La Corte Suprema limitó la realización de escuchas judiciales

A través de una acordada, el máximo tribunal de Justicia remarcó que “todas las personas tiene derecho “a no sufrir invasiones a su privacidad”.
Corte Suprema CIJ
Los supremos adelantaron medidas para las autoridades públicas que no respeten el proceder legal. - Foto: gentileza CIJ.

La Corte Suprema de Justicia manifestó este miércoles su inquietud por la avalancha de escuchas telefónicas que se dieron a conocer en los últimos días en distintos medios de comunicación. En ese sentido, sostuvo que las únicas escuchas legales son las que poseen un permiso judicial anterior a la interceptación, y exigió un castigo y el “máximo repudio social” a los que se benefician con esos archivos y documentos.

De ese modo, el máximo tribunal de Justicia expresó su “preocupación” a través de la Acordada N° 17/2019, donde subraya que la Constitución Nacional veda las intromisiones arbitrarias en la privacidad. “Las circunstancias y razones que validan la irrupción en el ámbito privado de los individuos deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática”, enfatizaron los jueces.

Asimismo, remarcaron que todas las personas tiene derecho “a no sufrir invasiones a su privacidad y el interés estatal en la persecución penal de un posible delito” y que en caso de iniciarse una investigación en su contra se debe “incluir una necesaria ponderación de los instrumentos escogidos y los fines hacia los que se dirige la específica herramienta investigativa”, en referencias a las pinchaduras de comunicaciones.

Los supremos incluyeron además un apartado especial para las autoridades públicas que no respeten el proceder legal y comentan acciones arbitrarias violatorias del orden constitucional. “Por expreso mandato constitucional las comunicaciones en todas sus variantes, al igual que la correspondencia epistolar, solo pueden ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada, sin que la privacidad pueda ser soslayada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos”, resaltaron.

El escrito contó con la rúbrica de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

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