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title: "Milei envió al Congreso el proyecto por Malvinas y pidió poner “pausa a otras discusiones”"
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description: "La iniciativa amplía las sanciones por la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. El mandatario pidió darle “máxima prioridad” en el Congreso."
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author_name: "Redacción La NUEVA Mañana"
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# Milei envió al Congreso el proyecto por Malvinas y pidió poner “pausa a otras discusiones”

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*La Presidencia consideró que las medidas implementadas hasta el momento fueron “insuficientes e ineficaces” para defender de manera efectiva la causa Malvinas. Foto: archivo NA*

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de**Ley de Defensa de la Soberanía Nacional,**que establece nuevas sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

En un comunicado, el Ejecutivo argumentó que la Argentina debe contar con “un marco normativo integral y coordinado” para defender su soberanía y fortalecer sus capacidades institucionales frente a las amenazas actuales.

Asimismo, la Presidencia consideró que las medidas implementadas hasta el momento fueron “insuficientes e ineficaces” para defender de manera efectiva la causa Malvinas.

En ese marco**, Milei llamó “a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones”** y pidió darle “máxima prioridad y celeridad” al tratamiento de la iniciativa en el Congreso.

“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, concluyó el mandatario en el comunicado oficial.

### **El proyecto de ley**

La iniciativa ingresó a la**Cámara de Diputados** y contempla un régimen que alcanza actividades relacionadas con recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.

El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. **Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011,**concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen con alcance sobre distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales.

Las personas o compañías que realicen actividades prohibidas**podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo**, además de afrontar la suspensión o cancelación de permisos.

El texto también establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y prevé un endurecimiento de las penas cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables.

En esos casos, las condenas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas serían de entre 15 y 20 años.

Además, las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también podrían involucrar a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino.

### **Penas de hasta 20 años**

Para los proveedores que participen de esas actividades, la iniciativa establece penas de entre cinco y siete años de prisión. Las sociedades involucradas también podrían afrontar restricciones para operar o contratar con el Estado.

Entre las medidas contempladas aparecen la revocación de habilitaciones, la **suspensión de actividades por hasta 30 años** y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las compañías responsables.

Una empresa inhabilitada tampoco podría desarrollar actividades económicas en el país durante el período de la sanción y perdería permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales.

El proyecto incorpora además un **Régimen de Desistimiento y Regularización** para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina.

Otro de los capítulos crea un **Sistema de Seguridad Nacional**que articulará áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas.

El órgano rector será el**Consejo de Seguridad Nacional**, encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.

La iniciativa también establece **procedimientos para responder ante aeronaves consideradas hostiles** y contempla distintas medidas de intervención en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre.

En el caso de los buques, el texto contempla desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas alternativas menos lesivas.

El hundimiento quedaría reservado como una medida militar excepcional frente a un buque hostil y requeriría autorización presidencial, mientras que el proyecto prohíbe utilizar esa acción contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial.

Con el texto ya enviado a Diputados, comenzará ahora la etapa de negociación parlamentaria para avanzar con su tratamiento y definir el cronograma de las comisiones que intervendrán en el debate.

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