En plena ola de calor extremo, vecinos de ciudades y comunas del valle de Punilla y Santa María padecen las restricciones o directamente la falta de servicio del vital elemento.
Ed Impresa 14/01/2022
Adrián Camerano
Mónica Ortiz está harta de todo: es martes 11 de enero, el mercurio marca 41 grados y en el barrio La Perla llevan más de una semana sin agua. Carga a su hijo y solo encuentran sosiego a seis kilómetros, en el río Anisacate, el mismo en el que miles de turistas transitan sus vacaciones. Mientras la mayoría chapotea y busca el mejor ángulo para la foto con destino de red social, esta familia de Alta Gracia intenta paliar el peor verano del que tengan memoria.
El 2022 vino cargado: al exponencial aumento de contagios de coronavirus se sumó una ola de calor extremo sin precedentes en el pasado reciente, que llevó a la Argentina a integrar el indeseado podio de países más calientes del planeta, y Córdoba no es ajena: en alerta roja, naranja y amarilla, según de qué departamentos hablemos, al clima tórrido que recién aflojaría este fin de semana que se avecina se agrega un problema mayor: la falta de agua.
“Lo que es calor es falta de verde. Córdoba es el saqueo del monte en clave de negocios; el monte ya no es” ilustra el periodista Néstor Pérez, y señala que “la depredadora marcha de quienes siembran la muerte del futuro no se detiene porque hoy nos ahoguen 42 grados de calor”. “El calor no es creación divina, es hijo legítimo de un sistema cruel que valora, aplaude y estimula el saqueo de los recursos naturales”, completa.
En la misma línea, el biólogo Raúl Montenegro refiere que la ola de calor surge de la confluencia “del aire caliente procedente de la zona norte del continente y los efectos termogénicos generadores de calor en la zona donde vivimos”. Y señala que no se trata de un problema ambiental sino “de masas humanas” y que el arrasamiento de los ambientes nativos generan “cada vez mayor vulnerabilidad”.
Con algunas causales sobre la mesa, y quizás bastante al margen de las discusiones de fondo, son miles los cordobeses que por estos días tiene una única preocupación: cómo sobrellevar jornadas de más de 40 grados sin una gota de agua.
Un par de esas historias mínimas, en esta nota.
No es un problema de una localidad, ni siquiera de una zona puntual. La falta de agua afecta a varios sectores de la geografía provincial. Por estas horas, cientos de camiones aguateros solventados con fondos públicos surcan distintos departamentos e intentan paliar lo que la gestión estatal y la privada no supo, quiso o pudo prevenir. En Cuesta Blanca, por caso, el problema se agudizó este diciembre, cuando de los grifos ni una gota salía y vecinos autoconvocados conformaron la Asamblea por el Agua Cuesta Blanca; la organización elevó un reclamo a la jefa comunal Ana Gaitán, quien al decir vecinal culpó a la falta de lluvias, la mayor demanda y el derroche de la gente, tres ítems que están en boca de varios mandatarios y que ni por asomo explican todo el problema.
Tras la quita de la concesión a la Cooperativa integral, en la bella localidad de Punilla la planta está cargo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que administra el recurso, mientras la Coopi se encarga de la distribución. Tras una reunión con los vecinos, la propia Gaitán se apersonó en la planta y al rato el agua volvió: al parecer, alguien había cerrado el grifo, con lo que el recurso no bajaba a las plantas de bombeo que gestiona la cooperativa.
“La cisterna estaba llena, pero el agua no bajaba. Acá claramente manda Carlos Paz”, señala el vecino y dirigente social Rodolfo Pérez, uno de los tantos que pasó más de una semana sin el líquido, pese al riguroso pago de la boleta del servicio.
Pérez reafirma que “más aún en pandemia, la higiene es prioritaria y el agua no puede faltar de la casa de ningún vecino”. Y sostiene que “el agua es un negocio millonario” y se queja de que “acá nadie habla de las causas, del descuido de las cuencas hídricas”. “Se están violando derechos universales”, cierra.
