Ocho años de prisión por trata laboral en un cortadero de ladrillos

El Tribunal ordenó el decomiso de bienes del acusado y dispuso el pago de una indemnización a cada una de las víctimas.

Córdoba 01/10/2019 Redacción La NUEVA Mañana Redacción La NUEVA Mañana
ladrilleros explotación malvinas argentinas by mpf
Los trabajadores vivían hacinados en construcciones precarias que carecían de puertas y ventanas. Foto: gentileza MPF

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Córdoba, integrado por la jueza María Noel Costa, condenó este martes a ocho años de prisión a Roberto Ángel Cabrera, al considerarlo autor del delito de trata de personas agravada y permanencia ilegal de 29 personas -algunas de ellas menores de edad- que eran explotadas laboralmente en un predio donde funcionaba un cortadero de ladrillo, en la localidad de Malvinas Argentinas.

El TOF hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal -representado en el juicio por la Fiscalía General N°2 a cargo de Carlos Gonella- en cuanto a la reparación económica de las víctimas. En este sentido, ordenó el decomiso de bienes que conforman el patrimonio del acusado, entre los que se encuentra la finca donde funcionaba el ladrillero, vehículos y dinero en efectivo (U$S 6.000 y $ 480.000).

Asimismo, dispuso el pago de una indemnización a cada una de las víctimas, estimada "prudencialmente" por el TOF en el valor del salario mínimo vital y móvil a la fecha y durante el período en que tuvo lugar la explotación de cada una de ellas.

El tribunal encuadró el delito bajo la figura de trata de personas agravada -por la pluralidad de víctimas, la existencia de menores de edad, el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación- y por la facilitación de la permanencia de extranjeros en situación migratoria irregular.

La causa había comenzado en 2013, tras una denuncia presentada por la Afip. El 7 de agosto de ese año se llevó adelante el allanamiento al predio, se rescató a hombres y mujeres, muchos de ellos de nacionalidad boliviana y menores de edad, que vivían en el mismo lugar en el que desarrollaban sus tareas.

En la instrucción de la causa, a cargo del fiscal Enrique Senestrari, se acreditó que los trabajadores, ninguno de ellos registrado, vivían hacinados en construcciones precarias que carecían de puertas y ventanas. Si bien algunas construcciones contaban con techos de chapa, en muchos casos apenas un nylon aislaba a las víctimas del exterior. 

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