Mientras una parte de la Generación X busca espacios para renovar la dirigencia, desde El Panal y algunos intendentes ya dieron el visto bueno para el 2023.
Ed Impresa 29/04/2022 Nicolas Fassi
Especial para La Nueva Mañana
En el basto y activo mundillo político cordobesista, la cuestión electoral no es un tema tabú. Bien por el contrario, todos los espacios ya piensan en las elecciones de 2023. Ya sea en el ámbito municipal, provincial y, cómo no, nacional, todos los barcos pusieron proa a los comicios del año que viene.
Paradójicamente, las naves y los cañones cuentan con pocos tripulantes con el pasaje confirmado. Como un mantra, la famosa frase “es prematuro para hablar de candidaturas” es moneda común entre los que aspiran a cargos ejecutivos.
Si se amplía la imagen, los movimientos políticos muestran que por el contrario, el 2023 está a la vuelta de la esquina, lo que obliga a los eventuales aspirantes a apurar la conformación de alianzas o acuerdos que permitan llegar bien parados a la línea de largada.
“Hacer base y armar” desde abajo parece ser el leitmotiv de los próximos meses. Se sabe. Erigir candidaturas y proyectos sobre pies de barro puede ser una estrategia que los acerque más al Coloso de Rodas mucho antes que a los puestos de decisión.
El primer escollo que aparece en el horizonte es la re-reelección de intendentes del interior provincial, base territorial por excelencia. A partir de la reforma electoral de 2016, los jefes de las comunas que no tienen Carta Orgánica sólo pueden presentarse para un periodo consecutivo. Pero el problema, que es al mismo tiempo una ventana de oportunidad, es que la normativa tomaba con retroactividad los mandatos iniciados en 2015.
Esto destapó un conflicto que afecta por partes similares a Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, PRO y vecinalistas. Paradójicamente, el oficialismo cordobés puede, incluso, ser el más perjudicado, puesto que la ley también golpea a los cargos legislativos locales y, atención, a los legisladores de la Unicameral.
Los números muestran que en total hay 289 intendentes, el 67% del total provincial, que no pueden repetir mandatos en 2023: 141 de Hacemos por Córdoba, 73 de la UCR, 43 del Frente de Todos, 19 del PRO y 13 vecinalistas. Con trazo grueso, en estas localidades se concentra más de la mitad del padrón electoral. Solo 21 están excluidos de la norma, entre ellos la Capital, puesto que cuentan con Carta Orgánica propia.
Con este panorama, la solución sería suspender, por única vez, el artículo 7 de la Ley 10.406 para luego volver a la prohibición de la re-reelección indefinida. Otra vertiente, también con sabor a excepción, sería considerar la vigencia de la ley desde el primer período de gobierno posterior a la aprobación. “Es una ventana de oportunidad”, grafican los jefes comunales.
De cualquier manera, todo parece indicar que la suspensión sería casi un hecho. A punto tal que se espera que en mayo comiencen a ingresar, sin solución de continuidad, las notas de los intendentes para solicitarle a la Legislatura que se aboque al tema.
Las voces en contra a la derogación corren por cuenta de los dirigentes conocidos como la Generación X, es decir los que rondan los 40-50 años, quienes independientemente de las filiaciones partidarias y políticas vienen reclamando una actualización en el menú de intendentes.
Razón no les falta, puesto que la “eternización” en los puestos de gobierno se da con mucha frecuencia en intendencias y comunas pequeñas, donde es común observar a los mismos jefes de gobierno durante 20 años.
Por rango etareo, Facundo Torres, secretario de Gobierno y exintendente de Alta Gracia, forma parte de los dirigentes sindicados como puntales de la renovación. A punto tal que su nombre figura en una eventual precandidatura a la gobernación con 41 años. Con línea directa, Torres es el encargado de manejar el complejo escenario que ya es tema cada vez más habitual en la minuta de las reuniones de la Mesa Provincia - Municipios.
“No es un tema tabú”, lanzó a mediados de este mes, blanqueando las discusiones que empezaron a tomar forma en el verano cordobés. Sin embargo, marcó la línea de acción al dar cuenta que no se encuentra en agenda del Gobierno. “Solo son trascendidos. Conozco que es un tema que les interesa a ellos. La Mesa está para temas de gestión, no electoral”, se atajó Torres, quien no obstante reconoció que la inquietud preocupación viene del año pasado.
