Ambiente habilitó un loteo en un bosque nativo de Unquillo

Sociedad 16/02/2019 Por
La decisión fue tomada en favor de un emprendimiento inmobiliario conocido como “El Montecito”. Vecinos reclaman por irregularidades y apuntan al titular de la cartera provincial, Javier Britch.
Britch©Prensa Gobierno de la Provincia
Secretario Javier Britch (Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial)

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Especial para La Nueva Mañana

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial, a través de la Resolución Nº 615/2018, firmada el 21 de diciembre del año pasado por la máxima autoridad de la cartera, Javier Britch, le otorgó la licencia ambiental al emprendimiento inmobiliario conocido como “El Montecito”, en la localidad de Unquillo de Sierras Chicas.

Se trata de un proyecto de 125 hectáreas sobre faldeo serrano para un barrio privado. Vecinos de la zona denuncian que allí se desmontarán decenas de hectáreas de bosque nativo dentro de la categoría de máxima conservación o “zona roja”, donde la Ley de Bosques lo prohíbe. Precisamente, fue la principal preocupación de los vecinos, expuesta en la audiencia pública llevada a cabo el 14 de septiembre de 2018.

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La polémica resolución 615/2018, con firma del secretario Britch.


Según la Ley Provincial de Ambiente, si bien no son vinculantes, si dicho secretario resuelve una “opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, debe exponer fundadamente los motivos de su apartamiento y hacerlo público”. En las seis fojas de la resolución 615, no responde a la inquietud sobre si se desmontará o no sobre zona roja.

Mapas distintos

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Izq.: Mapa emitido por la Secretaría de Ambiente de la Provincia a través de un pedido de información pública. Der.: Mapa enviado por mail al municipio desde la la Secretaría de Ambiente de la Provincia.


Según el Área de Bosque Nativo de la Secretaría de Ambiente, en base a una inspección en el predio, mediante clasificación de especies, y sumado a estudios de imágenes satelitales, se determinó que de las 125 hectáreas que se pretenden urbanizar, 91,5 se encuentran sobre zona roja. Esto es “debido, principalmente, a la presencia de un renoval de bosque nativo de entre 3 y 4 metros de altura y la situación en pendiente en que se ubican estas masas boscosas, siendo atravesadas además en parte por vías de escurrimiento, lo que debería considerarse como áreas de conservación”. El mapeo tiene como fecha el 3 de diciembre de 2014.

Curiosamente, un año y medio después, en septiembre de 2016, la Secretaría envió por email al municipio de Unquillo un mapa completamente distinto, donde asevera que la zona roja de ese predio es en realidad de ¡51,5 hectáreas!, y no las 91,5 hectáreas originales. El mapa no cuenta con firma ni sello.

La versión oficial es que esa imagen es un recorte de un mapa provincial elaborado por Ambiente como propuesta para adjuntarlo a la reforma de la ley de bosques de 2016, que no fue aprobada por el masivo rechazo vecinal ocurrido en ese entonces.

Aprovechando este segundo mapeo, los empresarios decidieron actualizar su obra proponiendo reducir sus lotes para ceder 54,8 hectáreas para que se conviertan en reserva natural. Y también, 12 hectáreas más para que sean “espacios verdes”. Sobre este punto, el estudio de impacto ambiental solo se limita a describirlos como “dos lenguas que protegen zonas de loma, con presencia de cobertura vegetal importante y dos lenguas más que preservan escorrentías naturales y ayudarán a hacer más eficiente el sistema de drenajes”. No aclaran si se desmontará para crear allí, por ejemplo, un césped.

Un nuevo estudio, a escondida de los vecinos

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Comparación de mapas.


Con este nuevo estudio, basado en ese segundo mapeo donde los vecinos no tuvieron acceso para el día de la audiencia, Britch otorgó el aval ambiental al proyecto.

Allí justifica que tanto la reserva como los espacios verdes “abarcan la mayor parte de la zona clasificada como roja en el marco de la Ley Provincial Nº 9814/2010, conservando las áreas con mejor bosque nativo”. Eso quiere decir que habría una menor parte que sería desmontada y que, incluso, solo se conservarán las áreas “con mejor bosque”, cuando en realidad la Ley de Bosques no diferencia los bosques “mejores” o peores” en zona roja, sino que todo lo que está en zona roja está prohibido su desmonte.

