El Máximo Tribunal de Justicia se para a la par de los demás poderes del Estado y le advierte sobre la pertinencia de sus acciones. Un fallo que choca de frente con la institucionalidad y concentra el poder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los riesgos de un nuevo golpe al federalismo.
Ed Impresa 07/05/2021
César Martín Pucheta
“Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”. Así cerraba el hilo de tuits con el que la vicepresidenta de la Nación, denunciaba una vez más el accionar de la Corte Suprema de Justicia contra los poderes democráticamente elegidos por el pueblo que tienen representación máxima en el Presidente.
“La Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar: ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para ministro de la Corte?”, había sentenciado Cristina Fernández luego de que el Máximo Tribunal decidiera firmar un fallo en el que, casi unánimemente (pero con ningún voto en contra) había considerado que Horacio Rodríguez Larreta había actuado correctamente cuando decidió desconocer el DNU presidencial que suspendió por 15 días la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Para Mariana Amaya Cáceres “se trata de una cuestión de política no judiciable”. “En nuestro país hoy se desconoce la preeminencia del estado federal, porque la pandemia no puede generar poderes jurídicos distintos, ni fuera de la ley fundamental. Estos deben ser ejercidos en el marco de la Constitución”, advierte a La Nueva Mañana. “Acá son claras las motivaciones políticas, no discutimos derecho sino como continuar instalando el lawfare. Porque es en el sistema judicial donde el poder político concentrado encontró permeabilidad para desplegar su proyecto”, asegura la profesora Derecho Procesal Constitucional.
La lectura que señala que lo hecho por la Corte responde a una intención por esmerilar el poder de acción del Gobierno nacional (y, de hecho, lo hace) parece ser la que empujó a los máximos referentes del Frente de Todos a cerrar filas y compartir un acto público el pasado miércoles en el partido bonaerense de Ensenada. Allí, Alberto Fernández afirmó que es momento de decir “basta” al tipo de accionar que la Justicia expuso el martes. “Paremos, ya han hecho mucho daño (…) Un juez puede postular un presidente y votarlo, lo que no puede hacer es favorecer con una sentencia a los candidatos que les gustan”, señaló el Presidente.
“Hay un DNU vigente que nadie ha cuestionado. ¿Por qué nadie lo cuestionó? ¿Por qué opinó sobre una norma que ya no estaba vigente? Si quieren elegir un candidato, vayan y voten, pero no usen las sentencias”, dijo Fernández a una Corte que también pareció cerrar sus lineamientos con la sentencia a favor de Horacio Rodríguez Larreta.
Con tres votos compuestos por argumentos jurídicos distintos, pero que llegan a la misma conclusión, el Máximo Tribunal terminó pronunciándose por una situación inexistente (el DNU impugnado por el Gobierno porteño venció el 30 de abril) y, según el propio Presidente, “le dio un título a los diarios”.
“Lo grave de la situación es que, al no haber caso, lo que la Corte hace es marcar una orientación hacia el futuro”, asegura el constitucionalista Gustavo Valdés. “En el caso de los fallos de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, el problema no es quién emite la norma (el Ejecutivo o el Legislativo) sino la propia norma. En esa posición de la Corte interpreta que se avasalla las facultades propias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”; algo que el mismo catedrático considera “contradictorio” ya que la facultad de determinar la presencialidad en las escuelas no sólo es una facultad de la administración porteña, sino una facultad concurrente del Estado nacional. “Considerando que estamos en una emergencia sanitaria, el DNU toma una decisión a los efectos de aligerar la situación del sistema sanitario”, algo que contempla a todo el país y no solo a la Ciudad Autónoma.
