La edil villamariense Karina Bruno sostuvo que la participación de empresarios privados fue vital para el desvío de fondos del Estado a través del Ente de Desarrollo, que está investigando la Justicia Federal.
Córdoba 27/02/2017
Miguel Angel Perin
La concejala del PRO, Karina Bruno, advirtió que, en el caso de supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos a través del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), falta dilucidar el rol que cumplieron empresarios privados que habrían actuado en connivencia con el poder político. “Evidentemente no podía haber delito en cuanto a manejo de los fondos sin un privado que lo ejecutara”, enfatizó.
En el Juzgado Criminal y Correccional Nº 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, se tramita la causa Nº 6773/16. Ese expediente se refiere a supuestos ilícitos en el financiamiento de obras realizadas bajo el paraguas institucional del Eninder, el ente de asociativismo intermunicipal que capitaneó el exintendente de Villa María, Eduardo Accastello.
La integrante del cuerpo deliberativo villamariense explicó que la denuncia se formuló a partir de un documento de la Auditoría General de la Nación. “Ese informe analizaba el traspaso de fondos públicos para la ejecución de obras”, indicó la legisladora comunal, quien agregó que se habrían detectado sobreprecios y certificaciones irregulares de los trabajos realizados.
“Nosotros tomamos esas irregularidades, las plasmamos en una denuncia penal y la presentamos en Comodoro Py, en el Juzgado de Canicoba Corral, en la Fiscalía de Delgado”, señaló.
En cuanto al avance de la causa, fuentes tribunalicias precisaron a La NUEVA Mañana que “por el momento está en plena etapa de instrucción. Todavía no se han dispuesto indagatorias. Está por ahora recolectándose prueba informativa, documental”.
Obras públicas, beneficios privados
“Si bien se habla del puente y del anfiteatro, el caballito de batalla del Eninder era el asfaltado. Ahí para nosotros está la mayor caja del Eninder, adonde creemos que todavía hay mucho para profundizar”, apuntó Bruno.
Un hecho clave en el desarrollo de las obras del Eninder fue la compra de una planta de asfalto, con el argumento de abaratar costos. Sin embargo, esa planta se concesionó a una empresa que la tercerizó. Se trata de Tecnología y Construcciones S.R.L., propiedad de Roberto Cajal y Gerardo Varetto. Esa empresa aparece involucrada en varios contratos que hoy están bajo la lupa de la Justicia.
Curiosamente, en los últimos días trascendió que Eduardo Accastello estaría trabajando en un medio radial villamariense, en el que el accionista mayoritario sería uno de los empresarios mencionados.
Bruno refirió que hay antecedentes en informes de la Auditoría General de la Nación de 2007 y 2010, que mencionan al Eninder en una causa presentada por el intendente de Puerto San Julián por la intermediación de una consultora para conseguir obra pública.
“Es muy profundo y ojalá se pueda llegar a determinar los responsables, que es lo que uno busca”, resaltó.
Funcionarios imputados
Las imputaciones dictadas por la Justicia Federal apuntan funcionarios del más alto nivel del gobierno kirchnerista como Julio De Vido, Aníbal Fernández, José López, Abel Fatala y Carlos Kirchner. En el plano local alcanzan al ex intendente Eduardo Accastello, la concejala Verónica Navarro y Edgar Bernaus, el exdirector del Eninder y abogado de Accastello. A todos se les atribuyen delitos contra la administración pública, malversación de fondos y abuso de autoridad, aunque la tipificación precisa se va a dar luego de que sean indagados por el magistrado actuante.
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El servicio que cumple dos años, incluye turnos presenciales y digitales de 236 trámites municipales. El 48% del millón de turnos habilitados se gestionaron de forma online vía WhatsApp.
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