El Gobierno envió a Diputados el proyecto de ley de Ética Pública

País 07/03/2019
El iniciativa, que el presidente Macri anunció al abrir el 137 período de sesiones ordinarias, establece un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses.
Macri apertura de sesiones Congreso by NA
Macri durante la apertura de sesiones en el Congreso junto a Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. - Foto: NA

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Ética Pública en Ejercicio de la Función Pública, tal como lo había anticipado Mauricio Macri al abrir el 137 período de sesiones ordinarias del Parlamento.

El texto ingresó el miércoles y apunta a establecer la ética para el ejercicio de la función pública en el ámbito nacional, como también los principios de respeto de la iguldad de trato; imparcialidad, integridad, preservación del interés público, entre otros puntos, según consigna el sitio El Parlamentario.

Entre otras cuestiones, la iniciativa propone la publicidad de la información tanto del funcionario, cómo del cónyuge y de sus hijos, y extiende la obligación de informar a los directivos de los sindicatos, obras sociales y a los partidos políticos.

Asimismo, se establecen como deberes de todo funcionario “rechazar cualquier beneficio personal derivado de la realización, retardo u omisión de un acto inherente a la función”; “velar por el uso adecuado de la información adquirida en ejercicio de sus funciones”; y “poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación ilícita o irregular de la que tuvieren conocimiento”.

El proyecto incluye un título dedicado al “nepotismo”, donde expresa que “el cónyuge o conviviente o las personas que poseen vínculos de parentesco en línea recta o colateral hasta segundo grado con los secretarios o subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios con rango y jerarquía equivalente, secretarios de Gobierno y máximas autoridades de los entes descentralizados, no podrán ser designados ni contratados, bajo ninguna modalidad, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.

En el caso del presidente de la Nación, el vice, el jefe de Gabinete, los ministros, funcionarios con rango y jerarquía equivalente y secretarios de Gobierno, la prohibición se extiende al ámbito de todo el sector público nacional.

El proyecto incluye en el régimen de declaraciones juradas a los candidatos a ejercer funciones públicas y miembros de partidos políticos.

Otro capítulo está referido a los conflictos de interereses, que según la norma existe “cuando concurren o pueden concurrir el interés público propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico”. Se agrega que esa es una “situación objetiva que se configura independientemente de la intención del funcionario”.

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