Los bloques opositores que reclaman sesionar presumen que el año termine con una de las marcas de productividad legislativa más baja de la década. Sólo aseguran discutir el Presupuesto.
Ed Impresa 09/08/2019 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
Desde que se profundizó el año pasado la crisis económica, financiera y social el gobierno de Mauricio Macri decidió prácticamente paralizar el Congreso para evitar ceder a la oposición un escenario de discusión política de los grandes problemas que afectan a la sociedad argentina.
Muestra de ello fue que el año anterior por responsabilidad del oficialismo, que es quien tiene la llave, el Congreso, tuvo el triste récord de sancionar la menor cantidad de leyes y la menor cantidad de sesiones ordinarias desde el retorno a la democracia en 1983.
Además, en la segunda mitad de 2018 la Cámara de Diputados estuvo 120 días sin sesionar y otro tanto la de Senadores.
Este año el gobierno de Cambiemos repitió la fórmula con la excusa de la campaña electoral como telón de fondo y no fue la excepción la disminución del trabajo legislativo, lo que fue denunciado por los bloques opositores. En el primer semestre se sancionó la menor cantidad de leyes desde 2012. Apenas se aprobaron nueve normas, y se espera que el año termine con una de las marcas más bajas de la década.
Pero el dato no solo es desalentador, sino también llamativo si se lo compara con otro: el año con mayor cantidad de leyes sancionadas en el primer semestre (33 en total) fue 2015, ocasión en la que también hubo elecciones ejecutivas, según los datos que se desprenden de un informe realizado por la Fundación Directorio Legislativo.
Por otra parte, influyó en el trabajo legislativo el abuso del Poder Ejecutivo en el uso de decretos de necesidad y urgencia para modificar o reemplazar leyes durante los tres años y medio de gobierno.
En el primer semestre se sancionó la menor cantidad de leyes desde 2012.
En el Senado, fueron sancionadas la ley para prevenir el acoso callejero hacia las mujeres; la de economía del conocimiento, que incluye beneficios impositivos para el software y otras industrias; la que instituye la promesa de lealtad a la Constitución Nacional en las escuelas; y la que declara la emergencia económica para la producción de cítricos en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
En tanto, en Diputados, se sancionó la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos; otra sobre competencia judicial en los casos de narcomenudeo; y la prórroga por un año de la emergencia económica para la producción de peras y manzanas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
También se convirtieron en ley la creación de un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata de personas; y un convenio entre el Ministerio del Interior y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para la integración de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa.
El panorama no es alentador para la segunda mitad del año. Después de las PASO, la proximidad de las elecciones generales del 27 de octubre hace presumir que se caerá aún más la actividad parlamentaria.
Todo dependerá de la voluntad política para conseguir quórum, sesionar y de las posibilidades de llegar a consensos en plena campaña.
La prioridad del oficialismo será la sanción del Presupuesto 2020, el último de esta gestión, y podría ser ejecutado o cambiado por otra administración, si es que Cambiemos -ahora Juntos somos el Cambio- no logra la reelección de Mauricio Macri.
El 4 de julio pasado el Poder Ejecutivo envió un adelanto de presupuesto a la Cámara de Diputados, porque ya no cumplirá con la proyección de una inflación de 26,1% en diciembre de 2020, que fue prácticamente alcanzado en esta primera mitad del año.
Tampoco cumplirá los pronósticos de la actividad económica, para este 2019, el Poder Ejecutivo prevé una caída en torno al 0,8%, que el Fondo Monetario profundizó al 1,5%; mientras que para 2020 calcula un crecimiento del 3,5% del PBI mientras que el organismo internacional que tutela las cuentas públicas del país también estima que seguirá en caída.
Asimismo, el gobierno no podrá cumplir con la meta de déficit fiscal primario cero, a pesar del tremendo ajuste que sufrieron los argentinos, pero sí las cuentas públicas estarán comprometidas por el aumento de las partidas destinadas al pago de la deuda externa.
De esta manera, el gobierno deberá modificar las estimaciones ya presentadas cuando presente en setiembre el presupuesto para el año que viene.
En la Cámara baja también está pendiente de tratamiento la ley de góndolas, que obtuvo dictamen en mayo pero nunca llegó al recinto por las diferencias que todavía persisten entre los diputados. El dictamen de mayoría, que es el de la oposición, establece que una misma marca no podrá acaparar más del 30% de la góndola, como forma de combatir los abusos de posición dominante y permitir una mayor participación de las Pymes.
Otro proyecto que cuenta con dictamen es el juicio en ausencia, que Cambiemos decidió reflotar en el marco de los 25 años del atentado a la AMIA. La iniciativa permitiría juzgar -y eventualmente condenar- a los iraníes acusados del ataque contra la mutual judía, pero hay dudas respecto de su constitucionalidad.
También está listo para ser tratado en Diputados el proyecto que endurece las penas por el maltrato animal y contempla nuevas modalidades de este delito.
A las puertas de su tratamiento quedó la iniciativa de “ficha limpia”, que buscan que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos.
En el Senado está pendiente la designación de Marisa Graham como defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes y también está listo para ser tratado en el recinto un proyecto sobre traspaso de mando presidencial que regula el período de transición y establece que el presidente saliente termina en sus funciones a la hora 12 del día 10 de diciembre.
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