La universidad gratuita es un seguro hecho política de Estado

Desde 1949, merced a un decreto firmado por el presidente Juan Domingo Perón, la educación universitaria argentina asumió la gratuidad y ya es una tradición educativa.

Ed Impresa 22/11/2019 Flavio Colazo
Domingo Ighina
Domingo Ighina es licenciado y doctor en Letras Modernas por la UNC. Profesor por concurso a cargo de la cátedra de Pensamiento Latinoamericanos de la FFyH.

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Especial para La Nueva Mañana

Domingo Ighina es licenciado y doctor en Letras Modernas por la UNC. Profesor por concurso a cargo de la cátedra de Pensamiento Latinoamericanos de la FFyH. Fue director de la Escuela de Letras (dependiente de la FFyH  de la UNC) por dos períodos. Es docente de posgrado en universidades argentinas y del exterior (Brasil y España). Especialista en temas de integración latinoamericana y en pensamiento nacional y popular americano. Director de investigaciones sobre muchedumbre y desborde en las literaturas del Cono Sur. Es también autor de varios libros, entre ellos destacan: La brasa bajo la ceniza y La fraternidad en el pensamiento de la integración latinoamericana. Acercó a La Nueva Mañana su punto de vista en cuanto al pasado, presente y futuro de la gratuidad universitaria.

El decreto de Perón

-¿Desde dónde se puede entender la gratuidad universitaria decretada por Perón?

-Desde la gratuidad de la enseñanza en general y dentro  del contexto de la transformación económica de la Argentina y su industrialización. La colaboración del Estado para con quienes desearan estudiar estaba en el Primer Plan Quinquenal de 1947. Juntamente con la creación de la Universidad Obrera Argentina y las becas para los estudiantes latinoamericanos apuntalaron la política de inclusión de los sectores me dios y populares en la universidad pensada por el peronismo.
 
-¿Qué tiene que ver este decreto con la constitución del año 1949?

-El ‘49 tiene dos grandes hitos institucionales: El discurso de Perón en el Congreso Internacional de Filosofía -”La comunidad organizada”- y la Constitución de ese año. En ella se atiende a los derechos sociales (de la niñez, de la ancianidad, etc.) El decreto va en ese sentido. También se fundó el Ministerio de Educación en reemplazo del de Justicia e Instrucción pública. 
 
-¿El decreto era más amplio que la ley de 1954?

-La Ley Universitaria del 54 reconoce la gratuidad, pero es muy cuestionada en las Universidades Nacionales (UUNN) porque relativiza la autonomía. En 1955 todo se desmanteló. Lo verificable es el aumento, desde 1950, de la matrícula universitaria. Desde entonces fue creciendo sin cesar -salvo entre 1976 y 1983- configurando una universidad de masas, conservando su calidad y prestigio.

Sectores afectados y población universitaria

-¿La reacción de la Iglesia y /o el mercado educativo?

- La discusión de laica o libre - intervención del confesionalismo y/o el mercado- se dio con las “democracias tuteladas” (Frondizi) Se vulneró indirectamente el principio de gratuidad e inclusión. Pero nunca afectó el proceso de expansión e inclusión de las UUNN. 
  
-¿Cómo se modificó la población académica con el ingreso a los claustros de un nuevo sector social? 

-Los efectos del decreto del 22/11/49 no se ven inmediatamente. Sí lo veremos desde el segundo lustro de los 50. Se pasó de un estudiantado ligado a las altas burguesías a otro que a fines los 60 coprotagonizó rebeldías y revueltas. Los trabajadores y los estudiantes comenzaron a ser  cada vez más cercanos entre sí por lazos sociales concretos. Algunos llegan a  ocupar cargos docentes en las UUNN e incluso a protagonizar experiencias novedosas como las “Cátedras Nacionales” de la UBA o el Taller Total en la FAUD en la U.N.C. También se dio paso a un docente e investigador cuyos principales trabajos y/o funciones es dar clases e investigar en las UUNN. La universidad pasó a ser uno de los espacios de disputas privilegiados en los años convulsos de la Argentina. Por eso la creación de universidades privadas y la dislocación de las UUNN tradicionales -como la Córdoba, Buenos Aires, La Plata, del Litoral- para crear algunas menores  -como la de Río Cuarto, Salta o Comahue- para mermar la masividad y su posible potencial de rebeldía. Se cerraron o persiguieron ciertas carreras en episodios especialmente trágicos -como bajo las dictaduras de Onganía y Videla. La gratuidad convulsionó a una universidad que se pensaba como un lugar donde la política era entre pocos y que generaba más prestigio que saberes. Por eso también la renuencia de recordar la fecha de 1949 para la historia universitaria. Ese 22 de noviembre se abrió la puerta a un sujeto cultural que impedirá que la universidad sea sobre todo el refugio de los mediocres, de las élites y prohombres de la “intelligentzia”.

Presente y futuro

-¿Por qué importa  sostener hoy por hoy la gratuidad?

-Porque la gratuidad permitió que entrara otro sujeto social a las UUNN: los hijos de la clase media y de algunos sectores obreros. Pero con la gratuidad sola no alcanza. En un Estado de justicia social y bienestar, con políticas proclives a la ampliación de derechos básicos, el decreto de Perón tiene una potencialidad ampliada; pero no en un marco de restricciones de derecho y de merma de la justicia social y el bienestar. Por eso en Argentina configura uno de los pilares fundacionales de esos valores. No es lo mismo la gratuidad en una sociedad que ha conseguido cierto estándar de derechos que en otras donde los derechos son más recientes. Por ejemplo la gratuidad del sistema de la UFF en Brasil, que encontró derechos fundamentales recién con los gobiernos de Lula. En Argentina la gratuidad universitaria se percibe como un “seguro” de las clases medias en cuanto al futuro de sus hijos y una posibilidad de mejora para los más postergados y se la asume como un valor adquirido. Es  fundamental explicar constantemente el mérito de la gratuidad para el beneficio del país y para los ciudadanos, quienes pueden obtener una formación de excelencia en instituciones públicas sin asumir un endeudamiento condenatorio como en Chile y/o Colombia, con una educación librada a leyes de mercado. Estos casos  demuestran que los arancelamientos no garantizan mayor calidad pero sí mayor elitización del saber.

 

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