La Justicia jujeña inicia el quinto juicio contra Milagro Sala

La líder de la Tupac Amaru afronta una causa que había prescripto en 2009. "Me siento indefensa y humillada. Pido un grito de democracia judicial", dijo.
Milagro Sala by na
Este será el quinto juicio contra Sala desde que Gerardo Morales asumió como gobernador de Jujuy. - Foto: NA

La dirigente social Milagro Sala enfrentará desde este viernes otro juicio oral. Esta vez es como única imputada por su posible responsabilidad en las agresiones que sufrió el militante César “Luca” Arias, quien dijo que lo atacaron en 2006 en las instalaciones del Ministerio de Tierra y Vivienda de la provincia.

La causa se declaró prescripta en 2009, pero la reabrieron en 2016 luego de que otro militante, Juan Carlos Molina, preso en ese momento por un delito común, se presentó ante el juzgado de Pablo Pullen Llermanos.

La líder de Tupac Amaru, a través de un video indicó: “Me siento indefensa y humillada, pido un grito de democracia judicial por favor" dijo Sala y agregó: "Siento que soy violentada por el sistema judicial y por el poder político de Gerardo Morales".

Arias era un militante social jujeño vinculado a la Corriente Clasista y Combativa que en la provincia la encabeza Carlos “Perro” Santillán. El 3 de julio acudió junto al dirigente Juan Carlos Maidana a la oficina del entonces titular de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, para hablar sobre planes de vivienda para las cooperativas. Luego de esa reunión, denunciaron que habían sido agredidos, publicó Infonews.

 Por eso denunciaron a Sala y a otros miembros de su agrupación que nunca fueron identificados como los responsables de los golpes. Arias murió a los diez meses por leucemia.

Este será el quinto juicio contra Sala desde que Gerardo Morales asumió como gobernador de Jujuy. Sin que las querellas ni la Fiscalía pudieran acreditar con pruebas fehacientes los delitos bajo análisis, en enero pasado fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado en una causa que investigó desvíos de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.

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