Denuncian a la Provincia por violar el derecho a la educación inclusiva

Organizaciones cordobesas que trabajan con personas con discapacidad cuestionaron una resolución del Ministerio de Educación provincial.
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Según las organizaciones, el aula y las escuelas deben ser espacios inclusivos para todos. -Foto: Gentileza

Cinco organizaciones cordobesas que trabajan en el campo del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad denunciaron ante entes nacionales y provinciales la supuesta inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a quien acusan de "violar el derecho a una educación inclusiva para las personas con discapacidad". 

Se trata de la Resolución Ministerial de la Provincia de Córdoba 311/2010, frente a la cual también se sumó el rechazo de otras 170 organizaciones a nivel nacional, que acompañan el reclamo de Córdoba. 

Las organizaciones cordobesas denunciantes son FUSDAI (Fundación Síndrome de Down para su Apoyo e Integración), Fundación Por Igual Más, Por la Inclusión Plena de Alta Gracia, Fundación UPIS Unidos por la Inclusión Social y AVISDOWN (Asociación Villamariense Síndrome de Down).

Con el apoyo del Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva -una coalición de 170 organizaciones de la sociedad civil- piden al Ministerio de Educación que se revoque la normativa. 

Según sostienen, dicha resolución viola el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad de nivel secundario, y genera un riesgo cierto e inminente de daño a quienes están cursando la escuela primaria y que en futuro ingresarán al secundario, o que ya lo están cursando. "Ello porque promueve su segregación educativa al orientar la trayectoria escolar obligatoria a escuelas especiales y/o a planes de estudio de la escuela especial e impedir el acceso al título secundario sin discriminación", manifiestan.

"El sistema educativo debe ser accesible y flexible para dar respuesta educativa a todas las personas en un aula inclusiva. La rigidez de la currícula, que deviene en excluyente, no puede ser en ningún caso un motivo para restringir el acceso al nivel secundario obligatorio en escuelas comunes", agregan. 

"Se debe garantizar la trayectoria escolar de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad en escuelas comunes, en aulas comunes y con programas comunes, pero ajustados en función de sus necesidades, y obtener el título oficial en igualdad de condiciones", exponen. 

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