Los vecinos de la zona se organizaron bajo el lema “El agua nos une”, entendiendo que es necesario activar de modo local pero plantear a la vez un abordaje regional del problema.
La última novedad es que las comunas de Icho Cruz y San Antonio de Arredondo firmaron convenios con la Municipalidad de Villa Carlos Paz sobre cómo será la provisión del servicio, e incluso criterios de sanciones ante eventuales morosidades, que hasta llegan a la rescisión, con lo cual se privaría al vecino deudor del acceso a un derecho humano consagrado.
Otras comunas de Punilla no sufrieron el cierre de grifo a lo Cuesta Blanca, sino que registran clara escasez de recursos, por falta de lluvias. Los reclamos surgieron en varias localidades, al punto que la Comunidad Regional Punilla tuvo que emitir un comunicado admitiendo que el problema afecta a todo el Valle y que existen averías en distintos sectores de la red.
A confesión de partes, relevo de pruebas, suele esgrimirse en Derecho. Derechos que parecen no tener los pobladores de los barrios El Condado y San José Obrero, en las sierras de Cosquín, que desde antes de Navidad padecen el insuficiente servicio municipal, que tuvo que recurrir a camiones aguateros que a su vez no dan abasto. “Los vecinos, desesperados, se juntan entre varias familias para pagar una camionada de agua, que sale entre 7500 y 8000 pesos” relata una vecina.
En 2021 se inauguró la ampliación de la planta potabilizadora de Alta Gracia, anunciada como la solución al problema de agua en la ciudad y zona para las próximas décadas, con una inversión de nueve millones de dólares. Al primer verano subsiguiente al corte de cinta, son varios los barrios periféricos sin servicio, al punto tal que la Municipalidad y la cooperativa Cosag tuvieron que recurrir a un esquema de camiones aguateros mientras se avanza en un tendido nuevo para algunos sectores y se proyecta una perforación cerca del arroyo para abastecer a otros.
Mónica, que sigue sin agua de red, relató a La Nueva Mañana este martes 11 que los camiones “empezaron esta mañana y al rato a uno se le rompió la bomba, otro chocó contra un árbol y rompió el parabrisas, y otro tenía la manguera corta y no podía llegar a muchas casas que no tienen entrada para camiones”.
Mientras la solución se dilata, un fallo judicial devenido de un amparo vecinal obligó al municipio y a la Cosag a abastecer del vital líquido. En los primeros días de enero el titular de la cooperativa agradeció unas precipitaciones esporádicas -“hoy el servicio es normal pero se debe a la lluvia”, dijo-, con lo cual admitió la precariedad del servicio e hizo enojar aún más a los afectados. Al punto tal que el intendente Marcos Torres deslizó la posibilidad de la municipalización, mientras vecinos de barrio Parque San Juan cortaron la ruta 5 y pusieron más temperatura aún al conflicto.
“Es desesperante. La gente va a la Plaza Solares, porque ahí hay una canilla, o a la terminal, con bidones y tachos. Yo me paso la noche con un ojo abierto, esperando que venga un chorrito de agua para juntar, después me voy a trabajar y a la noche nos bañamos con la poquita agua que pude juntar. Es una vida de mierda”, ilustra Mónica.
En La Perla son 49 las manzanas afectadas y miles los vecinos sedientos. A unos pocos kilómetros, en la avenida Lucio Rossi, a diario una chorrera de agua potable tomada del río Anisacate es descartada por la Cosag. Problema que ha causado innumerables accidentes y que se solucionaría con el anunciado aporte de 60 millones de pesos provinciales.
El gobernador Juan Schiaretti lidera una gestión provincial que lleva invertidos cientos de millones de pesos en obras de agua potable; las últimas anunciadas son el nuevo acueducto de Traslasierra y una perforación para que en Chancaní no falte el líquido. “El agua es un derecho humano”, ratificó el mandatario días atrás, al realizar esos anuncios, y señaló que “la gente no puede quedarse sin agua, porque es un derecho humano fundamental”.
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