El autor cuestiona los proyectos legislativos que establecen limitaciones a las protestas o manifestaciones en la vía pública. “A la dirigencia cordobesa no se le ocurre nada más meritorio que imponer el silencio en la calle", sostiene.
Opinión 29/10/2022 Néstor Pérez
Creímos viajar hacia el territorio fértil de la libertad con justicia social reparadora. Las armas se enfundaban y renacía la palabra. Ya no tronaban aquellas; las otras, preñaron la narrativa política de promesas y anhelos.
Pasaron cuarenta años, y ahora sabemos que aquello fue una coartada; la libertad se ahogó en este descalabro económico que mantiene cautivos del hambre y el desasosiego a millones de argentinos. El mejor sistema para corregir desvíos – y conjurar desvaríos – nos había entusiasmado como al moribundo un nuevo amanecer.
La democracia amagó con la felicidad colectiva, cuando sus resultados indican que se trató de un proceso político tendiente a mejorar los términos de la apropiación de la riqueza nacional de los mismos de siempre, un puñado de bendecidos.
No somos libres, ni siquiera lo parecemos.
Nos encaminamos al 100 por ciento de inflación anual. Casi un dos por ciento cada siete días. 10 millones 650 mil personas son pobres. 2 millones 570 mil, indigentes. La canasta básica de alimentos cuesta 130 mil pesos. El salario real (trabajo registrado) retrocedió 7,2 por ciento en los primeros 9 meses de 2022. El presupuesto nacional del año próximo frena la economía en seco, con una tasa de ajuste del 6,8 por ciento.
La deuda externa sumará recursos, 13,7 por ciento. Gendarmes y otras fuerzas de seguridad tendrán más dinero para reprimir la protesta; junto a los militares mejoran su posición un 2,2 por ciento. El 10 por ciento más rico de la Argentina se lleva casi el 60 por ciento de la riqueza nacional. De las 16 familias más ricas, 12 tienen sus empresas en paraísos fiscales. En la pandemia Covid-19 (2020) la fortuna de los argentinos más acaudalados no se detuvo, subió un seis por ciento; en 2021 escaló al 22,4 por ciento.
El experto en Teoría de la Justicia Hugo Seleme (Conicet), al solo efecto de abreviar datos complejos, tradujo en estatura física la capacidad económica de sujetos sociales. Así, mientras un asalariado/a promedio mide 1,60/1,70 centímetros; y un ciudadano/a que cobra la AUH (Asignación Universal por Hijo) levanta del suelo poco más de 20 centímetros, Paolo Roca (Grupo Techint) tiene 7 veces la estatura del monte Everest.
“Dos presupuestos deben darse para justificar el control de la protesta. Primero, una injusticia de cualquier carácter que pueda ser reparada, que encuentre alivio. Después, un dispositivo político que atienda la demanda, la organice y ofrezca la respuesta”, apunta el doctor en Derecho. Es claro que los dos presupuestos desaparecieron del radar colectivo, hace demasiado tiempo.
La situación es devastadora en términos domésticos. Comienza un ciclo de ajuste brutal y a la dirigencia cordobesa no se le ocurre nada más meritorio que imponer el silencio en la calle, “el silencio de los cementerios”, dirá un hombre que supo y pudo cortar a tiempo la prepotencia de la multinacional Monsanto cuando ya contaba con los gobiernos locales entre sus auspiciantes. Si un litigante tiene el capital financiero, respaldo político y capacidad de influir en sus decisiones, el que lo enfrenta ¿qué otra cosa tiene para hacer que protestar?… más o menos en estos términos concluyó su rechazo al amparo el entonces Fiscal Instructor Marcelo Hidalgo. Monsanto huyó de Malvinas.
Un hombre del constitucionalismo, Roberto Gargarella, crítico con el peronismo progresista, dirá: “Se reconoce que existen costos y que la protesta no es un derecho más. El derecho a criticar a las autoridades es reconocido como un “súperderecho”, lo que yo llamo el primer derecho. Si se apaga la crítica al poder, la propia democracia resulta socavada, pierde sentido”.
Luego de aumentar el salario real como ningún otro gobierno en la etapa precedente, cuando a la administración Fernández de Kirchner se le comenzó a “picar” la calle, promediando su ciclo de gobierno, fue el diputado Carlos Kunkel el que intentó el aval parlamentario a tan avasallante instrumento. Apoyaron la iniciativa que se truncó los liberales y los massistas; hombres y mujeres de este mismo Sergio Massa que aprieta el nudo mientras aboga por la “paz social”.
Los agentes económicos piden palos al pueblo cuando no pueden imponer sus criterios dominantes. Es la lógica del capitalismo, demasiadas guerras informan su temperamento. Lo inadmisible es que la representación política asuma el rol de gendarme.
Protestar es la expresión más genuina de la democracia. Más aún cuando no alivia dolores añejos ni ofrece las respuestas adecuadas, en el grave momento histórico donde emerge la tragedia social como un Polifemo insaciable.
El autor de la columna sostiene, a propósito de la medida dispuesta por el Gobierno nacional, que "ninguna supuesta emergencia permite al Poder Ejecutivo arrogarse nuevas atribuciones ignorando el derecho constitucional vigente".
Es evidente que no hubo dictamen válido en la discusión del proyecto en general. No obstante, se aprobó con 144 votos a favor y 109 en contra, pero conforme a la normativa sobre la que se profundiza en esta nota, se necesitaban 169 votos.
Siempre resulta tentador decirles a los demás que nuestros males lo reconocen como fuente; así nos despegamos de nuestra propia responsabilidad, cargamos al de enfrente con la mochila de la frustración, la derrota y la vergüenza.
El Presupuesto del año 2023 prorrogado por el Presidente contempla el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) para el mejoramiento de la retribución de los docentes en los diversos establecimientos educativos del país, (art. 10 de la Ley 25.264).
Luego de liberar los precios de las naftas, la luz, el gas, los alquileres, etcétera, el Gobierno nacional dejó en claro que como Estado sí intervendrá en los acuerdos paritarios entre trabajadores y empresarios, algo que el propio Milei dijo que nunca sucedería.
La sociedad argentina, dentro de la genuina sensación de necesitar cambios, consagró presidente a un anarco capitalista como Javier Milei, que ha sostenido que “el Estado es una asociación criminal".
El histórico predio ubicado en Alta Gracia será puesto en valor luego de gestiones conjuntas entre la Municipalidad de la Ciudad del Tajamar y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Cuando finalizan la tarea, los muchachos dicen que el costo es de 12.500 y no de 2.500 pesos, como habían asegurado. “Escuchó mal, usted. No nos vamos de acá hasta que nos pague”, amenazan.
A través de la Resolución 01/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación estableció los nuevos esquemas tarifarios que regirán desde mayo. Para el recorrido completo del Tren de las Sierras, sugirió una tarifa de $1.300.
Participaron más de 70 mil personas entre autoridades de universidades locales, estudiantes, docentes, no docentes, gremios, organizaciones sociales, y referentes de todo el arco político, incluidos del Gobierno provincial y municipal.
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
