Por el camino (in)correcto

Política 18/12/2018 Por
El Presidente comenzó a transitar su último año de mandato con todas las variables económicas negativas, y ya no le queda tiempo ni margen político para cumplir con alguna de las tantas promesas que planteó como objetivo en 2015.
Lagarde Macri © NA

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No hay sector económico y social del país, tal como lo reflejamos en parte en la edición pasada en la nota “Un gobierno con balance negativo”, que no considere como un “fracaso” esta experiencia conservadora que por primera vez llegó como tal al gobierno nacional a través de las urnas.
La administración de Cambiemos tomó una economía con déficit fiscal, inflación, estancamiento de la creación de empleo y crecimiento económico reducido. Pero, tras implementar una serie de medidas, esas variables y otras que no estaban antes en crisis, se agravaron por decisiones políticas propias.

Aumentó la pobreza y la desigualdad

En el olvido quedó el slogan de campaña de “pobreza cero”. Según la última medición del Observatorio de Deuda Social de la UCA, la pobreza alcanzó al 33,6% de la población durante el tercer trimestre del año y alcanzó a 13,6 millones de personas, el mayor registro de la última década.
En cuanto a la indigencia en el tercer trimestre de 2018, aunque con tendencia al alza, la tasa de indigencia no registró un cambio significativo, ya que se ubicó en el 6,1% de las personas contra el 5,7% del mismo periodo de 2017. Pobreza-UCA-01

 

A pesar del voluntarismo futurista del gobierno, los datos muestran que la tendencia sigue en alza y se replicará en el cuarto trimestre del año. Según los economistas consultados por La Nueva Mañana los motivos para este aumento deben encontrar en la crisis económica producto de la inflación en alza, la recesión económica, la megadevaluación y la caída del salario real.

Inflación por las nubes

El gobierno prometía bajar la inflación a un dígito en cuatro años pero quedará muy lejos de ese objetivo. Si bien el Indice de Precios al Consumidor de noviembre se desaceleró al 3,2, en comparación con el bimestre anterior, como consecuencia de la recesión económica, en lo que va del año el alza fue del 43,9% según informó el Indec, y se prevé que cerrará el año en torno al 48%, uno de los índices inflacionarios más altos del mundo y comparable con lo sucedido en 1991.

Para el 2019, el Presupuesto indica que la inflación cederá, siempre producto de la caída de la actividad económica del 2,8% este año y 1,8% en 2019, aunque organismos internacionales prevén una recesión mayor y no coinciden con los ministros Nicolás Dujovne y Dante Sica, quienes sostienen que la economía rebotará en abril. De ser así el IPC quedaría casi en el mismo nivel en el que lo dejó el kirchnerismo hace tres años, en torno al 26,9%.

La caída del salario real

La megadevaluación de casi el 100% del valor del peso que aplicó el gobierno licuó los salarios como no sucedía desde la megacrisis del año 2001. El salario mínimo que era en noviembre de 2015 de 516 dólares, actualmente se ubica en 251 dólares.

Lo mismo sucedió con la clase pasiva que vieron reducir sus haberes, no solo con la devaluación sino con el agravante del cambio en la fórmula de actualización de la reforma previsional que impulsó el gobierno. En este sentido el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y titulares de asignaciones familiares medido en dólares se encuentra por debajo de los niveles de 2001 y es la mitad del que exhibían en 2015, según un informe sobre los tres años de administración de Cambiemos que el titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, le envió al papa Francisco, la semana pasada.

Como contrapartida, Macri impulsó la “reparación histórica para los jubilados”, aunque esto haya tenido un impacto menor en la calidad de vida del sector pasivo. Para peor, el gobierno se comprometió a “comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria”, según surge del informe sobre la primera revisión del FMI del acuerdo Stand By celebrado con la Argentina, al que accedió La Nueva Mañana.