“Creo que deben manifestarse y plantearlo en el ámbito natural, que es la Unicameral”, muñequeó el secretario de Gobierno a sabiendas que es en el recinto donde la iniciativa tendrá más apoyos hacia adentro, puesto que 24 legisladores no pueden renovar una banca. Entre ellos hay nombres con peso propio en Hacemos por Córdoba como Carlos Alesandri, Francisco Fortuna y Oscar González (dos “bronces” del cordobesismo). A ellos se les suman Mariana Caserio, Tania Kishakevych y Laura Labat. En Juntos por el Cambio, el impedimento alcanza a Orlando Arduh, Antonio Rins y la deloredista Elisa Caffaratti. Incluso, Aurelio García Elorrio, en uso de licencia, tampoco podría presentarse.
“Personalmente estoy a favor de la alternancia y a favor de que se vaya oxigenando el cuadro político que tome las decisiones, pero no creo que haya costos políticos y beneficios en una interpretación transversal”, señaló.
Del otro lado de la vereda, Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, sostuvo que el Gobierno intenta trasladar a los intendentes la responsabilidad de una decisión que les compete a ellos. “Nos hemos opuesto desde un principio. No puede haber gente enquistada en el poder. Tiene que haber recambio”, dijo Ferrer (39), quien señaló que “hay incluso dentro de mi partido dirigentes que están comprometidos por esta situación. No lo comparto”.
“Desde el poder es mucho más fácil limitar la participación de los otros es más fácil. Me imagino esta situación en una comuna de 1000 habitantes, donde desde la conducción se generan condiciones para que no haya alternancia. Después el argumento es ‘nadie quería ser’. Me cuesta entender que no haya vecinos que no quieran participar. Los nombres se repiten desde los 80’”, indicó.
“Hay que atender las distintas realidades. Y también la vara que se utiliza para analizar esta situación”, expresó por su parte el intendente de Bulnes, Martín Toselli. En diálogo con La Nueva Mañana, el jefe comunal de la localidad ubicada en el departamento Río Cuarto, se mostró a favor de los reclamos para derogar el artículo 7 de la ley, y cargó contra las voces que se oponen a ello dejando en claro que se trata más de un artilugio político para ganar relevancia política. “Incluso dentro de la oposición hay intendentes que no están de acuerdo con esta postura, que parece ser más una cuestión de cúpulas antes que de bases”, opinó Toselli.
En este sentido, Daniel Salibi, presidente del foro Mucora (Municipios y Comunas Radicales), criticó al presidente de la bancada Juntos-UCR, Juan Jure, quien días atrás anticipó el voto negativo a la eventual iniciativa. “Los legisladores hacen mal en opinar sin escuchar a los intendentes. Es una falta de respeto”, señaló Salibi, quien desde 1987 está al frente de la intendencia de Mendiolaza. Myriam Prunotto (Estación Juárez Celman) cambió el eje al señalar que “es el peronismo el que inventa una discusión donde no la hay, porque no tiene lugares para todos los intendentes que no podrán presentarse”.
“Ya cuando se cambió la ley estuvimos en desacuerdo porque se cambiaron las reglas del juego”, apuntó Toselli, quien introdujo la variable pandémica al señalar que en las localidades pequeñas, la situación originada por el coronavirus paralizó la actividad por medio mandato. “Con la apatía reinante, en las localidades chicas, es difícil conformar una lista. Acá, el trabajo de gobierno se hace día a día, cara a cara. La ley no se adapta a la realidad”, señaló en la misma sintonía en la que se expresaron en diferentes oportunidades los distintos jefes comunales de localidades chicas. “Es la gente la que te pone y saca en las elecciones. Si en los ‘países desarrollados’ como Alemania, la reelección indefinida está bien vista ¿por qué acá no?”, se preguntó Toselli, quien sostuvo que “esta discusión podrá hacer un poco de ruido en algunos sectores mediáticos. Pero, en rigor de verdad, a la mayoría de las personas no es un tema que vaya a calar hondo en la opinión pública. Creo que se va a aprobar, y por consenso”.
Más allá de las posturas, genuinas y sobreactuadas según las circunstancias, queda claro que a todos y todas les conviene la suspensión. El punto pasa, por saber cómo y quién correrá con el costo político de la suspensión de una ley que va en contra de la tan citada renovación dirigencial.
La convención radical de Villa Giardino de la semana pasada tuvo varios picos interesantes en cuanto al debate y las disidencias internas respecto del rol del centenario partido en el armado político de 2023. Sin embargo, la re-reelección no tuvo mucha centralidad, pese a las diferencias expresadas de manera pública. “No hubo conclusiones ni particulares. Solo opiniones sueltas divididas”, sostuvo un asistente a la reunión e integrante de la avanzada de intendentes que reclama lugares en la mesa de decisiones.
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