Tras el resultado electoral del domingo pasado, la alianza gobernante comienza a redefinir su rumbo, al tiempo que los referentes de la oposición radicalizan aún más su discurso.
Ed Impresa 17/09/2021 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Desde que asumió, el equipo económico del Frente de Todos eligió el equilibrio fiscal para restablecer las condiciones macroeconómicas, tras dos años recesivos. Con una economía en default, sin recursos fiscales suficientes, las políticas contracíclicas necesarias se financiarían con nuevos ingresos fiscales, señalaban. Ergo, planificaban una recuperación lenta, pero con pasos consistentes, alejados de la tentación de “darle a la maquinita”. Paso a paso.
En palabras de Martín Guzmán: buscamos “tranquilizar la economía”; lo cual significa “evitar las grandes oscilaciones” para que puedan tomarse decisiones de inversión. También, con una inflación acumulada del 300% durante la gestión anterior, el gabinete económico proponía bajarla desde la mesura fiscal. Así las cosas, tras la irrupción de la pandemia que obligó a aumentar el rojo fiscal, en los primeros siete meses de este año se acumula un déficit primario de solo el 0,7% del PBI, sobrecumpliendo con creces el rojo fiscal de 4,5% presupuestado para el 2021. Tratándose del déficit acumulado a julio más bajo que el de los primeros tres años de Cambiemos.
Hasta el momento, los precios indómitos de las góndolas tiran por tierra el objetivo del Gobierno de bajarlos, pese a la desaceleración en curso. Al mismo tiempo, la actividad muestra signos de recuperación, habiendo acumulado durante el primer semestre casi un 10 por ciento de robustez frente a una base de comparación baja como lo es el primer semestre del 2020. También la inversión mostró signos positivos en este contexto. Durante el primer trimestre, el capital destinado a la adquisición de maquinarias que aumentan la capacidad productiva supera en dos dígitos a las inversiones del primer trimestre del 2019. De cualquier manera, la recuperación de la actividad y el aumento de la capacidad instalada no encuentran un correlato en los indicadores socioeconómicos.
El empleo es un claro ejemplo de la poca incidencia que tienen las variables económicas positivas en la generación de trabajo. Según datos oficiales, la pandemia acabó con 191 mil asalariados privados; de los cuales se llevan recuperados en diferentes sectores poco más de 54% de los puestos laborales perdidos. Sin embargo, la oferta de trabajo por rama de actividad ofrece realidades muy diversas. Por un lado, la industria manufacturera llega a niveles de empleo superiores a los registrados antes de la pandemia, arrastrando trece meses consecutivos con variaciones positivas. Mientras que, por otro lado, cabe aclarar que de 14 sectores relevados, solo seis emplean a más trabajadores que antes de la cuarentena.
Por tanto, a un mercado laboral que no termina por consolidar una oferta robusta y sostenida, la suma de 2,3 millones de no asalariados (entre cuentapropistas, monotributistas, etc.) y un 10% de desocupados termina por componer un tejido social frágil. Consecuentemente, estos niveles de empleabilidad y una inflación acumulada en torno a treinta puntos se expresan en un porcentaje de pobreza de dimensión. En efecto, cómo dotar a la estructura productiva para generar los dólares suficientes que garanticen el equilibrio macroeconómico sin desatender las necesidades de las mayorías es la ecuación a resolver.
Cómo responderá el Gobierno al revés electoral es una pregunta que aún no tiene respuesta. Dentro de la coalición gobernante algunos reclaman un “volantazo” económico. Por su parte, el gabinete económico advierte sobre los riesgos de atrasar el tipo de cambio más de la cuenta y expandir el gasto social por sobre la recaudación proyectado. Esta combinación de factores terminaría en una devaluación, más temprano que tarde, por tanto revirtiendo la desaceleración de la inflación y la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos, sostienen en el entorno de Guzmán. Mientras tanto anuncian algunas medidas de contención social y analizan otras.
Por otro lado, desde la oposición dieron muestra de cómo entienden debe resolverse la ecuación expuesta anteriormente. El alcalde porteño (gran ganador del domingo, según no pocos analistas) reconoció finalizando la campaña sus intenciones de flexibilizar el régimen laboral vigente. Para Horacio Rodríguez Larreta “millones de personas hoy no consiguen trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este”. En el mismo sentido, el candidato a diputado por Cambiemos, Martín Tetaz, respaldó los dichos del jefe de Gobierno porteño al señalar que el empresario debe tener “libertad para contratar y despedir empleados”.
Lejos de ser solo una postura para no perder votos “por derecha”, el senador de la UCR, Martín Lousteau, presentó un proyecto de ley. Flexibilizando el sistema de contratación, se libera a los empleadores de pagar este resarcimiento por despido, y esto hará que aumente la oferta laboral, razonan. Esta modificación en la Ley de Contratos de Trabajo propone un esquema similar al que rige para los trabajadores de la construcción en donde no hay indemnización por antigüedad sino un fondo de cese laboral. No queda claro de qué manera se generarían nuevos puestos de trabajo con una iniciativa como esta. Contrariamente, si pese a la doble indemnización se perdieron cientos de miles de empleos formales, es lógico pensar que con libertades para despedir aumenten las desvinculaciones.
Las crisis siempre son una oportunidad, dice un gastado refrán, puesto que invitan a cambiar. En los noventa, la crisis fue una “oportunidad” para “modernizar” el régimen laboral. Durante la convertibilidad se aplicaron una serie de cambios que redefinieron el mercado de trabajo. Así fue que se privatizó el sistema de prevención de accidentes de trabajo, se redujeron los aportes patronales a la seguridad social y las asignaciones familiares y se disminuyeron las indemnizaciones por despido. Estas políticas consolidaron la precarización e informalidad en el mercado de trabajo.
En aquel contexto también se señalaba a “la rigidez del mercado de trabajo” como principal problema de la oferta de empleo. Al igual que hoy, proponían a la flexibilización como solución posible frente al desempleo. En efecto, tras la desocupación que generaron las medidas aplicadas, la defensa de los puestos de trabajo pasó a ser la principal preocupación de los trabajadores; desplazando a la defensa del salario y las condiciones laborales. Por tanto no ocurrió otra cosa que depresión del salario real promedio con repercusiones en el mercado interno.
Como consecuencia de las reformas liberales, según precisa el economista e investigador Eduardo Basualdo, los recursos transferidos directa e indirectamente al sector privado (entre 1994 y 2000) fueron más de 50 mil millones de dólares. La anterior cifra deriva de la reducción de aportes patronales (que alivió a los empleadores del pago de USD16 mil millones), otras reducciones vinculadas al mercado de trabajo y la privatización de los aportes jubilatorios. Para sorpresa de nadie, mayor flexibilización significó mayor deterioro e inconsistencia del mercado laboral y la liquidez que se transfirió al sector privado no se tradujo en mayor inversión. Según estadísticas oficiales, los establecimientos fabriles se redujeron considerablemente y, consecuentemente, el empleo de la industria manufacturera también acompañó la retracción. En conclusión, la flexibilización no repercutió significativamente en el empleo y sí en el aumento de la pobreza e indigencia al finalizar la década de los noventa.
La elección del domingo puso sobre el tapete un debate económico que comienza a encenderse. La principal alianza opositora hace gala de su revival liberal. Mientras que, por otro lado, el oficialismo recalcula el rumbo económico tras la derrota electoral de las PASO.
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