Una buena noticia para los jubilados podría darles mañana la Corte Suprema de Justicia que por mayoría votaría el rechazo a la posición del gobierno respecto del índice utilizado para el cálculo del haber inicial que la Anses aplica para el reajuste de los jubilados que hicieron juicio al Estado. La decisión implicará un nuevo revés político para el Poder Ejecutivo que buscaba que se valide el Ripte (fórmula obtenida a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) como la fórmula para determinar el monto de las actualizaciones, en lugar del Isbic (basada en el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción), como viene otorgando la Justicia de la Seguridad Social por ser el más beneficioso.

En materia de ingresos, el macrismo tampoco cumplió la promesa de la eliminación del impuesto a a las ganancias a los trabajadores. Se estima que en 2019 pagará el impuesto el doble de asalariados que en 2015.

Crece el desempleo

Crear empleos de calidad era otra de los objetivos. Sin embargo, las cifras oficiales del Indec dieron cuenta de una desocupación para el segundo trimestre de este año de 9,6 por ciento, el mayor registro desde principios de 2007 que fue 9,8 por ciento en el primer trimestre de ese año. “Es esperable que los guarismos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2018 arrojen datos aún superiores y que llegue a los dos dígitos, por efecto de la caída en el consumo y actividad económica”, pronosticó un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa).

En este sentido, el universo de los asalariados privados perdió más 120 mil puestos desde 2015.Sólo la industria perdió cerca de 32 mil empleos este año y las expectativas de empleo en la Argentina son la peor en 12 años, según un informe de la consultora Manpower/ Group.
En tanto, las pymes se movilizaron al Congreso para reclamar medidas urgentes para paliar la crisis terminal que padece el sector, que según denunciaron sufre el cierre de 25 empresas por día.

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Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) presentará al gobierno un plan de 35 medidas fiscales, financieras y tarifarias para reactivar la economía y analiza sumarse a un duro documento elaborado junto con la Iglesia, la CGT y los movimientos sociales, en el que se critica el modelo económico del gobierno.

Fracaso institucional

Pero no solamente el fracaso se dio en el plano económico y social, también lo fue en el plano institucional. El gobierno fue denunciado por la Asociación Americana de Juristas ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) mediante un lapidario documento por la situación general de vulneración sistemática de la independencia judicial en la República Argentina.

El documento sostiene que a partir de la asunción como Presidente de la Nación, el 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri inició de inmediato una política de sometimiento del Poder Judicial, comenzando por el Decreto nº 83/15 (Anexo I), mediante el cual intentó, eludiendo el proceso constitucional, designar “en comisión” a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y alude tambien al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) nº 257/15 (Anexo II), por el cual restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio Público Fiscal que presidia Alejandra Gils Carbó y del Ministerio Público de la Defensa.

A partir de ese movimiento inicial, sobrevinieron multitud de presiones señala el documento (i) sobre integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, (ii) sobre abogadas y abogados defensores en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos y, también, (iii) reiteradas intromisiones del Poder Ejecutivo sobre procesos en trámite, particularmente en lo que terminó siendo una persecución desatada contra líderes políticos y sociales de la oposición.

También advierten sobre los avances en el Consejo de la Magistratura, en la Estigmatización de la Justicia Laboral y de abogadas y abogados laboralistas, Persecución a profesionales del Derecho y activistas de derechos humanos y denuncian además presiones sobre Magistrados y Fiscales, cambiando juzgados y tribunales sin intervención de los otros poderes del Estado.

Asimismo, en el ámbito local la organización civil Iniciativa Justicia, una entidad que agrupa a juristas, catedráticos y referentes del Derecho Penal, denunciaron la manipulación de los procesos judiciales que ponen en riesgo las garantías constitucionales y el Estado de Derecho en la Argentina. La agrupación está integrada por los letrados Carlos Alberto Beraldi, Graciana Peñafort, Maximiliano Rusconi, Daniel Llermanos y Martín Arias Duval.

También la deficiencia institucional fue denunciada por legisladores por la degradación de las políticas de seguridad interior que criminaliza la protesta social a través de la represión y con la violencia institucional producto de las normas de gatillo fácil que impulsa el propio ministerio de Seguridad.

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