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title: "La CIDH advirtió el uso \"excesivo\" de la prisión preventiva en la provincia de Córdoba"
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description: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre el uso \"abusivo\" de la prisión preventiva y los juicios abreviados en la Provincia. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura denunció hacinamiento en los centros de detención y el Poder Judicial respondió."
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tags:
  - "prisión preventiva"
author_name: "Redacción La Nueva Mañana"
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category_name: "Córdoba"
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category_description: "Noticias generales y de actualidad de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Clasificadas en sub secciones de política, economía, sociedad y judiciales,"
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# La CIDH advirtió el uso "excesivo" de la prisión preventiva en la provincia de Córdoba

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*Organismos de Derechos Humanos en contextos de encierro denunciaron condiciones de hacinamiento y violaciones de derechos básicos, como el acceso a medicación. Foto: ilustrativa.*

Este viernes la**Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)** realizó una audiencia para tratar el uso de la**prisión preventiva** y la aplicación de**juicios abreviados** en la provincia de Córdoba. La reunión virtual fue encabezada por el presidente de la organización internacional **Jose Luis Caballero Ochoa**. Participaron representantes de la sociedad civil, integrantes del Poder Judicial de Córdoba y funcionarios del Estado nacional.

Durante la reunión,**Jorge Cardoso**, de la**Asociación Proomine**, describió la "alarmante" situación en las cárceles de Córdoba y explicó que "se está usando la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado". "La situación es crítica y afecta a miles de personas, muchas de ellas inocentes, sometidas a un trato inhumano que roza los crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático".

La denuncia fue acompañada por el**Comité Nacional para la Prevención de la Tortura**. **Kevin Nilsen**, representante de la organización, confirmó que en Córdoba la tasa de encarcelamiento es la "más alta del país" y que los centros de detención "presentan niveles de hacinamiento extremos".

Sobre los juicios abreviados, las organizaciones civiles señalaron que las y los detenidos se ven "condicionados" para aceptar este tipo de proceso, que no son beneficiosos en todos los casos.

El Estado provincial cuenta con 30 días para remitir a la CIDH información relativa a los interrogantes planteados en la audiencia.

## La respuesta del Poder Judicial

Los funcionarios reconocieron la situación problemática de los centros de detención provinciales y destacaron la implementación de soluciones. Durante su intervención, el responsable de la**Oficina de Derechos Humanos** del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), **Wilfrido Pérez**, expresó que la aplicación de la oralidad para el dictado de prisiones preventivas por parte de juezas y jueces de control “se encuentra en etapa avanzada de ejecución”.

A su vez, indicó que esta reforma, prevista por la Ley 10366, había sido postergada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, aseguró que, apenas fue superada aquella situación, se avanzó con un “férreo compromiso” en la puesta en marcha de la norma, **con el objetivo de compatibilizar los requisitos para el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva con los estándares de los derechos humanos.**

En la misma línea, destacó que el plazo de la prisión preventiva en Córdoba se limita a dos años y que, excepcionalmente, en casos de delitos complejos, se puede extender por un año más. "Al 30 de junio del año 2025, que tomamos como fecha de corte, y computando las personas privadas de la libertad que ingresaron al sistema desde el año 2023, tenemos el 66% de personas condenadas y el 34% que se encuentran en calidad de procesados", concluyó el funcionario judicial.

Por otra parte,**la fiscal Adjunta Bettina Croppi** señaló que los**juicios abreviados** se tramitan con un **acuerdo previo** entre el fiscal y el abogado defensor. Apuntó que, en ese momento, el letrado hace las consideraciones necesarias que estime beneficiosas para su defendido. Su respuesta está vinculada a la acusación de las organizaciones civiles, que señalan que muchos imputados aceptan cargos que no realizaron "bajo presión".

***La adiencia completa:***

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