promulgada en el año 2000.

 

 

Edición Impresa

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más 
en la edición impresa de La Nueva Mañana
 
Todos los viernes en tu kiosco ]


Te puede interesar