El diario Perfil había publicado imágenes que activaron la voz de alerta en torno a su la preservación de material sensible en la causa. Desde la UFI advierten sobre presupuesto, gente y edificios.
País 18/01/2020
El fiscal de la Unidad Especial AMIA, Sebastián Basso, señaló este sábado que la preservación de los archivos de la causa que investiga el atentado terrorista va "por partes" debido a "una cuestión de presupuesto, de cantidad de gente y edificios", luego de que trascendiera el deplorable estado de conservación de parte de la prueba en un galpón de la AFI.
"La Unidad tiene un equipo especial para el tratamiento de estos archivos. Por una cuestión de presupuesto y de cantidad de gente y de edificios vamos por partes", sostuvo el integrante del Ministerio Público, quien mencionó que uno de los lugares de Inteligencia donde hay documentación está ubicado "en la calle Salta".
En diálogo con CNN Radio Argentina, el fiscal explicó que actualmente están "por terminar (de revisar y organizar) los archivos desclasificados que estaban en la sede de lo que era la SIDE en el (Palacio) Barolo".
En ese sentido, precisó que "está por terminarse el acondicionamiento" de la oficina del edificio ubicado en Avenida de Mayo 1370, "para llevarse cuanto antes los archivos que estén en las otras sedes para tenerlos todos juntos" en ese lugar. "Están todos a resguardo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)", remarcó el hombre que está a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA) junto a Santiago Eyherabide y Roberto Salum.
De esta manera, Basso se refirió al estado de conservación de pruebas del expediente, ya que días atrás el diario Perfil publicó imágenes del deplorable estado de preservación de más de 2.000 cajas con papeles y 5.000 escuchas en casette y videos en VHS que se encuentran arrumbadas en un galpón ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión del Ministerio de Capital Humano afecta a las delegaciones descentralizadas que la cartera tiene en funcionamiento en distintas provincias. En Córdoba la medida impacta en más de 50 puestos de trabajo.
Desde la Federación de Trabajadores de la Economía Social afirmaron que con estas medidas el Gobierno nacional busca “profundizar la estigmatización, la persecución y criminalización como modo de quebrar toda resistencia popular”.
El Gobierno decretó la intervención de la agencia de noticias Télam, RTA, TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporteTV y Contar, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministro. Sebastián Marías fue designado como interventor adjunto.
La causa investiga la contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández. El "broker" imputado está casado con una secretaria del ex presidente.
El vocero presidencial señaló este martes que el Gobierno "no iba a permitir que se desguace la Ley de Bases", que debió volver este martes a comisión, y advirtió que, hasta que se apruebe, el ajuste económico "será mayor" por lo que los gobernadores serán "los más afectados".
Ocurrió el 5 de marzo y fue denunciado ante la Policía y la Justicia. Los atacantes escribieron la sigla VLLC (Viva la Libertad Carajo) en una de las paredes de la casa de la víctima. “Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que la máxima autoridad del país expresa cotidianamente", repudió la red nacional de HIJOS.
El procedimiento en las localidades de Cosquín y Santa María de Punilla lo encabezó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Los detenidos son dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, acusados de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Cuando finalizan la tarea, los muchachos dicen que el costo es de 12.500 y no de 2.500 pesos, como habían asegurado. “Escuchó mal, usted. No nos vamos de acá hasta que nos pague”, amenazan.
La comunidad de la UNC marcha desde las 11 desde el Monumento a la Reforma hasta el Patio Olmos. Autoridades, trabajadoras y trabajadores y estudiantes confluyen en esta histórica medida de fuerza.
Participaron más de 70 mil personas entre autoridades de universidades locales, estudiantes, docentes, no docentes, gremios, organizaciones sociales, y referentes de todo el arco político, incluidos del gobierno provincial y municipal.
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