Rocío Loza Serra es vecina dedicada al derecho ambiental e integrante de la Asamblea del Monte de Unquillo. Consultada por La Nueva Mañana, resalta que la propia resolución reconoce, contradictoriamente, la legitimidad del primer mapa: “En esta resolución, lo que vemos, es que el mapa que se tiene en cuenta es el de 91,5 hectáreas”. Precisamente, el texto de Britch no menciona el segundo mapeo, ni sus resultados cuantificados como sí lo hace con el primero. “Por otro lado, dentro de las 12 hectáreas de espacios verdes, incluyen las lagunas de retención. O sea que van a desmontar para hacer esas lagunas”, aclaró la abogada.

En estos momentos, las obras permanecen paralizadas por una denuncia penal contra el titular del Área de Bosque Nativo, por ser el autor de los dos contrastables mapas, y a varios funcionarios municipales. La causa está siendo investigada por el fiscal de Instrucción en lo Penal Económico Matías Bornancini. Britch no está incluido en la denuncia, porque fue presentada antes de que se conociera su resolución.

Dos juicios penales en marcha a dos ex secretarios de Ambiente

Córdoba espera dos juicios penales contra dos ex secretarios de Ambiente. En ambos, coinciden con la misma carátula y la misma irregularidad: abuso de autoridad por habilitar loteos sobre bosque nativo.

El primero es el “caso Candonga”, donde está procesado el abogado Raúl Costa, quien fue el secretario de Ambiente en el primer gobierno de Juan Schiaretti (2007-2011). En el año 2010, Costa otorgó el aval a la empresa Ticupil SA para construir un country en la cuenca del río Chavascate, también en Sierras Chicas. En agosto del año pasado, fue elevado a juicio por el fiscal Anticorrupción Bornancini, el mismo que está analizando el caso de Unquillo, por violación de la Ley de Bosques. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia había aceptado que los vecinos sean querellantes de la causa. Según comentó el abogado denunciante Juan Carlos Smith a quien escribe, “cuando Costa firma la resolución, dice que a pesar que es zona roja, decide autorizar lo mismo el emprendimiento”.

Dicho sea de paso: el coautor del estudio de impacto ambiental de El Montecito, el ingeniero agrónomo Marcos Martínez, es también asesor ambiental de Ticupil en el emprendimiento de Candonga.

Mientras que el segundo caso involucra nuevamente a Costa y también a su sucesor, Luis Federico Bocco, secretario ambiental en el período 2011-2013, en la tercera gobernación de José Manuel de la Sota. Los dos están procesados por haber habilitado la instalación de un transformador de EPEC y dos proyectos inmobiliarios de la empresa GAMA SA, a cargo del empresario condenado en Bouwer Jorge Petrone, también sobre zona roja de bosque nativo. La elevación de juicio fue ordenada por el juez de primera instancia Esteban José Díaz Reyna, en abril del año pasado.

Es decir, tanto Costa como Bocco están procesados por la Justicia penal por permitir loteos sobre zona roja. Al parecer, la misma decisión tomada por el actual secretario de ambiente.

La Nueva Mañana trató de comunicarse insistentemente, por distintas vías telefónicas, con Javier Britch sin obtener respuesta alguna.

Según el diario La Voz del Interior, Britch explicó que en el 2014 no se contaba con el mapa vectorizado de bosques, ni imágenes satelitales con suficiente calidad como para estimar con precisión el área boscosa. Y que cuando la empresa reelaboró el proyecto, se volvió a mapear con imágenes satelitales y con visitas al predio. Ya con esto, se permitió “estimar mejor la calidad de la cobertura vegetal”.

Sin embargo, Britch no contestó entonces por qué su resolución no desestimó el mapeo de 2014, como así tampoco aclaró en aquella publicación si se desmontará o no sobre zona roja, como así tampoco lo hace la resolución que lleva su firma.

 

 

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