Por unanimidad, la Legislatura aprobó la adhesión a la "Ley Micaela"

La ley sancionada por el Congreso establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
Unicameral
Cabe recordar, que la iniciativa fue impulsada a nivel nacional por la diputada Analía Rach Quiroga. - Foto: prensa Legislatura de Córdoba.

La Unicameral aprobó por unanimidad este miércoles 22 de mayo la adhesión de la Provincia a la "Ley Micaela" sancionada por el Congreso Nacional, que establece la capacitación obligatoria en materia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Al respecto, la legisladora Ilda Bustos destacó que “la adhesión de Córdoba busca promover un cambio de paradigma en la sociedad cordobesa, reemplazando las formas patriarcales de dominación que provocan el aumento de las situaciones de desigualdad, violencia, acoso y discriminación, por el respeto de la equidad de género". Reclamó por una sociedad "sin violencia, con justicia social e igualdad de oportunidades y de trato".

A su vez, recordó que también que "la Ley N° 27.499, lleva el nombre de Micaela García en conmemoración a esta joven militante feminista de 21 años quien fue violada y asesinada en abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos".

La norma dispone la capacitación de forma continua y la sensibilización de todos los operadores de los tres poderes del Estado (nacional, provincial y municipal). “La violencia de género es una clara violación a los derechos humanos, utilizada con el objeto de castigar, intimidar y controlar la identidad y el comportamiento de la víctima; por lo tanto el Estado tiene el deber de adoptar las medidas preventivas y punitivas cuando se producen violaciones de sus derechos, asegurando que no queden impunes los responsables de cometer delitos de género"; explicó la legisladora.


Durante la sesión, hubo algunos cruces y críticas desde las bancas opositoras, que denunciaron "un llamativo apuro" para aprobar el despacho en la comisión que antecedió al debate de esta jornada
. Según argumentaron algunos legisladores, la Comisión de Equidad, Igualdad y Género no se reunía desde octubre pasado, cuando recibió a la secretaria de Equidad y Promoción de Empleo de la Provincia, Laura Jure.

"De ninguna manera nos podemos posicionar en contra de una norma como la Ley Micaela que representa un avance, sin lugar a dudas. Pero también es necesario decir que el oficialismo saca una ley a los apurones porque se acerca el 3 de junio (aniversario de la primera movilización del colectivo Ni Una Menos en el país) y no le presta atención a algunas cuestiones graves que se manifiestan en la gestión como es el caso de las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer que está contratadas en condiciones de una precariedad extrema" dijo a La Nueva Mañana la legisaldora del PTS, Laura Vilches. 

Otra de las que lamentó la falta de discusión fue Liliana Montero, quién se manifestó a favor del tratamiento y la adhesión provincial a la norma nacional pero advirtió que "se pierde la oportunidad de agregar artículos que contemplen la realidad provincial que es diferente a la nacional porque parte de realidades diferentes" dijo la legisladora a La Nueva Mañana.

En su momento, también destacó que el Gobierno cordobés ya viene trabajando en programas que combaten la violencia de género y que deberían aprovecharse estas oportunidades para rediscutirlos y mejorar lo que haya que mejorar. Además, señaló que resultaría interesante que "la primera capacitación la tengamos nosotros como legisladores para saber de qué hablamos y de dónde partimos cuando hablamos de violencias de género". 

Por su parte, el legislador Carlos Gutiérrez sostuvo al defender el proyecto: "De ninguna manera, el tiempo puede ser un argumento. ¿Dónde estaban los legisladores que reclaman tiempo cuando la Ley Micaela se aprobó? ¿Cómo pueden explicar el voto con el que aprueban esta ley si hay argumentado en contra durante toda esta sesión?".

 Cabe recordar, que la iniciativa fue impulsada a nivel nacional por la diputada Analía Rach Quiroga, aprobada el 18 de diciembre de 2018. Fue promulgada el 9 de enero de este año por el Decreto 38/2019.

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