Vale recalcar que la Corte casi no menciona la situación sanitaria. Salvo en el momento en que (en el voto de Rosenkrantz puntualmente) se analiza la “razonabilidad” de la norma, juzgando el parámetro sanitario utilizado para llevar adelante la medida. Es decir, la Justicia se para a la par del Ejecutivo y decide qué corresponde hacer ante el avance de la pandemia en todo el país. “El fallo se alza contra la división de poderes porque termina legislando por encima de los órganos políticos, que son los encargados constitucionales de gobernar”, afirma Valdés.
En el punto máximo de todas las paradojas que tienen lugar en la Argentina, Mauricio Macri salió el miércoles en defensa del fallo de la Corte, el mismo que le dio la razón a su amigo y delfín político. Lo hizo al participar del foro “Defensa de la democracia en las Américas” en un hotel de Miami, en Estados Unidos. En ese mismo momento, en Córdoba, Alberto Ambrossio permanecía internado cursando un cuadro de coronavirus. Apenas 7 días atrás, ambos dirigentes habían estado reunidos en Potrerillo de Larreta, Alta Gracia, con toda la cúpula partidaria del PRO mediterráneo.
Nos olvidemos del aislamiento optativo del ex mandatario. En Estados Unidos, el líder del PRO aseguró que “no hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades, eso es inaceptable”, al apuntar a los DNU con restricciones que fueron rebatidos por la Corte.
A su entender, “queda claro que las democracias no mueren por un golpe de Estado”. “Ya no vemos un hecho abrupto, como los tanques saliendo a la calle, sino dirigentes que ganan una elección y desde a dentro del sistema empiezan a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, cercenar la libertad de expresión, atacar la independencia del Poder Judicial y proclamándose los defensores del pueblo para justificar todo todo tipo de atropellos”, sostuvo el dirigente opositor. O sea que, 24 horas después de que la Corte Suprema de la Nación dictamine en contra de una disposición nacional impuesta por el Presidente, que nunca fue cumplida por el gobierno que ostenta su partido en la principal ciudad de la Argentina, Macri insiste con la teoría del autogolpe y el debilitamiento institucional autoinfligido por quienes deberían ostentar la conducción del Estado por estas difíciles horas alrededor del mundo. Los hechos fácticos destrozan la teoría ni bien se imponen a su enunciación.
“De un saque y sin llamar a Constituyente, la Corte modificó con un fallo absurdo la Constitución y nos convirtió en una Confederación de Estados independientes”, reflexiona Graciela Treber advirtiendo sobre la prevalencia del poder de decisión porteño por sobre el resto de las cuestiones que evidencia la acordada del martes, que no fue firmada por Elena Highton, quien ya había sostenido que el caso no era competencia de la Corte, por la situación jurisdiccional de la Ciudad Autónoma.
Con la reforma constitucional de 1994, Buenos Aires consiguió alguna autonomía respecto a su política de gobierno, a partir del derecho de los porteños de elegir en elecciones quien gobierna la ciudad, que anteriormente era potestad constitucional del Presidente. Ahora bien, incluso en el fallo de Corte se pone de manifiesto que eso no equipara a la Ciudad con las provincias; aunque en su decisión elige privilegiar su autonomía sobre la toma de decisiones por sobre cualquier otro aspecto.
“La Corte se embrolla respecto a la competencia y las facultades del Estado nacional con respecto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando tendría que haber tomado una decisión privilegiando la defensa de los derechos humanos, la integridad física y el derecho a la vida. Esos son los derechos fundamentales que hacen a la posibilidad de ejercer todos los demás”, reflexiona Valdés.
En esa decisión política, la Corte Suprema decidió tomar una posición. Eligió. Las consecuencias de esa elección comenzarán a tener su impacto en el futuro inmediato. En la situación sanitaria, primero; en la situación política marcada por un año electoral teñido de discusiones de alto calibre; y en la realidad institucional que obligará al Gobierno a trabar acuerdos fuertes con los gobernadores que, ahora, tienen una carta blanca para desconocer los decretos presidenciales que desde hace más de un año buscan ponerle coto a una escalda de contagios que preocupa cada vez más.
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