“Este Gobierno no tuvo ninguna política de Derechos Humanos”

Sociedad 14/06/2019 Por
Así lo indicó Paola García Rey, abogada, especializada en Derecho Internacional y directora Adjunta de Amnistía Internacional, quien habló en exclusiva con La Nueva Mañana.
Paola Garcia Rey
- En el marco de la décima jornada de Colsecor, García Rey expuso las principales preocupaciones que ocupan a Amnistía Internacional en la actualidad. Foto: Gentileza

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Especial para La Nueva Mañana

Paola García Rey es abogada, especializada en Derecho Público Internacional. En su extenso currículum se destaca su trabajo en organizaciones nacionales e internacionales que trabajan problemáticas vinculadas a los Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

En el marco de la décima jornada de Colsecor, García Rey expuso las principales preocupaciones que ocupan a Amnistía Internacional en la actualidad y como estas tienen su capítulo local en Argentina. Su exposición se centró en exponer cómo los discursos de odio han logrado, transformarse en políticas públicas en muchos países del mundo.

2016 fue para Amnesty el año del informe ‘Us vs. them (Nosotros contra ellos)’. Según este trabajo, en la actualidad, el estado de los Derechos Humanos del mundo es atacado por el clima de culpa, odio y miedo que pone en riesgo los cimientos de los Derechos Humanos universales. 

La demonización, la retórica odiosa, divisiva y deshumanizadora que circulaba en distintos puntos de la sociedad pasaron a volverse virales a través de las redes sociales, transformándose en tendencia para luego ser adoptadas por el discurso político. Las acciones de Trump, Bolsonaro o nuestro Ministerio de Seguridad muestran estas prácticas.

Para la directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina ésta retórica deshumanizadora apunta a mirar a colectivos y a asociarlos a esa batalla de ‘Nosotros contra ellos’. Colectivos migrantes, movimientos de mujeres, pueblos originarios, refugiados, todo aquello que de alguna manera se instituye como una diferencia o un espacio disidente es señalado como enemigo. La organización trabaja sobre como operan estos discursos de odio sobre estos colectivos y cómo eso se traslada a la construcción de este enemigo que habilita políticas públicas regresivas y represivas con sustento y legitimidad social.

Posiblemente en poco tiempo se discuta un nuevo Código Penal en Argentina que endurece el régimen migratorio, ¿cómo es la situación de las migraciones actualmente en la Argentina?

- Nosotros tuvimos una ley muy buena, desde 2004, en término de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. Esa norma era innovadora, protectiva y de avanzada respecto a los Derechos Humanos, y de hecho inspiró a otros países. Sin embargo, en 2017, hubo un Decreto de Necesidad y Urgencia que vino a reformar una ley consensuada por el Congreso de la Nación que básicamente incorpora restricciones para el ingreso de migrantes. El DNU, incluso, facilita procesos de expulsión en función de antecedentes penales, algo que la ley anterior preveía pero que este decreto amplía. Eso produce que una persona que eventualmente tiene un problema con la ley de marcas, por ejemplo, o tiene una condena por resistencia a la autoridad -delitos que operan en las protestas sociales-, pueden justificar la expulsión, incluso en supuestos de personas que tienen un arraigo en nuestro país. Ese es el caso de Vanesa, una mujer peruana que vivió quince años en la Argentina y tiene tres hijos argentinos. De un día para el otro fue expulsada con su hijo menor, luego de ser engañada por la Policía Federal y tuvo que dejar sus otros dos hijos en la Argentina. Ella ya no tenía ningún tipo de vínculo afectivo o familiar con Perú, su país de origen. Este tipo de casos, este contexto,ésta retórica que tiene legitimación social y que además está amparada por noticias falsas que sobrerepresentan la injerencia de extranjeros en los delitos en Argentina, sumado a las políticas regresivas que operan sobre la vida de la gente, hace que Amnistía prenda las alarmas en Argentina.

Los Derechos Humanos venían siendo un tema central en la agenda del país, ¿lo sigue siendo? ¿Cómo es la relación de Amnistía Internacional con el Gobierno actual?

- Esta estigmatización, esta idea de que “los Derechos Humanos son para los delincuentes” es algo que se ha instalado y es parte de esta retórica del odio. En nuestra coyuntura además el concepto de Derechos Humanos forma parte de eso que se denomina como grieta y que en realidad tiene que ver con ser marcas distintivas de la gestión anterior y la actual del gobierno.

Nosotros tenemos una mirada muy crítica respecto a este gobierno. Esta es una Secretaria de Derechos Humanos, con la que si bien hemos tenido diálogo, no ha tenido ninguna política de Derechos Humanos. Mucho menos ha tenido una alianza o construcción de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que son en nuestro país un motor histórico de impulso de esta agenda. No sólo con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sino con otras agendas actuales, con lo cual es un interlocutor difícil. Cuando uno habla un mismo idioma puede pensar, trabajar, construir, interactuar hacia el futuro, pero en este caso nos encontramos con una dificultad a la hora de interactuar con un gobierno que no tiene a la agenda de Derechos Humanos como algo central de su gestión ni transversal a todas las políticas. Por todo lo que mencionaba antes es un desafío, como los que sufre Amnistía Internacional en muchos otros países del mundo y por ello hay que seguir trabajando y seguir incidiendo y seguir promoviendo una agenda de Derechos Humanos. Nosotros buscamos que esta agenda sea conocida por toda la sociedad, ya que el factor elemental para seguir ejerciendo los Derechos que tenemos es conociéndolos para poder reclamarlos. Esa es otra de las agendas y tipos de trabajos de Amnistía: la educación en Derechos Humanos.

Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por más de 7 millones de personas en más de 150 países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Desde 1961 la organización se preocupa de visibilizar y accionar ante problemáticas que afectan a los Derechos Humanos.

 

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