Mientras las políticas económicas se discuten en foros y tribunas públicas, el parlamento empuja proyectos con el fin de recuperar el poder adquisitivo.
Ed Impresa 13/05/2022
César Martín Pucheta
“No es pelea, es debate de ideas”, dijo Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. Desde Chaco, la vicepresidenta intentó bajarle la espuma a la batalla interna del Frente de Todos exponiendo un puñado de argumentos por los cuales las diferencias entre las partes gobernantes no deberían alarmar a nadie. Sin embargo, cerró su clase magistral con una frase valupeante: “No estamos haciendo honor a tanta confianza que nos depositaron”, aseguró la líder de uno de los bandos que conduce los destinos políticos del país. Hacia adentro del mundillo político oficialista aseguran que “no son solamente dos”, pero esa es otra discusión.
Las diferencias centrales entre el kirchnerismo y el sector más fiel al Presidente, que el propio Fernández se niega a llamar “albertismo”, tienen que ver con las decisiones económicas. El rumbo que el ministro de Economía Martín Guzmán imprime al Gobierno no convence a la militancia cercana a la vicepresidenta, que insiste en la necesidad de avanzar con políticas que sirvan no sólo para hacer frente a la inflación, sino a engrosar el poder adquisitivo de la ciudadanía, una de las banderas más importantes de los tres gobiernos del Frente para la Victoria, entre 2003 y 2015.
La escalada llegó hace un par de semanas al parlamento y esta semana tuvo como protagonista excluyente el proyecto que busca crear un Salario Básico Universal (SBU) para “garantizar la protección social” y “eliminar la indigencia”.
El argumento central de la norma fue descripto en la conferencia de prensa del martes por el diputado de Patria Grande, Itai Hagman. “Hay millones de personas que trabajan, sin tener un empleo formal, que no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida”, ante esa realidad, la norma propuesta busca establecer un ingreso universal que asegura, en palabras del economista que firma el proyecto, “una respuesta concreta que nos permite ser audaces para pensar el futuro”.
Según el proyecto, el SBU será “una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”, entre quienes están contemplados desocupados, trabajadores y trabajadoras de la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría “A” del monotributo o en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente. También se considera personas en relación de dependencia con registro de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y perciban un ingreso bruto anual igual o inferior al establecido para monotributistas de la categoría “A”, quienes se encuadren en el Régimen de Trabajo Agrario y trabajadores y trabajadoras declarados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Según el texto del proyecto, al que tuvo acceso La Nueva Mañana, quedarán impedidas del beneficio aquellas personas que tengan algún tipo de ingreso por alguna otra prestación social estatal como la prestación por desempleo, el programa Progresar, el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar. Tampoco accederán al SBU jubilados, jubiladas y beneficiarios de pensiones.
La normativa propuesta también establece que el SBU tendrá un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en marzo alcanzó los 12.900 pesos. Tomando ese monto de los datos publicados por el Indec, se cubrirá la totalidad de esa canasta a las personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal; y en un 50% para aquellos que se encuentren inscriptos en la categoría “A” del monotributo. También se limita el acceso al beneficio hasta dos SBU por grupo familiar.
Según se desprende del texto presentado en la Cámara Baja, la aplicación del beneficio garantizaría “un piso de dignidad” para un total aproximado de 9 millones personas, de entre 18 y 64 años, que hoy se ven imposibilitados a dicha garantía. Sin especificar el origen de los fondos, el proyecto supone un costo fiscal anual bruto de “2,1% del PIB, lo que equivale a aproximadamente $1,5 billones de pesos”, a valores de 2022.
El proyecto fue rápidamente defendido por los principales referentes del kirchnerismo, muchos de los cuales sumaron su firma a la iniciativa que buscará seguir su complicado rumbo en el Congreso. “Una iniciativa en la dirección correcta”, la definió Andrés “El Cuervo” Larroque, el secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social bonaerense, convertido en uno de los principales francotiradores discursivos del ala kirchnerista de la coalición gobernante.
Además, el ex ministro de Desarrollo Social del actual Gobierno Daniel Arroyo apoyó la iniciativa y llamó a no tener miedo “del impacto fiscal” que pueda tener la medida. “Se puede hacer por zonas, por etapas, pero hay que avanzar”, manifestó.
Por su parte, el dirigente social Juan Grabois, presente en el lanzamiento del proyecto, dijo que tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro Martín Guzmán están de acuerdo con la iniciativa. En tanto, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi se manifestó que el salario básico universal “es una necesidad” y que al tema ya se lo había planteado al Presidente y al ministro de Economía. Consultado el actual ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aseguró que el tema será “analizado junto con otros instrumentos y nuevas herramientas”.
Por otro lado, a través de un documento conjunto, organizaciones políticas, sociales y sindicales también sumaron su apoyo al plan señalando entre otros puntos que “el acceso a un Salario Básico Universal que establezca piso de derechos generará de modo inmediato en una mejor condición de negociación salarial”. Firmaron el documento: Corriente Peronista Descamisadxs, Organización Peronismo Militante, Corriente Nacional Martín Fierro, Kolina, Corriente Nacional de la Militancia, Corriente Peronista 13 de Abril, Identidad, Frente Social Peronista, Agrupación 17 de Noviembre, Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), Federación de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Buenos Aires (Fecoopba), Fetraes (Federación de Trabajadores de la Economía Social), Fuerza Colectiva, Corriente Militante Lealtad, Unidad Piquetera, Unidos y Organizados y Movimiento Alfonsinista.
La semana pasada, el diputado Máximo Kirchner había pedido adelantar la suba del salario mínimo, vital y móvil. Esa medida fue anunciada, también el martes, y estableció las subas a partir del 1 de junio. El mínimo pasará a ser de $ 45.540, mientras que en agosto la suba alcanzará los $ 47.850 por mes. El monto mínimo de la prestación por desempleo, a su vez, será de $12.650 desde junio y de $13.292 desde agosto.
“Cuando hay un problema, le pongo el pecho”, dijo, a modo de contestación, el Presidente el pasado fin de semana. Alberto no quiere que la escalada empañe su ya compleja presidencia pero sabe que tampoco puede ceder en sus pretensiones por fortalecer su liderazgo. Entonces, mientras el horizonte cercano pone el ojo en la discusión por la suba de las tarifas y la reducción de subsidios, se enrola en una pelea en el que los principales actores del gobierno “se corren por izquierda” mientras buscan acomodar una situación social compleja que, con la economía como factor determinante, se convierte en el termómetro que da cuenta de la salud del Frente de Todos.
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